Santa Cruz

Los legisladores santacruceños llevaron al seno del Parlamento Patagónico la resolución que aprobaron en la Cámara de Diputados por el Caso Sosa. Necesitaban la unanimidad de las provincias para poder tratarla. No la hubo por lo que no prosperó.

En referencia a la potencial presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Es una alternativa abierta y que hay que evaluar” aunque ratificó que así como lo plantea la Corte, el tema “no tiene solución”.

El vicepresidente de la Cámara de Diputados, Ricardo Alfonsín, afirmó ayer que el Gobierno ha generado “problemas de orden institucional” que podrían evitarse, como el planteado en Santa Cruz ante la negativa de acatar el fallo de la Corte Suprema de Justicia que ordenó reponer en su cargo al ex procurador Eduardo Sosa.

Durante una recorrida por la provincia de La Rioja, Alfonsín dijo que al Gobierno “le falta convicción republicana” y juzgó que también “tiene rasgos de autoritarismo”.

El jefe de Gabinete de la Nación, Anibal Fernández, se mostró a favor de una salida “política”, coincidiendo con el juez de la Corte Eugenio Zaffaroni. Consideró que esa “es la que planteó el gobernador a la Legislatura provincial”. Ricardo Gil Lavedra reconoció que, si bien el proyecto radical podría ser el que se apruebe en Diputados, si superase la barrera del Senado, “el veto es posible” y de ser así, no habría un “ejecutor” del fallo y el caso quedaría para los anaqueles de “una futura reforma constitucional” como dijo Zaffaroni.

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Estaría a cargo de Marta Yañez, quien esta semana “seguramente será citada en la audiencia pública que se desarrolle en el Congreso de la Nación y a partir de allí saldrá su nombramiento”, confirmó el senador Nicolás Fernández.