Las pequeñas y medianas empresas de la Argentina deben cumplir con 62 obligaciones tributarias y formales por año, entre impuestos, tasas y regímenes de percepción, retención e información. 

Así lo mostró el Vademécum tributario argentino de PyMES 2026, elaborado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) junto con la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).

El relevamiento identificó 34 tributos distintos y 28 regímenes de percepción, retención e información que alcanzan a una pyme representativa a lo largo de un año.

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De los 34 tributos detectados, 16 corresponden al ámbito nacional. Entre ellos aparecen el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Impuesto a las Ganancias para sociedades, el Impuesto al Cheque, los derechos de importación y exportación y las contribuciones patronales.

En el nivel provincial, las empresas afrontan ocho tributos, encabezados por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB), el Impuesto Inmobiliario, el Impuesto Automotor y el Impuesto de Sellos.

A nivel municipal, el estudio contabilizó 10 tributos, entre los que sobresalen la Tasa por Inspección, Seguridad e Higiene (TISH), el Derecho de Publicidad y Propaganda y distintas tasas inmobiliarias y automotrices.

Menos tributos que un año atrás

El informe señaló que la cantidad de tributos aplicables bajó de 37 a 34 respecto del relevamiento anterior.

La reducción respondió a la eliminación de los impuestos internos que gravaban a los seguros y a la telefonía celular. También influyó la exclusión metodológica de la tasa por ocupación de espacios públicos, por tratarse de una carga vinculada a actividades específicas.

En paralelo, los regímenes de percepción, retención e información descendieron de 30 a 28.

Según precisó el trabajo, solo una de esas bajas implicó una reducción generalizada para las empresas: la eliminación del régimen asociado al Impuesto PAIS. El otro caso correspondió a un esquema exclusivo para el sector de escribanías.

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El IARAF y la CAC advirtieron que los 28 regímenes de percepción, retención e información generan dos problemas centrales para la competitividad empresarial.

El primero es el costo administrativo. Las compañías deben destinar recursos para cumplir con presentaciones periódicas y evitar sanciones por incumplimientos formales.

El segundo es la acumulación de saldos a favor. El informe remarcó que la multiplicación de retenciones y percepciones inmoviliza fondos de las empresas. Ante los procesos lentos y burocráticos para recuperar esos recursos, esa situación termina funcionando como un incremento efectivo de la carga tributaria.