El conflicto de los trabajadores cobró protagonismo durante la sesión realizada ayer. La oposición apoyó el reclamo y aseguró que se ponía en riesgo la autonomía del órgano deliberativo
El concejal de la Unión Cívica radical Nicolás Maiorano fue el primero en referirse al conflicto que mantuvo paralizada la actividad legislativa durante varios días. Responsabilizó directamente al Gobierno local -especialmente en la figura del intendente Gustavo Pulti y Santiago Bonifatti, titular de la Oficina para la Descentralización-, en el marco de su política de personal.
“No quiero hablar de presiones, pero fue la actitud del Ejecutivo lo que llevó al Cuerpo a tomar una decisión inconsulta, por lo menos en su etapa final”, señaló. Acto seguido, añadió: “Todos sabemos hasta donde llegó Pulti para que este problema en el Concejo sea una realidad”.
Maiorano mencionó que la Disponibilidad Horaria es un concepto que los trabajadores perciben desde el año 1974 y que fue ratificado por todos los bloques haces dos meses. Bregó entonces por su continuidad y remarcó que no se iba a permitir que sea el Jefe Comunal el que “marque la política de personal del Concejo Deliberante.
En esta línea, se refirió al “encontronazo” de intereses políticos entre Pulti y Artime, mientras manifestó su apoyo a éste último para que “prevalezcan las decisiones del Cuerpo”, más allá de la “lealtad partidaria”.
Por su parte, el concejal de Autonomía Municipal, José Cano, dio a conocer una cadena de notas entre el presidente del deliberativo, el secretario de Economía Mariano Pérez Rojas y el contador municipal. Relató que el 29 de noviembre, Artime envió un pedido a Pérez Rojas para que los salarios de ese mes sean liquidados igual que el anterior, es decir, sin el quite de la disponibilidad. El funcionario remitió la solicitud al área contable y desde allí se informó que esto sólo podría hacerse a través de un decreto, que retrotraiga la medida previa.
Cano opinó que “no hay posibilidad de que esto se resuelva en forma consensuada, amigable y razonable” y también expresó su solidaridad con los trabajadores y Artime.
Desde el oficialismo, Martín Aiello determinó que, contrario a los dichos de Maiorano, el problema no era una cuestión política, sino “particular y sectorial” e instó a buscar una solución entre los trabajadores y la presidencia del Cuerpo.
Diego Garciarena fue quien expuso la necesidad de que el Consejo “reivindique su autarquía”, a través de una declaración. “Nos estamos comiendo un conflicto que no generó el Cuerpo”, enfatizó, al tiempo que defendió el reclamo de los trabajadores bajo los argumentos de que las tareas que desarrollan son propias del ámbito legislativo y no son “comparables con otra función”.
“Deben seguir percibiendo la disponibilidad porque les es inherente. Esto limita y afecta el funcionamiento de un poder”, disparó.
En esta misma línea, la presidenta del bloque radical, Vilma Baragiola, pronunció un enardecido discurso y exigió la confección de un pedido manifiesto para que antes del fin de la sesión “quede claro lo que tienen que respetar (el Ejecutivo)” respecto al cobro de lo ya trabajado por el personal.
“Este es el Concejo Deliberante. El poder de los funcionarios termina en el ascensor de la planta baja”, sentenció la concejala.
A esto siguieron las alocuciones de otros concejales opositores que insistieron en que se elabore en forma rápida el nuevo decreto que garantice el cobro de los haberes correspondientes a noviembre sin modificaciones, hasta que finalmente tomó la palabra el presidente del Cuerpo. Artime aclaró que los hechos se sucedieron tal como lo había relatado el concejal Cano, en relación a las notas enviadas a Hacienda y la Contaduría, y afirmó que el asunto iba a ser resuelto de esa manera. Sin embargo, no dejó pasar que los concejales opositores sabían que el decreto sería firmado en esos términos, por lo que no vio justificada la insistencia en el tema.
Comentá la nota