Por Juan Rubinacci

"Yo también puedo cerrar los accesos y los puertos", aseguró el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, en una entrevista radial en la que advirtió que, pese a no ser ese el camino que desea tomar por el bien de una república federal como la Argentina, es Javier Milei el que “invita a hacer lo que quieras o lo que puedas”. ¿Qué escenario económico y comercial le depararía al país con el cierre de los puertos bonaerenses?

 

Aunque lo dijo en modo retórico, Kicillof intentó mostrar que, si siguiera el camino del gobernador de Chubut, Ignacio Torres, quien en guerra con el presidente Milei amenaza con no sacar el petróleo de esa provincia, podría poner en jaque al sistema de producción nacional.

El mandatario bonaerense tiene a su cargo la conducción de los ocho puertos públicos: Bahía Blanca, Quequén, Mar del Plata, La Plata, Dock sud, Olivos, San Pedro y San Nicolás.

 

 

Todos son conducidos por consorcios de gestión, autónomos e integrados por todos los sectores que operan en cada base (empresas, gremios, representantes municipales), aunque conducidos por un presidente que es designado por el gobernador. Es decir, este tiene la potestad de "no dar giro a los buques" –algo así como que la torre de control no diera pista a un avión en un aeropuerto- y bloquear o cesar las actividades.

#BuenosAires | Jimena López, alfil de Massa, será designada por Kicillof al frente de la terminal de Quequén

El poderoso consorcio de gestión, trampolín para 2027

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— LETRA P (@Letra_P) January 26, 2024La Plata, una terminal clave

Si el gobernador decidiera pausar la actividad en el Puerto La Plata, se cortaría la distribución del 60% del combustible que se consume en la Argentina. Por año, más de 400 barcos con esa producción parten desde la capital de la provincia de Buenos Aires a diversos puntos del país, por lo que YPF debería buscar una alternativa terrestre para reemplazar la distribución.

El impacto también sería brutal con el agro, la industria, la generación eléctrica y el carbón de coque, el combustible sólido usado para la fabricación de aceros. Ese carbón es enviado desde La Plata a Puerto Madryn para producir aluminio, con lo cual Aluar, la compañía de capitales nacionales que los fabrica, debería importar ese insumo.

Si lo mismo ocurriera en el puerto de Bahía Blanca, no podría ingresar a la destilería de Ensenada el petróleo que llega vía oleoducto desde el sur bonaerense.

Tampoco se completarían el resto de los buques provenientes de Santa Fe con granos agroindustriales que llegan a Bahía con la mitad de sus cargas debido a la poca profundidad que tiene el Río Paraná para transportarlos llenos. En ese puerto y en el de Quequén, se cargan las 35 mil toneladas que le faltan para dejarlos a tope. La alternativa sería que fueran hasta Montevideo.

De Bahía Blanca también se trasladan fertilizantes al puerto de San Nicolás, el principal operador de esa materia. De no recibirlos, el puerto del norte bonaerense debería operar con otras provincias, lo cual generaría una –otra- severa dificultad.

En síntesis, la decisión de cerrar las fronteras provinciales sería sinónimo, no sólo de disolución nacional, sino de caos productivo, económico y comercial.