Emiliano Giri es presidente del EMTUR,  tiene intereses en el balneario Mariano, otras áreas turísticas y municipales. Otro caso de zorro en el gallinero, en este caso por decisión política del intendente Carlos Fernando Arroyo. En ambos casos cobran de ambos lados del mostrador.

Estas demostraciones de controles laxos, terminan degenerándose, más allá de las cuestiones éticas y políticas, se mezclan cuestiones económicas, que han sido condenadas de antemano desde CAMBIEMOS, más precisamente del PRO. Macri y Moyano tienen acercamiento coyuntural, pero llegado el momento se abrirán de las complicaciones. La 9 de Julio tiene acumulados todos los méritos para una rescisión de contrato, sin embargo pugna por uno nuevo. Y hay papeles que no puede sacar, porque algo ha cambiado el 10 de diciembre, en la Casa Rosada, en La Plata, en la AFIP, en la ANSES  etc. etc.  Las reglas del juego son otras. En este correlato, se cree que Pulti lo durmió a Arroyo, con eso de la anuencia de la firma del contrato tras la adjudicación de una licitación pública trucha.

Las manifiestas irregularidades de la empresa 9 de Julio, no permiten la firma del contrato pese a la voluntad política de las autoridades. La magnitud de las mismas no permite sortear trámites de rigor para este tipo de contratos, que deben cumplir con obligaciones exigibles ante organismos provinciales y nacionales, como la AFIP, la ANSES, IPS e instituciones bancarias y compañías de seguros, que deben acatar normas de estricto cumplimiento.

Ya en la faz de licitación la 9 de Julio tuvo guiños de la comisión de adjudicación, pero no obstante los mismos, no fueron suficientes a la hora de exhibir la documentación respectiva, necesaria para la firma del contrato. Tiene relación directa con la nueva línea de conducción política en la Nación, la Provincia y la Municipalidad, para ser más prácticos no están ni Daniel Scioli ni Aníbal Fernández ni Gustavo Pulti.

Las deudas impositivas y previsionales de la 9 de Julio serían escollos insalvables, como así también la presentación de los certificados de capacidad técnica y financiera de la empresa, como queda a la vista de todo el mundo no puede afrontar el pago de las quincenas, retiene pero no deposita los aportes patronales y se le han caído acuerdos de importancia ante la AFIP.

Estas irregularidades no permiten que entidades bancarias y compañías de seguros, libren avales, pólizas  y/o cauciones, fundamentales para la firma de un contrato que en este caso estaría en el orden de los $ 500.000.000 y el plazo de duración del servicio se extiende a ocho años. Es el contrato máximo de servicios de la Municipalidad.

A esta altura de los acontecimientos, los elementos mínimos de cumplimiento son insalvables, y de allí, como recurso extremo el Sindicato de Camioneros pone en marcha su clásico manual extorsivo, que resultan un arma fundamental a la hora de apretar a las autoridades políticas y tomar como rehenes a los contribuyentes, que lo único que piden es que alguien junte la basura y proceda a la limpieza y barrido de calles.

Algo muy simple, cuál es la capacidad financiera de una empresa que no tiene poder financiero para liquidar una quincena. Cuál ha sido el cumplimiento de la actualización de unidades afectadas al servicio. Cuál es la relación de la empresa CIAGESER, quién la habilita al servicio público que presta. Es una subsidiaria de la 9 de Julio. Aldrey Iglesias participa en un 10 % del bruto de la recaudación por brindar protección periodística. Todo este combo ha decidido que los marplatenses sufran las consecuencias, de un servicio que directamente tiene que ver con un relajo, hasta por cuestiones de costos inflados, sobreprecios, etc. Acá hay otro problema están todos metidos, los integrantes de CAMBIEMOS y el propio Frente para la Victoria, pero ninguno puede escupir para arriba.