Las declaraciones de Funes se enmarcan en la información que se publicó ayer sobre que el FpV impulsaría que no asuman el 10 de diciembre los legisladores radicales que están siendo investigados en alguna causa judicial.

Funes dijo que “que en vez de hacer honor al sentido democrático de nuestra sociedad, que los llevó a ser Gobierno después de 28 años, hayan adoptado la decisión de iniciar una verdadera “caza de brujas” contra representantes el actual Poder Ejecutivo”.

“Más lamentable aún es que en el uso de las herramientas y mayorías legislativas que poseerá desde el 10 de diciembre, el FpV pretende sólo involucrar o generar acciones directas sobre representantes de nuestro Partido, “olvidándose” de la existencia de varios representantes del Frente para la Victoria que se encuentran en similar situación en lo que a la Justicia se refiere, con causas abiertas en la Justicia, algunos imputados, otros procesados y otros con juicios en marcha, pero poco se oye de esos casos”, agregó.

El intendente de Chimpay comentó que entonces, vale preguntarse: ¿se medirá con la misma vara a los representantes electos del Radicalismo respecto de los del Frente para la Victoria?

“El caso más emblemático, si se quiere es el del propio gobernador electo, Carlos Soria, quien se encuentra imputado en al causa por el encubrimiento a la investigación trucha del juez Galeano en la causa AMIA, cuando integró la comisión Bicameral del seguimiento de los atentados contra las sedes judías en Argentina”, describió.

“En tanto, también se encuentra imputado el legislador electo Carlos Vazzana, por la investigación sobre una supuesta defraudación a la comuna de Villa Regina. Precisamente, en esa misma causa, el intendente de Villa Regina, Luis Albrieu, tiene pendiente un pedido de desafuero en el marco de la investigación que pesa sobre él y sus colaboradores por el delito de defraudación contra fondos de la Comuna por adjudicar una obra a una empresa de su ciudad, donde la diferencia entre el presupuesto y la oferta del único oferente era casi un 1.3 millones de más. Tanto Albrieu como Vazzana se ampararon en sus fueros para evitar comparecer ante la Justicia”, continuó.

“Más grave aún - continuó - es la situación del intendente electo de San Carlos de Bariloche, Omar Goye, quien se encuentra procesado en la causa ARBOS, en la que la Justicia Federal investiga por una presunta estafa de dos millones de dólares”.

“A esta lista se debe sumar también al reelecto intendente de Mainqué, Miguel Patricio, actualmente en juicio desde el 2009por los delitos de “abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública, amenazas y peculado”. A pesar de ello, luego de 15 de meses de juicio, el Superior Tribunal de Justicia debió pedir el desafuero del Intendente, decisión de la cual depende que el proceso penal siga adelante o quede en la nada”.

“No podemos permitir que se siga menoscabando la figura de nuestros representantes, pero por sobre todas las cosas, queremos llevarle la verdad a todos los rionegrinos, esa verdad que muchas veces se da a conocer a medias”, finalizó el comunicado de Funes.