En Argentina, el derecho a la protesta está contemplado tanto en la Constitución Nacional como forma de libertad de expresión, dentro de los artículos 14 y 32, como en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en diversos tratados internacionales. 

Pero, para el bloque de Juntos por el Cambio nada de eso importa. Por eso, presentaron un proyecto de ley para encarcelar a manifestantes o piqueteros. En su texto, firmado por el diputado, cercano a la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, Gerardo Milman, se establece un mínimo de prisión por cualquier tipo de protesta. 

En su proyecto, Milman escribió que la pena para quienes realicen una marcha sea de hasta dos años de prisión. “Será reprimido con prisión de tres meses a dos años aquellas personas que formen parte de asociaciones u organizaciones sociales que, ejerciendo alguna clase de representación o recibiendo prestación económica por parte del Estado Nacional, cometan contravenciones o delitos en ocasión de manifestaciones públicas tales como la libre circulación de los ciudadanos o impedir desarrollar libremente su tarea productiva o comercial".

Si el objetivo de la medida es irrisorio, su argumentación lo es mucho más aún. En el escrito presentado por Milman se puede leer: “Desde la década de los noventa los planes sociales han constituido un recurso recurrentemente utilizado por el Estado para paliar el conflicto social, cooptando a los sectores populares”.

Y agrega: “Pero la relación del Estado con estos sectores nunca se da de manera directa, sino a partir de distintas mediaciones, entre las cuales se pueden mencionar las redes punteriles, las organizaciones de desocupados, ONG’s, etc.”. Enseguida, el diputado vincula al peronismo y al kirchnerismo con las protestas piqueteres: “Bajo el gobierno kirchnerista se consolidó una alianza perfecta, por un lado, aumentó la dependencia de las organizaciones respecto de los recursos económicos del estado; por otro, el peronismo en el poder buscó la manera de restituir los lazos con los sectores populares diluidos en la época menemista”.

En ese punto, asegura: “Para ello, orientó estratégicamente los planes dando origen a organizaciones de desocupados 'oficialistas', como el Movimiento de Trabajadores Desocupados Evita y a organizaciones barriales de pequeñas dimensiones que reproducen la lógica clientelar sobre las clases populares.

En otro punto, Milman denunció aunque sin agregar ningún tipo de pruebas: "El cobro del plan exige como contraprestación la realización de una tarea de asistir a las marchas y piquetes, ya que esto es una condición que establece el movimiento para recibir el plan. En el caso de sorprender a representantes o representados de estas asociaciones cometiendo un delito deberían retirarle su personería, sobre todo cuando impiden la circulación libre de un ciudadano, derecho garantizado por el Art. 81 de la Constitución Nacional donde indica que 'toda persona tiene derecho a circular libremente, salir, entrar y permanecer en el territorio nacional. Nadie puede ser obligado a mudar de domicilio o residencia, sino en los casos especiales y con los requisitos que la Ley señala'".

 Por último, Milman afirmó: “Es importante destacar, que el presente proyecto busca defender los derechos de los demás ciudadanos a la libre circulación, penar que las movilizaciones y manifestaciones callejeras sean utilizadas para actos vandálicos o el cometido de delitos”.

 El resto de los cofirmantes fueron Alejandro Finocchiaro, Alfredo Schiavoni, Pablo Torello, Francisco Sánchez, Alberto Asseff, Sofia Brambilla, Karina Bachey, Ana Clara Romero, Soher El Sukaria, Ingrid Jetter, Carlos Zapata, María Sotolano y Gustavo Hein.