La quinta Marcha Federal Universitaria se moviliza este jueves al Congreso para exigir la aplicación "efectiva e inmediata" de la Ley de Financiamiento Universitario, la norma que el Parlamento ratificó cinco veces con dos tercios de los votos y que el Gobierno todavía no ejecuta. La convocatoria fue lanzada por estudiantes, docentes, no docentes y rectores de las universidades públicas, y a ella se sumaron sindicatos, organizaciones sociales y partidos opositores, mientras el presidente Javier Milei sigue su agenda en Washington.

La jornada llega después de un nuevo revés judicial para la Casa Rosada. El juez federal Martín Cormick fijó una multa de $100.000 diarios al jefe de Gabinete, Diego Santilli, por el incumplimiento sistemático de la cautelar que obliga a actualizar los salarios docentes y no docentes y a recomponer las becas estudiantiles. Son las llamadas "astreintes", sanciones económicas que se aplican por cada día de demora, y se dispusieron una vez vencido el plazo de cinco días que el Ejecutivo tenía para acreditar el cumplimiento: el juzgado entendió que las presentaciones oficiales no alcanzaron para demostrar que hubiera acatado la orden, y el monto podría modificarse o extenderse a otros funcionarios.

El escenario central será la Plaza de los Dos Congresos. Las primeras concentraciones en la Ciudad de Buenos Aires comenzarán a las 12:30, la convocatoria principal está prevista para las 13 en Plaza Houssay y a las 16 se leerá un documento conjunto frente al Palacio Legislativo. AGD-UBA y el SUTNA concentrarán a las 13:30 en Avenida de Mayo y Sáenz Peña, y habrá réplicas en Córdoba, Rosario y San Nicolás. 

A la protesta se sumarán la CGT, las dos CTA, la ATE, el Movimiento Derecho al Futuro de Axel Kicillof, La Cámpora, el Frente Renovador, el Movimiento Evita, la UTEP, Libres del Sur, sectores de la UCR no alineados con el Gobierno y el Frente de Izquierda. "En la Plaza de los Dos Congresos se va a expresar una agenda muy amplia de reclamos vinculada a la universidad, a las familias endeudadas, a la discapacidad y al DNU 70/23", anticipó Alejandro Gramajo, de la UTEP.

Organizaciones sociales, políticas, estudiantiles y docentes convergerán en el Congreso (Foto: NA).

El reclamo salarial es el eje del conflicto. Según AGD-UBA, el Gobierno "acumula una deuda salarial del 32%" con los docentes. "El cargo testigo que tenemos percibió en octubre un salario básico bruto de $561.659, cuando según la Ley de Financiamiento Universitario le corresponde haber cobrado $741.111", señaló Laura Carboni, secretaria general del gremio, que advirtió que la pérdida del poder adquisitivo destruye el ingreso de miles de docentes que sostienen las aulas y los laboratorios.

Tras el 1,9% de inflación de septiembre, los precios acumulan un alza de 344,15% desde el inicio de la gestión, mientras que los salarios docentes crecieron 236,6%. La ATE dispuso además un paro de 24 horas: "Tenemos que garantizar que las protestas se multipliquen en todo el país", sostuvo Rodolfo Aguiar, y el Gobierno confirmó que descontará el día a los empleados públicos nacionales que adhieran a la huelga.

La jornada coincidie con el intento de la oposición de abrir una sesión especial en Diputados con el rechazo del DNU 70/2023, la prórroga de la emergencia en discapacidad y proyectos sobre endeudamiento familiar. Los bloques necesitan reunir 129 diputados para habilitar el debate y en la Casa Rosada sostienen que todavía no cuentan con esos votos: trabajan con sus aliados para que el temario no avance.

En materia presupuestaria, el Ejecutivo admite la posibilidad de ampliar las partidas para 2027, pero rechaza los $11 billones que reclama el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y sostiene que cualquier incremento deberá respetar el equilibrio fiscal. La movilización de esta tarde busca justamente torcer esa negociación.