Por: Gastón Rodríguez.

Prioridades: durante su primer discurso como gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro prometió más presencia policial en las calles “para recuperar la paz y la seguridad de nuestros vecinos”. Un día después, en lo que podría considerarse su primer acto de gobierno, Pullaro puso en funciones a los nuevos jefes policiales, y en las caras les dijo: “No los vamos a dejar solos, quiero que lo sepan. Vamos a presentar un proyecto de juicio por jurado para que si ustedes, ejerciendo el uso de la fuerza que el Estado y la ley les encomendó, tienen un enfrentamiento, que no terminen presos. Es ilógico, irracional».

Mientras el gobernador hablaba en su cabeza había un nombre –el de Luciano Nocelli– y un castigo injusto –la condena a 25 años de prisión por matar “en abuso de sus funciones” a una pareja de ladrones–, pensamientos, hay que decirlo, que mantiene desde la época –no tan lejana– en que era diputado provincial. “A los sicarios les dan diez años de cárcel y a un policía que actúa en cumplimiento del deber le aplican 25”, era la queja pública de entonces. Hoy, como máxima autoridad política de la provincia, Pullaro corre los límites y hasta se anima a plantear la posibilidad del indulto.

«Lo estamos estudiando. Yo lo siento y lo digo públicamente; no quiero hacer nada que no corresponda, pero le pedí al Fiscal de Estado, a la (Secretaria) Legal y Técnica de la provincia, así como al ministro de Gobierno, Fabián Bastía, que estudien en profundidad el tema. Porque siento y lo dije en la Asamblea Legislativa cuando juré como gobernador, que hubo muchos hechos que fueron injustos. Yo fui ministro de Seguridad y vi el estrés que vive un policía cuando, en cinco segundos, tiene un enfrentamiento y en el exceso de la legítima defensa, tal vez terminaba detenido unas horas. Imagínense si se trata de una condena de años. Por lo tanto, sí, lo estamos estudiando, pero no queremos generar ningún tipo de falsas expectativas. Si entendemos que es correcto, por supuesto que lo vamos a llevar adelante», declaró Pullaro el martes a la salida de la reunión de la Junta Provincial de Seguridad.

Fue la respuesta, positiva, al reclamo de familiares y amigos del policía Nocelli que aprovecharon el acto por Malvinas frente al Monumento a la Bandera para pedirle al gobernador que acelere el trámite del perdón a través de una carta entregada en mano al ministro de Justicia y Seguridad de la provincia, Pablo Cococcioni. “Actuó en defensa propia y en la de su compañero”, repetía la madre del agente condenado. Lejos de contradecirla, el ministro la abrazó emocionado.

El Chocobar santafesino

“Necesitamos una policía que no tenga miedo de actuar contra los delincuentes. No es que vamos a exonerar o a indultar o a conmutarle la pena a un policía que cometió un hecho de gatillo fácil o que mató a una persona. Acá se están evaluando algunos hechos de policías que tuvieron enfrentamientos, que los enfrentamientos están probados, y que no tenían ningún tipo de vínculo con el delito. Eso es lo que se está evaluando y lo decimos de frente; lo vamos a estudiar porque entendemos que es el momento también de dar esos mensajes”, insistió el mandatario en la puerta de la Casa de Gobierno, una vez finalizada la reunión con representantes de los tres poderes. En el caso del agente del Comando Radioeléctrico de Rosario Luciano Nocelli no fue una persona. Sino dos.

La noche del 21 de mayo del 2019, Nocelli mató a Jimena Gramajo, de 25 años, y a Maximiliano Rosasco, de 35, luego de que intentaran robar una cartera en el cruce de Buenos Aires y 27 de Febrero, en Rosario. Según la acusación del fiscal Adrián Spelta, hubo una persecución y un intercambio de disparos, que terminó con la pareja tendida en el asfalto. Después se supo que Nocelli disparó dos veces a la espalda de la mujer desde una distancia corta y que remató al hombre cuando ya estaba indefenso en el piso.

“Nocelli es el Chocobar santafesino”, dice María del Carmen Verdú, abogada y referente de la Coordinadora contra la Represión Institucional y Policial (CORREPI). “La pareja ya estaba herida, indefensa, y este policía aparece y los remata en el piso. Si hubiera hecho lo que correspondía, los dos estarían vivos y con una pena por tentativa de hurto, pero decidió matarlos porque actuó con abuso de sus funciones. Deberían haberlo condenado a perpetua”.

