El Dr. Eduardo Víctor Lapenta analizó algunos aspectos, a los cuales consideró como "preocupantes", del Programa PRO.CRE.AR. Además, entre otras cosas, hizo alusión al debate que se ha producido en la ciudad en torno a este tema.

"Es una buena propuesta,pero con un defecto esencial"

"El Programa PRO.CRE.AR expresa la decisión política de construir viviendas para sectores medios de la sociedad. Es una buena propuesta, pero tiene un defecto esencial: se financia con fondos del ANSES. Utiliza el dinero que le sacan a los jubilados, la diferencia entre lo que cobran -generalmente 'la mínima'- y el derecho previsional que constitucionalmente les corresponde, expresado en un porcentaje móvil del salario en actividad. Ese es el reclamo en los juicios por reajuste jubilatorio contra el ANSES, que la Corte Suprema de Justicia ha declarado procedente en todos los casos", comenzó diciendo Lapenta en el inicio de la nota.

En Azul, "si esa diferencia promedio fuera de tan solo 700 pesos mensuales -es mayor-, multiplicada por unos 8500 jubilados del ANSES, en solo 10 meses suman el valor oficial del Barrio PRO.CRE.AR licitado: 60.000.000 de dólares. Y van muchos años que les sacan ese dinero".

Además, indicó el profesional, "los fondos de PRO.CRE.AR no retornarán al ANSES. La iniciativa aporta fondos de los jubilados mediante 'préstamos' que son subsidios encubiertos, porque la tasa de interés -2 al 10 por ciento- no compensa la inflación. Muchos abuelos se preguntan porqué, después de una vida de trabajo, los obligan a vivir de modo poco digno pidiendo ayuda a su familia, cuando son ellos quienes podrían ayudar a sus nietos si cobraran la jubilación completa. La respuesta es obvia, y tiene plazos electorales".

"No es progresismo"

Por otro lado, Lapenta manifestó que "los jóvenes de La Cámpora piensan que están haciendo la revolución o combatiendo al establishment, pero sacarle el dinero a los jubilados con la mínima para dárselo a las clases medias, no es progresismo. Hay que usar otro dinero. Ya sabemos cuál".

"Pero esto ya está, no se va a modificar mientras se mantengan las actuales mayorías legislativas. Y el Barrio ya está pago, por gentileza -obligada- de nuestros jubilados de Azul. No permitamos que José Inza, Diego Bossio, Daniel Scioli o Cristina Fernández, nos convenzan de otra cosa", resaltó.

"Este domingo aprovechen para agradecerles a sus abuelos y a los demás jubilados de la familia, porque con sus privaciones y padecimientos nos brindaron la oportunidad de que se construya un Barrio en Azul, de que haya adjudicatarios que tengan viviendas. Ahora hay que construir el Barrio, para recuperar algo de lo que le ya le sacaron de la jubilación, a nuestros padres o abuelos", resaltó el ex decano de la Facultad de Derecho.

"La improvisación del proyecto en Azul"

Asimismo, Lapenta destacó que "la improvisación del proyecto elaborado en Azul, en un sector inundable de la ciudad, fue impulsada por el funcionario municipal Arq. Claudio Mansilla, a espaldas de la comunidad. Creyó que le alcanzaba con dibujar un plano, en lugar de analizar las elementales cuestiones urbanísticas, es decir, hídricas, ambientales, sociales, presupuestarias, etcétera".

"La insistencia en construir el barrio en ese lugar. La descalificación de toda opinión adversa con la muletilla de que 'ponen palos en la rueda' o que 'defienden intereses' supuestamente oligárquicos. Así impiden el debate, y también la intervención de las instituciones intermedias de la comunidad, sabedoras de que podrán tener algún tipo de represalias", señaló el Dr. Lapenta. FOTO: NACHO CORREA

"Tres inundaciones durante el año 2012 impiden que alegue error o ignorancia, más bien se trata de desprecio por los saberes de los que carece. Los especialistas están demasiado cerca, la Dirección de Hidráulica municipal, el Instituto de Hidrología de Llanuras de la Universidad (alguien debiera explicarle que la Municipalidad lo creó y lo integra). Las fotos con el predio inundado muestran lo obvio. La respuesta de Claudio Mansilla fue, que él no sabía sobre aptitud hídrica, pero que la empresa adjudicataria -parte interesada en construir- haría los estudios para decidir si el lugar era apto para construir el Barrio. Basta mirar los pliegos para saber que esto también es falso", dijo.

"A espaldas de la comunidad"

"Hay un paralelismo con la actuación del ex Secretario Néstor Requelme, en su proyecto de tercerización del cobro de tasas municipales, que resultó un negociado denunciado en la Justicia. En ambos casos se actuó ocultamente, a espaldas a la comunidad y de los concejales, eludiendo el control del personal permanente de la comuna, y ambos parecen tener una confianza ilimitada en las empresas privadas para gastar el dinero público. Renunciar al control público, no es progresismo", expresó el abogado.

"Esperemos que, a diferencia de la concesión del cobro de tasas, el barrio se construya. El Intendente debería preguntarse por qué ocurre esto con sus funcionarios políticos y cuál es la responsabilidad que le corresponde", añadió.

