Exigen la captura de los represores Jorge Olivera y Gustavo De Marchi, los dos condenados por delitos de lesa humanidad que se fugaron el jueves del Hospital Militar Central, y el juicio a quienes facilitaron la fuga. Se movilizarán al juzgado.
Olivera y Gustavo De Marchi, condenados a prisión perpetua y 25 años de cárcel, respectivamente, el 4 de julio, se fugaron luego de conseguir una autorización para ser trasladados más de mil kilómetros hasta el penal de Marcos Paz, primero, y luego al Hospital Militar, donde trabajaba la psicóloga Marta Ravasi de Olivera, gestora del trámite. La fuga derivó en el pase a retiro de siete militares y a disponibilidad de los siete penitenciarios que participaron del traslado, además de una serie de medidas para impedir que procesados y/o condenados por delitos de lesa humanidad sigan siendo asistidos en unidades médicas de las Fuerzas Armadas.
Mientras el Estado ofrece una recompensa de dos millones de pesos a quien aporte información sobre los prófugos, los organismos locales marcharán para exigir a los tres poderes “medidas conducentes para recapturar a los prófugos” y la investigación y juicio a “los cómplices” de la fuga. Además “repudiamos las aberrantes declaraciones de apología del delito de fuga del abogado Eduardo San Emeterio”, defensor de genocidas, quien justificó la fuga en base a las edades y las penas recibidas por Olivera y De Marchi. “Convocamos a las organizaciones sociales, políticas, gremiales, estudiantiles y a la población”, sostiene el comunicado que también firman la APDH, Red por la Identidad, Programa de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de San Juan, Todos x Raúl, el Foro No a la Trata y el Observatorio de Derechos Humanos de San Juan.
“La marcha no es sólo para exigir que los recapturen sino también para que se investigue a la Justicia y a todos los partícipes y cómplices de la fuga”, explicó Martínez. “Olivera y De Marchi son prófugos reincidentes y el juzgado ni siquiera le informó al Tribunal Oral sobre el traslado”, explicó. “Un par de semanas antes de la sentencia corrió el rumor de una posible fuga, se reforzó la seguridad en el penal y en la sala. Con esos antecedentes, de represores que ya habían estado prófugos, no se pueden escapar, hubo una mano negra que los ha ayudado desde afuera”, agregó. El militante de H.I.J.O.S. dijo que otro reclamo será “que se tomen los recaudos para que víctimas y testigos no tengan problemas de seguridad”. “No queremos tener otro Julio López en San Juan”, dijo en referencia al testigo del juicio a Miguel Etchecolatz desaparecido en 2006. Consultado sobre la respuesta de la dirigencia política tras la fuga, destacó que la Subsecretaría de Derechos Humanos de San Juan presentó una denuncia para que se investigue la responsabilidad de los jueces Leopoldo Rago Gallo y Miguel Gálvez, en tanto no hubo pronunciamientos de los actuales candidatos en campaña.
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