"La UCR de la Ciudad, democráticamente, elegirá a sus candidatos para las elecciones de este año", aseguró el titular de la UCR porteña, Carlos Mas Velez, al término de la reunión de la Convención partidaria que ratificó este jueves por la noche el llamado a elecciones para el próximo 3 de abril.

En la oportunidad los afiliados radicales elegirán candidato a Jefe de gobierno de la Ciudad, diputados nacionales, legisladores y delegados ante las juntas comunales. También autoridades partidarias nacionales, como delegados al Comité Nacional, convencionales nacionales y delegados al Comité Nacional de la JR.

La Convención Metropolitana que se reunió en la sede de Tucumán 1660, contó con la presencia de 127 convencionales. Con 80 votos favorables se ratificó la decisión que hace un mes había sido debatida y definida por la Mesa de Conducción del Comité porteño.

Mas Velez aseguró que "la UCR de la ciudad de Buenos Aires elegirá en las próximas semanas sus candidatos entre sus mejores hombres y mujeres y ofrecerá una propuesta alternativa seria, pero manteniendo su vocación de confluir en un frente progresista con fuerzas afines".

Además, el dirigente remarcó que "la Ciudad necesita una alternativa al escandaloso fracaso de la gestión de Mauricio Macri. Cuanto antes tengamos nuestros candidatos serán mejores las condiciones para contarle a los vecinos nuestro programa de gobierno".

Mas Velez confía "en que se construya una lista de unidad con los mejores hombres y mujeres que, a su vez, expresen el proceso de renovación en el que se encuentra el partido". "Bajo ningún aspecto podemos retroceder en el camino de recuperación del partido que iniciamos hace unos años", agregó.

Las listas de aspirantes se podrán presentar hasta el 18 de marzo a las 20 hs. ante el Tribunal Electoral permanente, que preside el ex diputado Ricardo Marcos.

Por otra parte, Mas Velez, el jefe de la bancada de diputados de la Unión Cívica Radical, Ricardo Gil Lavedra y la diputada porteña Silvana Giudici firmó un documento en donde expresa que "la discusión en torno al desalojo de las viviendas de Flores para mudar prioritariamente allí a familias en serio riesgo ambiental de la cuenca del Riachuelo muestra un nueva desinteligencia en la coordinación federal de la seguridad y cierta confusión de valores".

"Ya en campaña, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación se apresuró a resaltar que el asunto correspondía a la Ciudad, desligando al gobierno federal. Sin embargo, el Ministerio de Seguridad a cargo de Nilda Garré aceptó que concurría una competencia primaria de la ciudad junto a un indelegable deber de cooperación de la Nación y, simplemente, alegó que éste estaba satisfecho", expresan los radicales.

"La posición de Garré presenta, no obstante, zonas oscuras, pues inaugura un insólito regateo ante la orden de un juez federal. El Ministerio de Seguridad sólo obedeció a medias al juez, pidió la reconsideración de algunos puntos,y hasta puso en duda la pertinencia del desalojo, sobre la base de su propia y peculiar interpretación de los hechos, como una parte más del caso. Incluso, alegó que el desalojo de un grupo de ‘familias indefensas y necesitadas de vivienda' para permitir el asentamiento de otras, no era una solución razonable, ni sustentable", agrega la declaración radical.

Añade: "Los jueces no están exentos de errores, ni son inmunes a la necesaria crítica, pero está totalmente fuera de lugar que la policía, llamada a auxiliar a la Justicia, retacee su intervención. Insinuar, además, que el juez está equivocado, cuando sólo corresponde obedecer, ya es un tosco exabrupto. Actúa un juez federal y existe un caso Riachuelo, porque ninguna Administración asegura a los ribereños una vida sin podredumbre. Y en ese contexto, el intento policial por hacernos creer que el problema de la vivienda social se soluciona no obedeciendo al juez es sencillamente penoso".

"Nada impide, y mucho menos la orden del juez frente a un riesgo sanitario urgente, que la Nación dialogue con la Ciudad para garantizar viviendas dignas a todos, además de fútbol y milanesas. Y queremos creer también que no será el Ministerio de Seguridad o la policía quienes decidan en qué consistirá ese plan habitacional razonable y sustentable. Mientras tal plan no exista y el Riachuelo siga podrido, al menos obedezcamos las órdenes judiciales", concluyeron Gil Lavedra, Giudici y Mas Velez.