"La muletilla de los palos en la rueda"

A su vez, Lapenta expuso que "numerosas personas individualmente, o agrupadas en colegios profesionales e instituciones, alzaron su voz para oponerse a la metodología autoritaria, la improvisación en el análisis de las consecuencias, la agravación del pasivo urbanístico, la supresión del espacio de esparcimiento público reservado para la ampliación del Parque Municipal, etcétera".

"La respuesta oficial no tardó en llegar. La insistencia en construir el barrio en ese lugar. La descalificación de toda opinión adversa con la muletilla de que 'ponen palos en la rueda' o que 'defienden intereses' supuestamente oligárquicos. Así impiden el debate, y también la intervención de las instituciones intermedias de la comunidad, sabedoras de que podrán tener algún tipo de represalias", señaló Lapenta.

"Un contexto tenso y confuso"

"El Intendente Municipal ha conminado a los funcionarios y empleados de la comuna, estableciendo la censura previa al prohibirles contestar preguntas a los medios de comunicación. Así reconocen que harán cosas ilegales, porque la estabilidad del empleado público -como la inamovilidad de los jueces- es una garantía constitucional predispuesta para que actúen conforme a la ley, en lugar de obedecer ciegamente al gobernante de turno. También se implementó un sistema de premios y castigos a los medios de comunicación, con la publicidad oficial, según su grado de alineamiento. Todo esto degrada la calidad de la democracia en nuestra ciudad", mencionó.

También, Lapenta consideró que "numerosas personas individualmente, o agrupadas en colegios profesionales e instituciones, alzaron su voz para oponerse a la metodología autoritaria, la improvisación en el análisis de las consecuencias, la agravación del pasivo urbanístico, la supresión del espacio de esparcimiento público reservado para la ampliación del Parque Municipal". FOTO: NACHO CORREA

"Desde otro lugar, aunque Diego Bossio no conteste la carta documento que le envié, no es difícil darse cuenta que no quiere cuestionamientos al programa PRO.CRE.AR. Y, después de lo ocurrido en La Plata, construir con plata de los jubilados casas en zona inundable, es una noticia nacional. No quiere el tema en el próximo programa de Lanata, y estará dispuesto a facilitar la relocalización", acotó.

"Esperemos que, a diferencia de la concesión del cobro de tasas, el barrio se construya. El Intendente debería preguntarse por qué ocurre esto con sus funcionarios políticos, y cuál es la responsabilidad que le corresponde"

En ese contexto, "tenso y confuso", Lapenta felicitó "a los miembros del Concejo Deliberante por aprobar la suspensión del llamado a licitación, hasta tener información adecuada a la gravedad de la decisión que se les requiere. Aunque esto parezca el deber de todo Concejal, en la situación antes señalada hay que tener valor e independencia de criterio para hacerlo, especialmente los ediles del bloque oficialista que así lo hicieron".

"La tozudez del Intendente"

Según Lapenta, "el problema es que la tozudez del Intendente impide la solución lógica, la relocalización del Barrio, invirtiendo el orden previsto en el proyecto. Licitando el Barrio en el denominado PRO.CRE.AR III, se podría comenzar a construir de inmediato. Así habría tiempo para debatir y realizar un proyecto urbanístico integral, que contemple la actual cancha de polo, el Parque Municipal y las restantes etapas del Barrio PRO.CRE.AR I y II".

"Suspender la licitación para realizar estudios sobre lo que ya sabemos: que el predio es inundable, es una forma de perder el tiempo. Y el tiempo apremia, porque es tiempo electoral, una oportunidad que no se repetirá. Con el dinero que pusieron los jubilados de Azul, construirán un barrio en otro lugar, posiblemente en el Conurbano", refirió el abogado.

De igual forma, Lapenta destacó que "el Intendente necesita límites para encauzar su gestión en beneficio común, y es esta la tarea constitucionalmente encomendada al Concejo Deliberante. Creo, sinceramente, que los Concejales deben sancionar una ordenanza aprobando la construcción del Barrio PRO.CRE.AR en las Quintas 159, 160 y 161, requiriendo al Intendente Municipal que adopte inmediatamente las acciones necesarias para que se continúe la licitación, y se comience la construcción del barrio antes del mes de agosto".

"Los lineamientos para la inclusión social"

Sobre el final de la nota, el ex decano de la Facultad de Derecho de Azul expuso que "los concejos deliberantes necesitan relegitimarse ante la comunidad como órgano legislativo, demostrando que son capaces de fijar los lineamientos para la inclusión social y el crecimiento sostenible de cada partido, cualquiera sea el Intendente electo. Esta integración de nuestro Concejo Deliberante ha hecho mucho, y puede dar más de sí. Por ejemplo, podría sancionar una ordenanza de información pública eficaz, limitar el número de funcionarios políticos en el ejecutivo, regular un régimen de ingreso y ascensos por concurso de los empleados municipales, implementar el presupuesto participativo, fijar pautas claras en la distribución de la publicidad oficial, etcétera".

Por último, Lapenta consideró que "el Centro de Estudios Constitucionales que dirijo puede aportar proyectos específicos, que prevean sanciones por incumplimiento, y una legitimación amplia para que cualquier persona -incluidos los concejales-, pueda accionar judicialmente, si fuera necesario".