La evolución que ha evidenciado la distribución de los recursos coparticipables desde 1998 a la fecha fue analizada por el economista y exdiputado provincial Jorge Nalvanti.

En un informe elaborado para El Tribuno de Jujuy, el especialista mencionó que en el año 1988 se sancionó una nueva Ley de Coparticipación Federal (ley 23548). Allí se definió que formarán parte de la masa coparticipable el producido de la recaudación de todos los impuestos existentes o a crearse, a excepción de los derechos de importación y exportación (Constitución Nacional artículo 4), los impuestos cuya distribución prevean otros sistemas especiales de coparticipación, y aquellos impuestos nacionales con afectación específica vigentes al momento de la promulgación (artículo 3 ley 23548).

También, establece la distribución primaria, que determina que el 42,34% será para la Nación y el 54,66 % para las provincias, un 2% para "el recupero del nivel relativo" entre Buenos Aires, Chubut, Neuquén y Santa Cruz, y, por último, el 1% para un Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las provincias, para atender causas de emergencias o desequilibrios financieros de los gobiernos provinciales.

El artículo 7 de la ley prevé que el piso a distribuir entre las provincias "no podrá ser inferior al 34% de la recaudación de los recursos tributarios nacionales de la administración central, tengan o no el carácter de distribuíbles por esta ley".

"Esta ley impuso con criterio, cierta justicia para los estados provinciales, ya que el porcentaje de distribución previsto (54,66%) fue el más alto en la historia. Podrá ser discutible que el prorrateo a las provincias no fue realizado por una fórmula polinónica que incluyera variantes científicas o criterios específicos objetivos, sino que fue producto de negociaciones entre las mismas provincias, pero, no obstante ello, se la puede considerar como una buena ley en general", sostuvo Nalvanti.

En ese sentido, destacó que la aplicación práctica de esta ley fue muy corta ya que con la asunción de Carlos Menem a la presidencia, se impuso una política de racionalidad del gasto público para lograr superávit fiscal. Para ello no se tuvo mejor idea de que las provincias ajustaran sus cuentas públicas, cosa que se iba a lograr echándole mano al régimen de coparticipación federal.

Una de las formas para encarar la disminución del gasto de la Nación fue descentralizar los servicios públicos que estaban a su cargo, sin la correspondiente asignación de la transferencia de los recursos económicos necesarios. Es así que salvo el sistema universitario, se transfirió la totalidad del sistema educativo especialmente las escuelas nacionales primarias y secundarias y el sistema de salud con todos los hospitales, obligando a las provincias a financiarlos con recursos coparticipables. También se apropió de recursos provinciales modificando la ley 23548".

Jorge Nalvanti puntualizó que en aquel momento "el estado nacional al reducir el presupuesto de la administración, privatizó las empresas públicas. Esto trajo aparejada una considerable desocupación de mano de obra, que tuvo que ser absorbida por las provincias y sus municipios".

"Todo esto fue negociado por los estados provinciales por medio de los famosos Pactos Fiscales, donde se prometían recursos nacionales que nunca se transfirieron y sin que las provincias o legisladores nacionales -a la sazón representantes ante el Estado nacional, de esas mismas provincias- alzaran la voz para evitar semejante apropiación de estos recursos", denunció.

Enfatizó que "lo más grave es que la distribución hoy no supera el 26%, a pesar del artículo 7 de la Ley 23548 que dice que "El monto a distribuir a las provincias, no podrá ser inferior al treinta y cuatro por ciento (34%) de la recaudación de los recursos tributarios nacionales de la Administración Central, tengan o no el carácter de distribuíbles por esta Ley".

Profundización del esquema

Jorge Nalvanti puso de relieve que tras el gobierno de Carlos Menem se profundizaron aún más los desequilibrios como consecuencia de una desacertada distribución de los fondos coparticipables que perjudicó notablemente a las provincias.

"Si lo que sucedió durante el gobierno de Menem fue grave, ya que les quitó autonomía económica a las provincias, además de sancionar una Constitución que les quitó su autonomía política, vemos que a partir del 2002 el Estado Nacional siguió avanzando sobre las provincias, hasta que con el advenimiento del gobierno de Néstor Kirchner se produjo una profundización del esquema de reasignación de recursos impositivos, siendo esto lapidario para las economías provinciales que siempre han pretendido un esquema equilibrado de distribución entre Nación-Provincias. Este presidente y la actual siguieron disminuyendo la coparticipación a las provincias (en la actualidad no llega al 26% contra el 54,66 % del año 1989), causando un gran daño a las administraciones provinciales y municipales que en muchos casos no pueden pagar los salarios si no es con ayuda del Gobierno Nacional. Como si eso fuera poco, además centralizó la administración de la obra pública, haciendo que se realicen solamente en aquellas provincias y municipios que le responden políticamente, con fondos que son enviados específicamente por la Nación", aseguró