El ex apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, Sergio Schoklender, como hizo con la Comuna capitalina al ofertar un ambicioso plan de obras destinado a construir viviendas en un precario asentamiento, repitió el ofrecimiento al Estado provincial. Mas precisamente a dos sectores con muchas necesidades edilicias como ser el Ministerio de Educación y el de Salud. Hasta allí llegaron carpetas que explicaban convenios para erigir en diferentes puntos de la geografía correntina, un total de doce hospitales de variada complejidad y quince escuelas.

Pero la idea quedó solamente en eso, en ciernes y nunca prosperó como sí ocurrió con la Municipalidad de Corrientes. “Creo que no estaba muy claro y ahora se ve por qué”, dijo una alta fuente de la cartera de Edcuación que prefirió el anonimato a la hora de confirmar la cuestión.

El 30 de junio de 2010 el ministro de Educación, Orlando Macció, acudió a Diputados invitado por legisladores para explicar cómo era la situación de ese entonces de las estructuras escolares, en ese marco el funcionario mencionó al pasar la idea presentada al Ministerio desde la Fundación dirigida por Hebe de Bonafini.

El dato pasó desapercibido ya que Macció en aquella oportunidad dio una pormenorizada y extensa disertación sobre lo proyectado por el Estado provincial en refacciones de establecimientos educativos.

Casi un año después y por esas ironías que tiene la vida el tema cobra relevancia tras las publicaciones hechas por época desde comienzos de semana, a lo que se suma la delicada situación judicial de Schoklender investigado por fraude al Estado nacional y evasión impositiva entre una larga lista de denuncias.

Se debe a que la financiación de los proyectos de obras llevados a todo el país por Madres son financiados con recursos nacionales, además de la llegada directa que tiene Bonafini con la presidente Cristina Fernández, vínculo del cual era uno más el ex apoderado de la Fundación ahora en el ojo de una tormenta judicial.

Con el Municipio de esta ciudad la Fundación sí avanzó varios casilleros más hasta detenerse en la firma de un convenio, rúbrica que nunca se produjo porque Sergio Schoklender de paso por Corrientes y luego de recorrer el asentamiento “La Chola”, decidió aumentar el número de casas a construir que figuraba en el proyecto -360-el ahora cuestionado abogado sugirió que sean 500 las viviendas y eso frenó todo. Hasta el Concejo Deliberante en una ejecutividad que no le caracteriza, trató y aprobó el expediente que contemplaba el proyecto.

El Concejo hoy pide informes del caso

Gabriel Romero, edil opositor y representante de Libres del Sur, movido por las publicaciones hechas desde este medio, en la sesión de hoy en el Concejo Deliberante presentará formalmente un pedido de informes al Ejecutivo comunal sobre lo actuado entre la Comuna y la Fundación Madres de Plaza de Mayo. El texto menciona además al ex apoderado Sergio Schoklender quien tuvo participación directa en el proyecto para construir 360 casas en el asentamiento “La Chola”: “Es oportuno teniendo en cuenta el legítimo interés particularmente de los vecinos del barrio Iberá -donde está ubicado el asentamiento- que estaban esperanzados en una solución habitacional en el marco de este acuerdo, solicitar se informe en qué etapa se encuentra el acuerdo suscripto entre la Fundación Madres de Plaza de Mayo y el Municipio de la Ciudad de Corrientes”, dice un párrafo de la solicitud que esta tarde tomará estado parlamentario.

Romero quiere saber además si tal emprendimiento continuará a pesar “de los hechos de conocimiento público”, refiriéndose a la complicada situación judicial del abogado que dirigía legalmente la entidad presidida por Hebe de Bonafini.

Idénticas presentaciones no tuvieron eco dentro del Concejo, por ejemplo, cuando algunos ediles quisieron saber la forma en que se financió la conmemoración de la ciudad en 2010.

Amplían investigación

Los avances en la investigación del vínculo político con los supuestos desmanejos de Sergio Schoklender no cesa. El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi solicitó ayer a autoridades de Misiones, Chaco y Santiago del Estero y a cinco municipios los contratos y antecedentes que firmaron con la Fundación Madres de Plaza de Mayo para la construcción de viviendas sociales.

El pedido fue realizado en la causa donde se investiga si hubo administración fraudulenta de los fondos otorgados por el Estado nacional a provincias y municipios en el marco del Plan Federal de Viviendas con la Fundación, informaron fuentes judiciales.

El juez también solicitó los contratos y antecedentes de las construcciones a las intendencias de Ezeiza, Tigre, Almirante Brown, Rosario y Bariloche.