Mientras se ensayan distintas medidas para contener los aumentos de precios, sobre todo de los alimentos, y con una inflación que corre al 7 por ciento mensual según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), los consumidores comprueban que cada vez tienen que hacer más malabares para poder llegar a fin de mes. Agotado, al parecer, el programa Precios Cuidados, en breve se pondrá en marcha Precios Justos, una iniciativa que, de acuerdo a la información proporcionada por la Secretaría de Comercio de la Nación, incluirá la obligación de las empresas de colocar el precio final en el paquete del producto. Con el objetivo de llegar a un acuerdo sobre algunos aspectos de la implementación de este nuevo programa, las autoridades nacionales mantienen reuniones con representantes de empresas formadoras de precios que representan el 65% del consumo masivo.

El mes pasado, el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, aseguró que "la obsesión del Gobierno nacional es trabajar todos los días para seguir recorriendo mes a mes la escalera descendente" del índice de inflación. Pero al mismo tiempo descartó la posibilidad de un congelamiento de precios. Como se podrá apreciar, el ministro enfrenta los mismos desafíos que pusieron a prueba a quienes lo precedieron en el cargo, tanto en la actual administración nacional como en las anteriores.

¿Cómo se baja una inflación que, medida a lo largo del año, podría llegar a estar cerca de los tres dígitos? La tarea no es sencilla. Hay una larga lista de ministros de Economía que, desde el regreso de la democracia, comprobaron que en la Argentina la suba constante de precios es un hueso muy duro de roer y que hay que ser más que alquimista para encontrar una fórmula que permita transformar esa realidad en un país que tiene "una economía de oligopolios, donde la formación de precios está en manos de unos pocos", según advirtió en marzo pasado la vocera presidencial. Tiene razón: solo tres empresas manejan el 91% de la facturación total de aceites; también son tres las empresas que concentran el 98% de la oferta de aguas y gaseosas; el 100% de la producción de los jugos en polvo están en manos de sólo dos compañías; mientras que el negocio del azúcar está en manos de tres grandes empresas.

En el caso de la leche una sola firma controla el 78% del mercado y en la harina, dos firmas acaparan el 82%. Esto es algo impensable, por ejemplo, en países como Estados Unidos donde existen leyes federales (ley Sherman anti trust de 1890 y la ley Clayton de 1914) que establecen fuertes multas y hasta penas de prisión para responsables de empresas a los que se les comprueben prácticas oligopólicas que alteran las reglas del libre mercado.

Así las cosas, a mediados de octubre (el mes que acaba de concluir) el área de Economías Regionales de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), elaboró un nuevo Índice de Precios en Origen y Destino (IPOD) que reveló que en septiembre los precios de los productos agropecuarios se incrementaron 3,4 veces desde que salieron del campo (origen) hasta que llegaron a la góndola (destino). Es decir, los consumidores pagaron $3,4 por cada $1 que recibieron los productores de los 24 agroalimentos que componen la canasta IPOD.

¿Son estos oligopolios los únicos responsables de la suba de precios? En materia de políticas económicas, afirman los que saben, no se puede pecar de optimismo panglosiano. Como se sabe, la inflación es un fenómeno multicausal, aunque también es cierto que como plantea el Centro de Economía Política Argentina en un informe que analiza el problema de la concentración en la cadena de comercialización: "la concentración no es su causa unívoca, pero sí puede ser un factor adicional muy determinante. No solo incide directamente en la formación del precio final que pagan las y los consumidores, sino que opera de manera indirecta sobre otros factores, como los márgenes de rentabilidad de los distintos eslabones de las cadenas productivas".