A propósito de la reglamentación de la Ley Nacional de Identidad de Género 26.743, desde el Frente para la Victoria le reclamaron al Jefe de Gobierno adecuarse al marco normativo aprobado por el Congreso que facilita a la comunidad trans las prestaciones médicas requeridas.

“Con este decreto de la Presidenta de la Nación ya no hay excusas. Las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las obras sociales y las empresas de medicina de prepaga deben cumplir” aseguró en un documento la diputada porteña del FpV María Rachid.

La también secretaria de la Mesa Nacional por la Igualdad centró su pedido al gobierno de Mauricio Macri y recordó que la ley 26.743 fue “votada por todos los sectores políticos en el Congreso de la Nación”.

Por el decreto 903/2015, CFK reglamentó el 20 de mayo la norma que implica un gran paso en el acceso a las prestaciones médicas. Por caso, la norma establece en su artículo 11, “que pueden acceder a las intervenciones quirúrgicas totales y parciales y/o tratamientos integrales hormonales, todas las personas mayores de edad sin requerir autorización judicial o administrativa”.

Al mismo tiempo, la ley fija que las prestaciones deben estar incluidas “en el Programa Médico Obligatorio (PMO) y asimismo, que los servicios de salud del sistema público, de la seguridad social de salud y de los sistemas privados las incorporarán a sus coberturas, garantizando en forma permanente los derechos reconocidos”.

En este marco, en el decreto de reglamentación determina que se entiende por intervenciones quirúrgicas totales y parciales “a las cirugías que ayuden a adecuar el cuerpo a la identidad de género autopercibida” y establece que el Ministerio de Salud de la Nación debe coordinar con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  la “preparación de los servicios en establecimientos sanitarios públicos” para cumplir con los objetivos de la ley.

A su vez, también debe haber una coordinación entre Nación y Ciudad y las Provincias para implementar “un programa de capacitación, actualización y sensibilización para los profesionales de la salud del sub sector público, a fin de poder dar respuesta al abordaje integral de la salud y a las intervenciones y tratamientos”.

“Este decreto constituye un paso fundamental, uno de los pocos pendientes para el completo reconocimiento de nuestros derechos en la legislación argentina”, resaltó Rachid.