Ambas preguntas son mera especulación política de futuro, pero no por ello dejan de estar en el pensamiento del gobernador del primer estado argentino. En verdad, el cuestionamiento sobre la inseguridad vinculado directamente al gobernador sería si ha acertado con la política llevada adelante en el tema, aunque un crítico u opositor acérrimo podría preguntar: ¿Hay una política para combatir la inseguridad?.

La salida de Ricardo Casal del ministerio de Seguridad y la separación administrativa del mismo en Seguridad por un lado, y Justicia por el otro, descomprimió algunas cuestiones.

Por los propios dichos del hoy titular de Justicia se sabía que ya no quería seguir, que estaba cansado. Su figura estaba desgastada y precisamente el éxito en la gestión no lo había acompañado.

La llegada de Alejandro Granados como nuevo ministro de Seguridad ayudó mejorar el diálogo con los intendentes sobre el tema y a acordar el impulso de la policía municipal, en un proyecto donde massistas y oficialistas se disputan la autoría ideológica y práctica sobre el tema.

También se atribuye a Granados una cuestión que no se sabe si es buena o mala. Entabló diálogo directo con los jefes máximos y mandos medios de la policía, recostándose en sus decisiones.

Pero más allá de Granados, la pregunta vuelve: ¿Hay una política integral y de estado para combatir la inseguridad en la provincia que integre a todos los estamentos institucionales involucrados?

Hoy se sabe que aún cuando la inflación y los problemas económicos han ascendido terriblemente en las encuestas y consultas vinculadas a los problemas que más preocupan a los bonaerenses, la inseguridad sigue siendo la número uno y se mantiene al tope desde hace años.

Por estos días también llamó la atención que uno de los principales ideólogos y referente kirchnerista, el periodista Horacio Verbitsky, dedicara toda una editorial a destruir con cifras y estadísticas lo que Scioli y Granados intentaron presentar como el primer logro de la nueva gestión, el éxito del Operativo Sol.

Con el sugestivo título “El helado derretido, por qué Granados falsea los datos del Operativo Sol”, Verbistsky señala que el ministro de Seguridad dijo que el Operativo Sol había reducido los índices delictivos a la mitad en la costa atlántica y confirma que estas afirmaciones son desmentidas al menos por cuatro fuentes que dependen del propio ministro: la Central de Atención Telefónica de Emergencias 911 (CATE), las jefaturas departamentales de Mar del Plata y Pinamar, y la superintendencia de Evaluación de Información para la Prevención del Delito, que es el nombre actual de la inteligencia criminal de la policía bonaerense. Finalmente Verbistky abunda en cifras y detalles. La cuestión es: ¿La editorial de ese domingo 16 de febrero es para Granados o es un llamado de atención directo al gobernador Scioli ?.

Los primeros días de marzo se cumplirán seis meses de gestión de Granados al frente del ministerio, y las noticias de inseguridad siguen inundando los diarios. Los hechos recientes en distritos como Quilmes, Morón, Moreno o La Plata son solo el reflejo de una realidad extendida y aplastante.

Nadie pone en duda las buenas intenciones de Granados, pero la pregunta que la sociedad bonaerense se hace es hay una política contra la inseguridad. Y si la hubiera -y cuando decimos así nos referimos a la suma de medidas y acciones con un discurso claro y medios materiales y efectivos necesarios- los bonaerenses tolerarían mejor situaciones conflictivas delictivas sabiendo que hay un combate efectivo contra la inseguridad. Pero ahora esa sensación no se siente en la población.

Una propuesta que sobrevuela en más de un despacho oficial y opositor desde hace tiempo, según pudo saber REALPOLITIK, es la de desarrollar una política que combinen los esfuerzos entre la policía provincial, las futuras policías municipales y la seguridad privada. Sin descontar los eventuales aportes de las fuerzas nacionales como la gendarmería, que en este momento se están retirando de la provincia.

Para entender lo que significaría poner en línea dichos esfuerzos solo basta revisar el gasto total en seguridad durante el 2013. La provincia de Buenos Aires, a grandes números, destinó unos 14 mil millones de pesos. Si a ello se le suma lo que actualmente gastan los municipios en dependencias de seguridad locales, todavía sin la creación de la policía municipal, la suma da unos 600 millones de pesos.

En seguridad privada durante el 2013, para un total aproximado de sesenta mil hombres el cálculo asciende a siete mil quinientos millones, aunque debe considerarse que un 35 por ciento de esta suma corresponde a empresas y cooperativas no inscriptas ni registradas oficialmente.

La cifra total alcanza a unos veintiún mil seiscientos millones de pesos, cifra nada desdeñable si se lograra una política común entre los actores mencionados.

Claro que las policías municipales deberían funcionar correctamente, y la seguridad privada necesitaría un marco legal óptimo del cual hoy carece y dejar de ser la variable de ajuste por la que muchos sectores se aprovechan de estas empresas.

El cuadro descripto se completa con la triste conclusión que, finalmente los cinco mil gendarmes se retirarán pese al anuncio de Scioli en la asamblea legislativa. Una cosa es decir 2500 se van pero 2500 se quedan, y otra decir que 2500 se van pero 2500 se quedan hasta tanto sean reemplazados por policías nuevos egresados de las nuevas escuelas policiales y sin experiencia alguna.

El tiempo dirá como juega el tema de la inseguridad en la ya lanzada carrera de Scioli para la presidencia soñando con ser el heredero de la década kirchnerista.