Como una especie de alianza entre los dos ex jefes de Estado, Fernando de la Rúa benefició ayer al actual senador Carlos Menem al declarar durante el juicio por la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia. Lo hizo al relativizar la responsabilidad que tiene un presidente al momento de firmar los decretos.
El ex mandatario que no logró finalizar su gestión, comentó el recorrido que hace un decreto: “Se origina en el Ministerio respectivo con firma” y luego “llega a la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia”. Y recordó que en su corto mandato sólo firmó “un decreto de carácter secreto o reservado y era sobre una ampliación de presupuesto para la Secretaría de Inteligencia”.
El Tribunal quiso saber si siendo presidente le llegaba información de la política comercial y exportaciones de Fabricaciones Militares ante lo que De la Rúa aseveró: “No, no se me informaba de eso… uno sabe en general cómo está funcionando…”.
A su vez, diferenció “la responsabilidad política y la responsabilidad jurídica” de cualquier presidente en la firma de decretos y señaló que “la responsabilidad política siempre está”.
Durante su testimonio de 35 minutos ante el Tribunal Oral en lo Penal Económico Nº 3, De la Rúa explicó que “cuando un decreto llega a la firma del presidente ya está decantado y analizado. A mí me gustaba informarme de cada expediente, pero era una tarea imposible porque es algo que lleva mucho tiempo”. Y para justificar sus dichos, agregó que “uno de los momentos más difíciles del día en la toma de decisiones es cuando el Secretario Legal y Técnico se anuncia y viene con el volumen de decretos y otros documentos para la firma”.
Otro testigo de la defensa fue el ex secretario General de la Presidencia, Alberto Kohan, quien aclaró que en el período de la venta de armas (1991 y 1995), no integró el gobierno, aunque afirmó que los decretos se preparan “en la Secretaría Legal y Técnica” e insistió con que “no llega a la firma del presidente sin haber pasado por todas las instancias anteriores que hacen que sean válidas para la firma”.
A través de dos decretos secretos de 1991 y 1995, Menem dispuso la venta de armas a Panamá, Venezuela y Bolivia, pero los destinos finales del armamento fueron Ecuador y Croacia, países que tenían prohibido la comercialización de material bélico.
Este juicio comenzó en octubre de 2008 y junto a Carlos Menem están siendo juzgados el ex ministro de Defensa Oscar Camilión, el ex asesor presidencial Emir Yoma, los ex titulares de Fabricaciones Militares (FM) Edberto González de la Vega y Luis Sarlenga, el ex jefe de la Fuerza Aérea Juan Paulik, el ex titular de Fabricaciones Militares Luis Sarlenga y el presunto traficante de armas Diego Palleros, entre otros.
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