Una semana que promete ser intensa: por un lado, el Gobierno lanza este martes un nuevo canje del Boncer 2020 (deuda en pesos, para la cual el propio Alberto Fernández dijo que no habrá ninguna reestructuración) y, por el otro, difundirá su oferta a los acreedores que, según fuentes no oficiales, se concretará mañana miércoles.

En el Ministerio de Economía avanzaron los intercambios con bonistas en las últimas semanas, con la intención de acercar posiciones. En completo hermetismo trabajaron para concretar la oferta a los acreedores privados "en los próximos días", según palabras del presidente en una entrevista con Perfil del domingo, y remarcó que la propuesta tiene que ser tal "que se pueda cumplir y sostenible".

El intento de llegar a un acuerdo que busque mejorar el perfil de deuda no es un capricho: se trata del intento oficial por enmarcar dentro del esquema que plantea el Fondo Monetario Internacional en hacer sostenible la deuda pública argentina.

Avanzar con esta intención tiene dos posibilidades. Una es la más conocida: que una vez acordado el canje de deuda (en moneda extranjera, bajo ley extranjera) y se consiga que el perfil sea nuevamente "sostenible", entonces se avanzará en un nuevo programa con el FMI  para refinanciar la deuda con el organismo, con fuertes vencimientos en 2022 y 2023.

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¿Pero qué ocurriría si no es el caso y se llega a un default? Aún bajo estas circunstancias, y siempre y cuando el Gobierno argentino actúe de buena fe en la renegociación de la deuda, los parámetros establecidos delimitan que podría haber financiamiento excepcional para la Argentina.

La clave radica en lo que ocurrió en 2015: ese año hubo una modificación radical dentro del FMI. Mientras que hasta ese año el organismo no podía seguir prestando a un país que entraba en cesación de pagos, desde ese momento, dadas ciertas circunstancias, sí puede hacerlo.

La reforma política, adoptada a fines de 2015, permite al Fondo Monetario Internacional," en ciertas circunstancias cuidadosamente definidas, proporcionar financiamiento a un país incluso cuando tenga atrasos pendientes a los acreedores bilaterales oficiales", se detalla en la página del Fondo.

Tras haber avanzado con otorgar al gobierno de Mauricio Macri el préstamo más grande (desembolsado) en la historia del organismo por los u$s 57.000 millones (de los cuales el país recibió unos u$s 44.000 millones), el peso de la Argentina en la cartera del FMI es significativa: casi la mitad de los créditos se destinaron al stand-by pactado con el país en 2018.

Desde el punto de vista de los tenedores de bonos, el temor de un acuerdo de "standstill", que deje la situación de la deuda en donde está pero donde no se puedan iniciar acciones legales, sobrevoló con mayor intensidad.

El director de inversiones de Gramercy, uno de los grandes fondos que tienen deuda Argentina, Robert Koenigsberger, lo mencionó ayer en una entrevista en Bloomberg TV.

Mencionó que la Argentina podría completar la reestructuración con los acreedores privados dentro de un mes y que, un FLIRB (un bono que empieza pagando intereses por debajo de lo que convalida el mercado pero luego va creciendo" sería una opción "más inteligente" que se termine ejecutando un "standstill" en los pagos de deuda, dijo. "Hay un gran riesgo de implementación de un standstill", mencionó.

Los puntos entre los cuales el Gobierno y acreedores mantenían diferencias son sobre el período de gracia, la quita y el exit yield (tasa de descuento de salida del bono en el canje).