Los principales empresarios de la Argentina jugarán una carta fuerte en los próximos días. Si el cronograma que manejan no se altera, pasado mañana sus integrantes más influyentes comenzarán a discutir los términos de un pronunciamiento público por el que, días más tarde, condenarán en duros términos el avance de lo que denominan "el poder moyanista" sobre la justicia laboral, y plantearán la necesidad de que ésta mantenga su imparcialidad.

Aprovecharán para eso la invitación que recibieron para tomar parte del almuerzo que el Gobierno servirá en honor de la flamante presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, en el Palacio San Martín. Allí intercambiarán opiniones sobre el contenido que debería tener el comunicado.

Por lo pronto ya tienen definido que en él alertarán sobre las consecuencias que este tipo de designaciones "sectorizadas" -como las calificó ante La Nacion uno de los empresarios que está a cargo de la redacción del documento- pueden tener sobre la inversión.

No será casual: se trata de una variable muy sensible para un gobierno que, desde sus planteos teóricos, intenta combatir la escalada inflacionaria generando políticas que estimulen la oferta, en especial ahora que varios sectores productivos trabajan al límite de su capacidad instalada o cerca de él.

El texto del documento se daría a conocer 48 horas más tarde. Será al término de la reunión que los integrantes del denominado Grupo de los 6 (G6), el nucleamiento en el que conviven los representantes de las cámaras empresarialess más importantes del país, mantendrán en la sede que la Cámara Argentina de Comercio (CAC) tiene a pocos metros de la Casa Rosada.

Será la primera reacción del sector luego de que el Gobierno oficializara el pasado martes el ascenso a camaristas de una decena de jueces de primera instancia del fuero laboral, la mayoría de ellos, considerados estrechamente ligados al líder de la Confederación General del Trabajo (CGT) y del poderoso gremio camionero, Hugo Moyano.

Una lista sugestiva

La lista de designaciones incluye a Graciela Lucía Craig, segunda esposa del diputado nacional kirchnerista y abogado vinculado a Moyano, Héctor Recalde, y madre del gerente general de Aerolíneas Argentinas, Mariano Recalde. También está Diana Regina Cañal, una jueza a la que se considera muy ligada al gremio de los judiciales, que lidera Julio Piumato, y apoyo clave en el esquema de poder que el secretario general de la CGT armó en su momento para llegar a ese cargo.

Lo sugestivo es que Cañal, que había fracasado en varios concursos anteriores, tampoco había tenido "suerte" en el último examen (quedó 12°, lejos de cualquier terna). Pero los miembros kirchneristas del Consejo de la Magistratura le permitieron luego trepar al quinto lugar.

Los ascensos a jueces de Cámara fueron asignados a jueces de primera instancia: ocho de la Capital Federal y uno de Necochea. En el caso de Craig, que se desempeñaba como titular del juzgado 55, pasó a estar a cargo ahora de la Sala Sexta de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.

El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Héctor Méndez, dejó entrever ayer la inminente reacción empresarial. Fue en una entrevista radial en la que se le pedía explayarse sobre el comunicado que la entidad había emitido quejándose por el avance de las importaciones. Así fue como Méndez repitió su reclamo de "políticas públicas que promuevan los procesos de inversión", pero luego anticipó que esa central formalizará en los próximos días planteos "más políticos" que, pronosticó, "levantarán polvareda".

"Pedimos y hay cosas que suceden, que hemos analizado y también hemos dicho, y siguen el camino lamentable de una marcha que va en contra de los intereses de los sectores industriales", dijo Méndez, enigmático, simplemente porque la UIA busca que el resto de las entidades que se referencian el G6 (la Cámara de Comercio; la Bolsa; la Asociación de Bancos privados nacionales, la Cámara de la Construcción y la Sociedad Rural Argentina) suscriban el documento, de manera que no sea un reclamo acotado, sino que se asuma como un pedido "de todo el empresariado argentino".