Chvron impone condiciones a un Gobierno que actúa como empleado de las petroleras internacionales”, sentenció el senador radical Mario Cimadevilla tras conocerse los anexos reservados del acuerdo entre la empresa norteamericana e YPF.

Chevron condicionó la firma del acuerdo con YPF para la explotación del Yacimiento Vaca Muerta a la reforma de leyes federales y provinciales, y a la aprobación de nuevas normas, según la investigación de los periodistas Hugo Alconada Mon y Francisco Olivera del diario La Nación.

El convenio lo habilitó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner a través del Decreto 929/2013 por el que se crea Régimen de Promoción de Inversión para la explotación de hidrocarburos en el Yacimiento Vaca Muerta de la provincia del Neuquén.

“Rechazo las imposiciones que la empresa petrolera estadounidense Chevron le hizo al Gobierno Nacional para firmar un acuerdo de explotación del Yacimiento Vaca Muerta. Se delegaron facultades legislativas a una empresa norteamericana como la jurisdicción nacional en caso de conflicto, lo que resulta inaceptable”, continuó Cimadevilla.

“El relato de la década ganada es coherente. El kirchnerismo anuncia siempre pomposamente grandes logros en pos de nuestra soberanía, pero cuando transcurre el tiempo y se corre el telón… la trama, el desarrollo y el desenlace de la película pasan por un lado totalmente diferente. Ahora es el turno para estos acuerdos con Chevron”, indicó el legislador.

“Desde el radicalismo hace un año que venimos exigiéndole al Gobierno Nacional aclaraciones sobre esos contratos. La reticencia a brindarnos información nos generaba la sospecha de lo poco auspicioso que resultarían para el país esas negociaciones. Temor profundizado por el marco de confidencialidad requerido por la empresa y respetado a rajatabla desde el oficialismo”, resaltó Cimadevilla

“El tiempo nos dio la razón: Chevron impuso sus condiciones. Logró concesiones por un plazo no menor a los 35 años. Las regalías que las provincias podrán exigirle no deben superar el 12% y además quedarán eximidos de pagar impuestos por remitir dividendos al extranjero entre otras cuestiones”.

“La reforma a la Ley de Hidrocarburos que aprobó el oficialismo como lo dijimos durante su tratamiento, es vergonzosa”, sentenció el senador.

“Profundizaron lo hecho por Menem en los ´90. Así, Chevron y otras petroleras, como ya lo hacen PAE y Tecpetrol en Chubut, hacen y harán su negocio mientras la Argentina nuevamente dilapida el manejo soberano de la energía. Escenario propiciado por un Gobierno Nacional y por mandatarios provinciales que actuaron y actúan como empleados y gerentes de estas compañías en lugar de velar por los intereses del país”.

“A partir de diciembre de 2015 es nuestra responsabilidad revisar todas las concesiones petroleras otorgadas. Anularlas en caso de considerarlo necesario y darle a los futuros contratos en materia energética el marco regulatorio necesario, teniendo en cuenta que se trata de un recurso clave para el desarrollo del país”, concluyó el senador nacional por Chubut.

Condiciones y cesiones. Las responsabilidades de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner por la presunta delegación de facultades legislativas como la cesión de la jurisdicción nacional en caso de conflicto tanto a Nueva York como a París, y la habilitación del acuerdo Chevron-YPF a través del decreto 929/2013, se analiza en la justicia federal.

La denuncia fue impulsada por el diputado porteño Alejandro Bodart (MST) y el abogado ambientalista Enrique Viale por los presuntos delitos de abuso de autoridad, negociaciones incompatibles con la función pública y daño ambiental en grado de tentativa.

Si bien el acuerdo habría sido suscrito por el CEO de YPF, Miguel Galuccio quien permitió la maniobra fue la presidenta sin la intervención del Congreso, en una clara vulneración a la Constitución Nacional y Tratados Internacionales, explicaron a Perfil voces con acceso al expediente.

El costo de un futuro procesamiento contra la Presidenta en el final del mandato sería alto.

Tras un recurso de queja en contra de la decisión de la Cámara Federal que impulsó la investigación a cargo de la jueza María Romilda Servini de Cubría, la Sala II de la Cámara de Casación, integrada por Angela Ledesma, Alejandro Slokar y Pedro David, dirime si habilita o archiva la pesquisa que podría significar la “imputación penal” de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Según adelantaron fuentes judiciales a Perfil, la balanza judicial se inclinaría por la desestimación de la denuncia por dos votos contra la disidencia de David, al que el Gobierno pretende recusar.

Slokar y Ledesma votarían en consonancia con el kirchnerismo, pero ante un recurso extraordinario será la Corte Suprema, quien deberá dirimir la responsabilidad penal de Cristina Fernández de Kirchner, en pleno año electoral.

En tanto, voces críticas recuerdan que por mayoría, con la disidencia de Carlos Fayt la Corte levantó el embargo contra Chevron, que derivaba de otro que había sido dispuesto por la justicia de Ecuador sobre Chevron Corporation por un total de US$ 19 mil millones.