Fuentes judiciales informaron que en forma unánime los jueces Liliana Catucci, Eduardo Riggi y Mariano Borinsky no hicieron lugar al pedido del Estado para ser tenidos como querellantes, lo que le permitiría ser parte de la causa y hasta impulsar medidas de prueba.

Los camaristas consideraron que otorgarle el rol de querella al Estado sería una "contradicción" ante eventuales indemnizaciones civiles que el mismo podría tener que soportar por parte de familiares de víctimas de la tragedia.

También se tuvo en cuenta que en la causa están imputados ex funcionarios, tales como los ex secretarios de transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, incluso este último lo era al momento del hecho y renunció tras las fuertes críticas de familiares.

Además, los jueces también valoraron que no está acreditado que el Estado, a través de la secretaría de Transporte, haya sido víctima a raíz del hecho.

Al mes del accidente, el juez federal Claudio Bonadío había aceptado al Estado como querellante, cuando aún no se habían definido los procesamientos, bajo el argumento que otorgarle ese rol al Gobierno "no es óbice para determinar y perseguir eventuales responsabilidades penales de sus funcionarios, que son personas físicas".

Pero un mes más tarde, la Sala II de la Cámara Federal revocó esa decisión y negó al Estado el rol de querellante. En la causa hay por cuatro grupos de querella que agrupan al conjunto de las víctimas.

La causa tiene 28 imputados a juicio, entre ellos también lo están los ex directivos de la firma TBA la entonces concesionaria del Mitre y Sarmiento, y el motorman de la formación Marcos Antonio Córdoba.

El expediente está en manos del Tribunal Oral Federal 2 que ya rápidamente comenzó a realizar los trámites para llevar cuanto antes la causa a juicio.