se acaba de presentar “el proyecto de intervención federal a Formosa por violación sistemática de los derechos humanos de pueblos originarios, especialmente de la comunidad Qom “La Primavera”. El polémico proyecto impulsado por Alonso está siendo acompañada por las diputadas Patricia Bullrich (UPT), María Luisa Storani (UCR), Cornelia Schmidt-Liermann, Gladys González y el diputado Pablo Tonelli (PRO).

El artículo 1 del documento presentado a la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados solicita que se disponga “la intervención federal a la provincia de Formosa en los términos de los artículos 6 y 75 inciso 31 de la Constitución nacional a fin de garantizar el régimen republicano y democrático de gobierno puesto en peligro debido a la grave violación de los derechos humanos de las comunidades indígenas y del artículo 75 inciso 17 de la Constitución nacional, por parte de los 3 poderes del gobierno provincial”.

El artículo 3 establece “la inmediata caducidad de los mandatos del gobernador y de los miembros de la Legislatura provincial, declarándose en comisión a los miembros del Poder Judicial”.

Según detalla el polémico proyecto, el plazo de intervención sería de 180 días (seis meses), “prorrogables por el Poder Ejecutivo nacional por un período similar” y en los fundamentos se afirma que desde “hace años el gobierno de la provincia de Formosa reprime de manera brutal a los integrantes de las comunidades indígenas que habitan en su territorio”.

“Las fuerzas provinciales que dependen del Ejecutivo se dedican fuertemente a reprimir a los indígenas, mientras que la Legislatura y los tribunales provinciales omiten todo tipo de actividad tendiente a remediar la grave situación. Los tres poderes provinciales –por acción u omisión- resultan directamente responsables de las muertes que han acaecido de miembros de las comunidades aborígenes”, sostiene otro párrafo del particular proyecto.

Antecedentes

Precisamente este miércoles, el titular de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, recibió al líder de la comunidad, Félix Díaz, y a representantes del gobierno formoseño en el marco de una audiencia de conciliación por el conflicto por 5.187 hectáreas donde vive el grupo indígena, 609 de las cuales quiere la provincia norteña para construir una universidad y otras 300 que ha reivindicado Parques Nacionales. Sin embargo Gildo Insfrán -que gobierna Formosa desde 1995- no asistió al encuentro.

La intervención federal es, sin lugar a dudas, una medida muy controvertida dado que suspende la autonomía de la provincia en cuestión. La Constitución Nacional de 1853 la estableció en el marco de las guerras civiles de la época, en el caso de que existiera una situación “extrema” donde las autoridades provinciales estuvieran amenazadas o hubieran sido depuestas por sedición interna o por la invasión de otra provincia. También la justifica para “garantir la forma republicana de gobierno y repeler invasiones exteriores”.

En la práctica distintos presidentes abusaron de esta herramienta contra los gobernadores provinciales opositores. El radical Hipólito Yrigoyen dio cátedra con sus numerosas intervenciones a las provincias dominadas por los conservadores. En la etapa democrática Carlos Menem también intervino Tucumán, Catamarca y Santiago el Estero. Fernando de la Rúa hizo lo propio con Corrientes. La última intervención federal fue en Santiago del Estero en 2004 bajo la presidencia de Néstor Kirchner, ante graves denuncias de corrupción y persecución política por parte del gobierno provincial.