Sucedió que un empleado que llevaba 11 años en CLIBA, y militaba activamente en el Sindicato de Camioneros, murió esperando una ambulancia, víctima de un ACV. El servicio tardó 16 horas: si bien el enfermo ya había sido atendido en un hospital público de José C. Paz y luego en una clínica, necesitaba un tomógrafo abierto para realizarse un estudio preciso, ya que pesaba 160 kilos y sufría de obesidad mórbida.

Claro que durante ese lapso la familia se alarmó, y llamó a todos los sitios donde podía, a sabiendas de que ningún enfermo puede esperar tanto tiempo por un traslado.

Jésica González es hermana de Gustavo, el paciente fallecido, y el pasado miércoles declaró de forma exclusiva para la 99.9. Allí se explayó en un relato que resultó esclarecedor: no era cierto que estuviera esperando una ambulancia especial para el sobrepeso, y por lo tanto este problema estuviera relacionado con la situación médica del paciente. “Las ambulancias son las mismas de siempre”, fue la respuesta que el chofer le dio a la hermana cuando preguntó por la demora, “a nosotros nos avisaron hace 20 minutos”. Jésica les dijo que esto no podía ser, que su hermano estaba sufriendo desde hacía 16 horas. El conductor dio una repuesta que es una frase malograda y poco feliz, sin embargo común a tantos argentinos que creen que tienen una responsabilidad acotada sobre el dolor ajeno: “eso no es problema nuestro”.

¿De quién es entonces el problema?

“Somos gente de provincia” dijo Jésica, “no nos gustan los problemas”. A nadie le gustan los problemas: aquellos que han perdido un familiar en una camilla esperando un traslado, ya lo tienen.

El sistema de cobertura médica de los camioneros fue cuestionado por los otros familiares de Gustavo González: denunciaron que la falta de atención había causado la muerte. Pero esto no es lo único: hace un mes, la sala II de la Cámara Federal porteña complicó la situación de Hugo Moyano y de su esposa Liliana Zulet en la causa en la que se investiga a la obra social de los camioneros por cobrar tratamientos de alta complejidad, que se pagan con dinero del Estado. Los camaristas confirmaron los procesamientos que había dictado el juez Claudio Bonadío -uno de los dos jueces que investiga a Moyano- por el modo en que administraron los fondos públicos que recibió la obra social. Los procesados son el auditor médico de la obra social, Daniel Lombardero, que se ocupó de que se reintegrara dinero por remedios oncológicos con comprobantes falsos, y Hugo Solá, gerente de prestaciones de la administración de programas especiales (AP), que autorizó esos pagos.

También será juzgado Marcos Hendler, el dueño de Droguería Urbana, que vendía remedios a la obra social de Moyano.

El secretario general del gremio firmó todos los legajos que la obra social presentó en APE para cobrar los reintegros en 200 expedientes, que se habrían realizado con troqueles falsos. La mujer de Moyano era la gerenciadora de la obra social, y él la encabezaba.

Problema suyo

Liliana Esther Zulet tiene 51 años, y es la tercera esposa de Hugo Moyano. Administra empresas que en su mayoría prestan servicios al Sindicato de Camioneros y a su obra social OSCHOCA, que tiene a su disposición una caja de veinte millones de pesos anuales.

Pero hay además otra firma que gerencia los sanatorios de OSCHOCA. Es Iaray SA, administrada también por Zulet, y sus prestaciones médicas quedaron al descubierto tras la muerte de un afiliado por falta de atención.

Como se sabe, ella no es una debutante. Conoció a Moyano negociando la rescisión del contrato que ligaba a una vieja empresa suya, AMEL SA, con la obra social de los camioneros. Ella fue la que hizo juicio a Camioneros para cobrar una deuda, y Moyano la llamó por teléfono para intentar un arreglo extrajudicial. Fue entonces que, mágicamente, empezó la relación. Corría 2006, y Liliana Zulet ya era la titular de Conducir Salud, la antecesora de Iaray, firma administradora de la obra social que utilizan más de 700.000 camioneros afiliados.

Pero tampoco es nueva ante las acusaciones. Ya había quedado expuesta a las sospechas cuando la justicia suiza reclamó a sus pares argentinos, solicitando explicaciones por un presunto lavado de dinero de empresas vinculadas a Moyano-Zulet. Tras una denuncia de Graciela Ocaña, el juez Claudio Bonadío empezó a investigar la malversación de fondos, al sospechar que hubo reintegros de troqueles falsos por 400.000 pesos en el marco de lo que dio en llamarse el remediogate.