La abogada considera que el afán del gobernador por reivindicar policías es parte de un escenario general más grande y peligroso. “Está en sintonía con el proyecto de reforma del Código Penal anunciado días atrás por los ministros de Defensa, Luis Petri, y de Seguridad, Patricia Bullrich, que consagra la impunidad del gatillo fácil, ya que legitima el disparo por la espalda, a personas desarmadas o en fuga, y quita a las familias de las víctimas el derecho de intervenir como querellantes o particulares damnificados en las causas penales”.

Si Pullaro cumple su deseo de soltar uniformados, sería el primer gobernador en la historia de Santa Fe en hacer uso de esa herramienta legal. Para Verdú, sin embargo, “es absolutamente imposible porque la Constitución provincial en su artículo 72 inciso 16 prohíbe indultar a funcionarios o empleados públicos condenados por hechos cometidos en el ejercicio de sus funciones”.

Vínculos con el narcotráfico

Otro policía que el gobernador estaría analizando perdonar es Marcelo “Conejo” Gómez, ex jefe de la Unidad Regional II de Rosario que en diciembre de 2019 fue destituido e imputado por haber levantado custodias fijas de edificios judiciales que casualmente después fueron baleados para escarmentar el juzgamiento a los líderes de la banda narcocriminal Los Monos. En un juicio abreviado Gómez aceptó que fue suya la orden de retirar las custodias y lo justificó diciendo que necesitaba reforzar con más policías el operativo «Felices Fiestas», montado en las calles para garantizar la seguridad durante los festejos de fin de año. Fue condenado a un año de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial por dos años por el delito de abuso de autoridad, debiendo cumplir reglas de conducta durante el mismo plazo. Desde entonces quedó instalada la sospecha de sus vínculos con el narcotráfico. Gómez había escalado hasta la cúpula de la policía de Rosario por el padrinazgo del entonces ministro de Seguridad de la provincia, Maximiliano Pullaro.

El «modelo Bukele» replicado en las cárceles de la provincia

El lunes 11 de diciembre de 2023, a pocas horas de asumir como gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro dispuso la restitución de los pabellones de alto perfil para jefes narcos y sicarios en las unidades penitenciarias de toda la provincia y el inicio de los traslados de detenidos vinculados a causas de drogas y asesinatos por encargo.

Este sistema ya había sido implementado durante su gestión como ministro de Seguridad, pero fue discontinuado por el exgobernador Omar Perotti.

La reforma impuesta por Pullaro parece replicar el régimen del presidente de El Salvador, Nayid Bukele, promocionado como exitoso en su “guerra” contra las pandillas.

Luego del ataque a tiros contra dos micros que trasladaban a efectivos del Servicio Penitenciario de Santa Fe y en el que resultó herido uno de los agentes, se realizaron requisas sorpresivas en la cárcel de Piñero, incluso el gobierno santafecino difundió imágenes de los reclusos formados en filas sobre el piso que recordaron a las que llegaron desde las cárceles de El Salvador.

 

La amenaza «picante» del ministro de Seguridad

Según la imputación de la fiscal Paola Aguirre contra Marcelo “Conejo” Gómez, entonces jefe de la Unidad Regional II de Rosario y hoy uno de los posibles indultados por el gobernador Maximiliano Pullaro, el 13 de diciembre de 2019, en ejercicio de sus funciones, ordenó en forma verbal al entonces Jefe de la Agrupación Cuerpos de la Unidad Regional II Sergio Cantero, la reasignación del Personal de la Brigada de Orden Urbano (BOU) que estaba apostado en el Centro de Justicia Penal; la sede del Ministerio Público de la Acusación y el Colegio de Magistrados y Funcionarios. La orden emitida por el jefe policial llegó hasta los oídos del ministro de Seguridad provincial de aquella época, Marcelo Sain, quien no se demoró en mandarle un audio por WhatsApp a Gómez ordenándole que restituyera la custodia en forma inmediata porque si no lo hacía en una hora lo iba a denunciar penalmente, algo que finalmente ocurrió. Los audios entre el ministro y el jefe policial se hicieron públicos.

“Le aconsejo –comenzaba el ministro– que cumpla con su deber porque usted no tiene ninguna facultad para estar deliberando nada con nosotros, con la conducción política y policial, respecto de lo que tiene que ver y hacer para llevar adelante el cumplimiento de la seguridad de los rosarinos. Así que ya le ordeno que restituya eso, porque de lo contrario voy a ir para allá y la cosa se va a poner picante. Haga lo que tiene que hacer”.

La respuesta de Gómez fue escueta y en un tono que no delataba ninguna emoción: “Buenas noches ministro. Ya está establecido”.