La Provincia custodia terrenos fiscales para evitar usurpaciones

Luego de varias ocupaciones, se tomó esta medida. Organizaciones piqueteras exigen que les entreguen predios que están sin uso para construir viviendas sociales.
Desde fines del año pasado, el Gobierno provincial decidió poner vigilancia policial en terrenos fiscales en la ciudad de Córdoba, por temor a que sean ocupados por familias carecientes que le reclaman al Estado tierras para construir viviendas sociales, mediante el mecanismo de cooperativas.

La medida fue tomada especialmente en la zona sur de la ciudad. Esto ocurrió luego de que se produjeran varias usurpaciones de predios que la Provincia adquirió para destinarlos a construir más de seis mil viviendas, que la Nación prometió financiar en la capital provincial.

La demora en el envío de fondos por parte del Gobierno nacional para concretar los planes habitacionales más la decisión política del kirchnerismo de canalizar recursos para levantar barrios sociales a través de organizaciones piqueteras oficialistas, enrareció el clima social en algunos barrios de la periferia.

En este contexto, la Provincia resolvió tomar precauciones. Luego de las ocupaciones en barrio Ampliación Ferreyra y Cabildo, desde la Casa de las Tejas advirtieron que era más complicado desalojar por la fuerza pública a las familias, que impedir el ingreso de los ocupantes a los terrenos.

Según fuentes de la Policía, no se destinó personal de manera exclusiva para custodiar los predios estatales, pero en el patrullaje de cada zona hay una orden específica de vigilar que no haya intentos de usurpaciones.

Aunque no hay una cifra precisa, según datos oficiales, hay alrededor de un centenar de predios que la Provincia posee en la ciudad de Córdoba, pero que no están “ociosos”, argumentan los funcionarios de la Casa de las Tejas.

Las organizaciones sociales, vienen reclamando tierras al Estado provincial para construir viviendas sociales, mediante el mecanismo de cooperativas. En realidad, estas agrupaciones reciben fondos del Estado nacional para solventar estas inversiones.

Reclamo piquetero

Las agrupaciones Túpac Amaru y Aníbal Verón son las que lideran el reclamo en la ciudad de Córdoba. Estas agrupaciones aseguran que no son kirchneristas, pero respaldan la decisión política de los Kirchner de destinar recursos a este tipo de ONG, en lugar de canalizarlos a través de empresas constructoras privadas, como es el mecanismo habitual para edificar viviendas financiadas por el Estado.

Pablo Montes, uno de los referentes de la agrupación Aníbal Verón, exige que la administración del gobernador Juan Schiaretti atienda el reclamos de los sectores más necesitados. “Hay una realidad y es que la Nación hace años que no envía fondos para viviendas. Pero la Provincia no se puede hacer la distraída y echarle toda la culpa al Gobierno nacional. Además, los planes habitacionales que impulsa el Gobierno provincial están destinados a la clase media. Nosotros sólo pedimos que nos entreguen tierras para poder levantar las casas con nuestro propio esfuerzo. No es cierto que falten terrenos, eso es lo que sobra. Falta la decisión política”, aseguró el referente piquetero.

La Túpac Amaru está construyendo un barrio de 80 viviendas sociales en barrio Villa El Libertador. Sergio Costigliolo, referente en Córdoba de esta organización –que a nivel nacional lidera la jujeña Milagro Sala– aseguró que el mecanismo del cooperativismo “merma de manera sustancial” el costo de las casas.

Por ejemplo, el Ministerio de Infraestructura Federal a cargo de Julio De Vido, destina 81.126 pesos por cada vivienda que se construye mediante las cooperativas. Mientras que en los planes que llevan adelante empresas privadas, las viviendas tienen un costo promedio de 120 mil pesos.

Es la cuenta que hizo el gobernador Schiaretti, cuando el jueves pasado aseguró que la Nación le debe a Córdoba 1.440 millones de pesos, teniendo en cuenta las 12 mil viviendas que prometió, promediando 120 mil pesos por cada unidad habitacional.

Versión oficial. Desde la Casa de las Tejas, el secretario General de la Gobernación, Ricardo Sosa, tiene otra versión y visión del problema. “Todos los terrenos que tiene la Provincia están adjudicados para levantar planes habitacionales. Tal es así que no tenemos tierra, que ahora que tomamos la decisión de construir 11 nuevas comisarías tuvimos que expropiar dos predios porque no contamos con lotes propios”.

Desde hace dos años, la Secretaría General está realizando un censo sobre las propiedades con las que cuenta la Provincia en la ciudad de Córdoba.

Según Sosa, “no existen terrenos ociosos” en ningún rincón de la ciudad. “Tres años atrás, la Provincia invirtió 50 millones de pesos para comprar los terrenos donde se van a levantar los planes habitacionales que se comprometió a financiar la Nación. Son más de seis mil viviendas en la ciudad de Córdoba. Esos terrenos están adjudicados y no podemos destinarlos a otro fin. Consideramos que, en algún momento, la Nación cumplirá con reactivar estos programas”, afirmó el funcionario schiarettista.

Desde el Ministerio de Desarrollo Social, el titular del área, Juan Carlos Massei, también salió al cruce del reclamo de las organizaciones piqueteras que exigen tierras para construir viviendas. “Desde el ministerio tratamos de atender los reclamos de la gente más necesitada, pero siempre les hemos dicho de manera muy clara que no contamos con fondos para hacer viviendas. No podemos prometer lo que no tenemos”.

El funcionario admitió que genera tensión que la Nación prometa recursos a las organizaciones piqueteras para levantar los barrios sociales. “La escasez de tierra es un problema en la ciudad de Córdoba. Pero nosotros nunca vamos a avalar que se usurpen predios, más allá de que es justa la intención de tener la casa propia. La usurpación es un delito. En la Capital, la Provincia no tiene terrenos sin un fin ya determinado. Si hoy están sin uso, es porque la Nación se demoró en enviar los fondos para construir los barrios”, afirmó Massei.

En la Casa de las Tejas tienen la esperanza de que antes de setiembre el Gobierno nacional relance los planes de viviendas, con lo cual caerá la demanda y la tensión de los reclamos de distintos sectores por tener la casa propia. Esta certeza está sustentada en un dato político: Néstor Kirchner necesita anunciar obras para alimentar su ilusión de convertirse en candidato presidencial por el oficialismo.

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