En Mar del Plata también arderá Troya, porque son muchos los trabajadores que se sienten rehenes de una situación injusta, y este semanario ya ha anticipado extensamente cuáles son los manejos que la hermana de Hugo Moyano, Irma Eva, había llevado a cabo en el sindicato. Tanto ella - eterna secretaria adjunta del sindicato - como su titular, Héctor Martínez, serán de seguro investigados por la justicia, ya que el senador provincial Santiago Nardelli y la ex ministra de Salud María Graciela Ocaña han decidido que hay pruebas suficientes como para que ellos mismos acompañen a los denunciantes de esta ciudad en su intento de poner en evidencia los manejos irregulares dentro de la obra social. Quienes iniciaron las gestiones son el secretario gremial Juan Carlos Robles, el pro tesorero Ramón Alderete, y demás afiliados.

Todos ellos aseguran que la Asociación Mutual de Camioneros de Mar del Plata intentó legalizar un accionar fraudulento que había llevado a cabo durante años, y convocó a sus afiliados a una asamblea el pasado 10 de diciembre, donde pretendía aprobar balances e inventarios de once años atrás. Es decir, con una reunión se pretendió que las revisiones de cuentas que no se habían hecho jamás pasaran sin pena ni gloria, con tal de que alguien pusiera una firma casi al descuido.

Claro que quedaron documentos. Porque la convocatoria había salido en el diario El Atlántico: el orden del día rezaba explícitamente que se buscaba aprobar memorias y balances de ejercicios cerrados, que iban desde 1998 hasta esa fecha de 2010. Y que allí se elegirían dos asambleístas para firmar el acta. Seguramente serían dos desprevenidos que confiarían en que este asunto sí era problema suyo, y la firmarían.

Pero existe la ley 20.321, que indica que en una organización de este tipo, las asambleas se realizan por lo menos una vez al año dentro de los cuatro meses posteriores a cada ejercicio, y en ellas se deberá considerar el balance general y la memoria presentada por el órgano directivo. Es decir que esos temas por los cuales se convocaba a una extraordinaria, debieron ser tratados en sendas asambleas ordinarias. Eso es responsabilidad de la comisión directiva, y esta inconducta puede tipificarse dentro de los delitos de defraudación por administración infiel.

De aquí que los denunciante solicitan que se investigue también a quienes tuvieron a su cargo el deber de supervisar a esta obra social, y no lo hicieron, como por ejemplo el INAES, que es quien debe verificar el cumplimiento de las obligaciones a las que están sujetas las asociaciones mutuales y las cooperativas. También la Dirección de Legitimaciones de Personas Jurídicas, que depende de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, debe verificar el debido cumplimiento por parte de asociaciones civiles y mutuales, sociedades comerciales y fundaciones, de los deberes generales que establecen las leyes.

Nadie sabe

Omitir rendir cuentas durante trece años obviamente tiene un fin que es el ocultamiento de presuntas maniobras irregulares en la administración de los bienes y fondos de la mutual.

Hay subsidios y sumas que se han perdido en el camino, así como un bono contribución de $500 o $1.000, que se les envió a las empresas para que hicieran un generoso aporte, cuyos fondos no se encuentran reflejados en la contabilidad de la mutual. Robles y Alderete lo denunciaron ante el INAES en 2010, pero no obtuvieron respuesta.

Además parece que la obra social ofrece servicios complementarios a través de una empresa privada, pero se trata de prestaciones que por ley estaría obligada a brindar a los afiliados a cambio de su aporte normal y corriente. Se trata de servicios que deben ser brindados obligatoriamente, y que aquí son vendidos como adicionales: por ejemplo, el médico a domicilio o el servicio de emergencias, que se encuentran incluidos en el Programa Médico Obligatorio, PMO.

Este programa detalla el conjunto de prestaciones esenciales que deben garantizar los agentes del seguro a sus beneficiarios, y que son de carácter obligatorio, ya que sus titulares no son meramente financiadores de un sistema sino responsables de la cobertura de salud de su población beneficiaria.

Pero para Camioneros, una ambulancia es un extra y se paga aparte. Esto genera una indebida duplicación de los ingresos, ya que la obra social recibe los aportes de ley para su funcionamiento: no debe cobrar por otro lado por un servicio que ya está garantizado.

A esto se agrega que la hermana de Moyano y su marido Juan Ruiz aparecen además en la denuncia como titulares de la firma Rojo Total, que tiene como objeto social todas las funciones que realiza también la mutual de Camioneros, y además comparte con aquella asociación la contadora, Miriam Mabel Zangrilli. Raro, muy raro.

Los ciudadanos del país deben saber que todo problema que atañe a un caso de corrupción es definitivamente problema suyo, problema propio, problema de todos. Y que muera un hombre esperando una ambulancia, más aún.

Será el momento de que la denuncia acompañada por Ocaña traspase los muros de tribunales para que nos enteremos de cuántas ambulancias no llegan jamás en Mar del Plata. ¿Y si se cobran aparte?