Los dichos del propio juez de la Corte, Eugenio Zaffaroni, en una entrevista al diario Página 12 abrieron esa posibilidad, al asegurar que su restitución depende de “una solución política” o se transformaría en letra para el “lápiz y papel” de los legisladores en “una futura reforma Constitucional”. Es decir que se encamina a ser un caso sin precedentes, emblemático pero sin resolución.

Ayer el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, se pronunció a favor de una “salida política” al conflicto en Santa Cruz por el desplazamiento del ex procurador Eduardo Sosa, a quien el gobernador Daniel Peralta se negó a reponer en su cargo pese a la orden de la Corte Suprema.

Fernández recordó lo dicho por el juez Zaffaroni y remarcó que “si lo dijo un ministro de la Corte, implicado en el tema, es porque la situación es compleja”.

Para el jefe de Gabinete, una “salida política es la que planteó el gobernador a la Legislatura” mediante un proyecto que propone que “este cargo de agente fiscal en dos, no se va el que está y el nuevo cargo que se crea serviría para resolver el tema de Sosa”.

“Eso ya se presentó y la Legislatura tomará sus decisiones per se y es lo que tiene que hacer”, afirmó Fernández en declaraciones radiales.

No obstante, volvió a criticar el fallo del máximo tribunal al señalar que “quieren reponer a un señor que se dice que fue mal desplazado y tiene intangibilidad en su cargo y para eso hay que desplazar de la misma manera al que hoy ocupa el cargo, que es tan intangible como el otro. Es una locura”. Insistió.

Precisamente, el propio gobernador, también se terminó volcando por esa visión, aunque recordó que el planteo del desdoblamiento del agente Fiscal fue rechazado por el Propio Sosa.

En el Congreso avanza la idea entre los diputados de apoyar el proyecto de la UCR que establece una suerte de intervención “acotada” a los efectos de que el Procurador nacional venga a la Provincia, y cumpla con el fallo de la Corte, en un plazo estipulado.

Pero para Peralta, el tema en la Cámara de Diputados se vuelve endeble, al sostener que “el esquema político que se ha planteado a partir de la decisión de la Corte ha mostrado algunas grietas en el mismo Congreso Nacional”.

En ese marco, calificó de “locura” y “barbaridad” la solución ensayada por la UCR, de una intervención acotada, y que sería hoy la que más adeptos esté ganando en el Congreso de la Nación, “eso es avasallar directamente la soberanía de la Justicia de Santa Cruz y el mismo Poder Judicial de Santa Cruz”. Hay que ver qué es lo que van a hacer ellos, porque creo que hay determinadas posiciones que no se van a poder modificar y que ahora la respuesta es política”, recalcó.

Recordó el gobernador las declaraciones de Elisa Carrió, quien dijo que “en tres meses se quiere obligar a dar una solución sobre Santa Cruz de algo que no se hizo durante quince años”. Para Peralta es un mensaje que eso lo diga “la más ferrea opositora” y sostuvo que “eso marca un camino” sobre el que “hay que trabajar, con mucho cuidado para evitar que Santa Cruz entre en un proceso que todos queremos evitar y a ninguno le conviene, que es la violencia tanto verbal o que se puede dar por otros motivos” y señaló que desde el gobierno “estamos haciendo equilibrio para que la provincia pueda seguir trabajando con tranquilidad y vamos a seguir en esa actitud”.

Por su parte, presente en Río Gallegos, el diputado Ricardo Gil Lavedra, defendió el proyecto, destacó la importancia de respetar los fallos de la Corte y la necesidad de que ningún gobierno pueda pensar que está por encima del máximo tribunal.

En la semana que comienza, habrá una reunión de bloques para definir el texto final del proyecto y después quedará ver si el mismo pueda llegar al recinto.

Si se aprobase, cosa que dudan, hasta los propios opositores, queda abierta luego, el accionar desde el Poder Ejecutivo toda vez que la norma, no deja de ser una ley normal, y por ende, susceptible a ser vetada. “El veto es muy posible” dijo el diputado constitucionalista.

Si la norma es vetada, el Congreso no podrá hacer cumplir el fallo de la Corte en forma taxativa, como lo pretende el máximo tribunal que ya reconoció que “per se” tampoco puede hacerlo.

Si esto ocurre, la pregunta que cabe es “cuál es el camino que seguiría?” Sobre esto, el silencio invadió a la mayor parte de los legisladores que este medio consultó. Lo que implica que, por el momento, no hay respuesta.