Otra vez, como siempre, el fiscal de Estado, José Alejandro Vanini, eligió la del silencio. Este diario se comunicó ayer innumerables veces con su celular para saber si es cierto que todavía no notificó al ex vicepresidente ejecutivo del Instituto Provincial Autárquico de la Vivienda durante el marinismo, Hugo Nelson Agüero, de que existe una demanda en su contra para recuperar los dineros públicos que sustrajo de ese organismo entre 1999 y 2003.

De acuerdo a lo que pudo saber LA ARENA, ya que la justicia le ha impedido acceder a la causa civil que se tramita en el Juzgado en lo Civil 5, a pesar de que contiene información de carácter público, en el expediente no figura la constancia de que Vanini notificó a Agüero de la demanda que el Estado provincial le inició el 2 de marzo pasado.

La conducta silenciosa del funcionario no debe sorprender. Nunca ha contestado cuando se le intentó preguntar por este caso y tampoco tuvo el gesto de mostrar el expediente cuando lo que se pretende es saber qué hizo el gobierno para cobrar más de 3.000.000 de pesos -a valores actuales- que se desviaron a través de dos cuentas corrientes del IPAV. A lo sumo, Vanini ha permitido en un par de ocasiones que otras fuentes de la Fiscalía brinden información. Ese hermetismo, y la falta de una desmentida pública a los datos que se han venido publicando, permiten inferir que ellos son exactos.

Lo primero que salió a la luz fue que el fiscal no fue contra Agüero cuando la Cámara en lo Criminal 1, compuesta por jueces civiles, lo condenó el 14 de diciembre de 2007 a cinco años de prisión -que está cumpliendo en el Instituto Correccional Abierto de General Pico- por hallarlo culpable de los delitos de peculado (sustracción de fondos) y cohecho (pago de coimas) por 960.456,21 pesos entre 1999 y 2003. Tampoco cuando el Tribunal de Impugnación lo ratificó un año después, ni cuando el Superior Tribunal de Justicia dispuso lo mismo en diciembre de 2010. Ni siquiera cuando la Corte Suprema dejó firme la sentencia el 31 de mayo de 2011.

Recién en ese momento esperó nueve meses para ingresar la demanda en la Receptoría General de Expedientes. Y aún hoy, a un año y medio de que la causa penal quedara definitivamente cerrada, no solamente no notificó a Agüero (en realidad a su curadora, que es su esposa, teniendo en cuenta que está preso) sino también a otros de los cinco condenados.

La excesiva demora tiene como únicos beneficiarios a Agüero y compañía, y permiten agigantar la sombra de la prescripción, por más que desde la Fiscalía se haya dicho que ese plazo es de diez años y no de dos, como sostienen los imputados.

Una cuestión técnica: a diferencia de lo que ocurre en el fuero penal, en el civil las causas avanzan al ritmo que le imponen las partes; por lo que los jueces no ordenan medidas ni toman resoluciones per se. Por eso, una de las condenadas, la ex jefa de Contabilidad y Finanzas del IPAV, Mirta Isabel Rodríguez de Tieri, ya pidió la caducidad de la instancia pese a que tampoco está notificada del reclamo estatal.

Además de Agüero y Rodríguez, el Estado ha demandado a otros tres condenados por los desvíos -el ex gerente general, Araniz; el ex tesorero, Walter Raúl García; y el ex jefe de Compras y Licitaciones, Juan Cono D'Amico- y hasta a la ex jefa de Habilitación, Susana Beatriz Mansilla, a pesar de que fue sobreseída por prescripción de la acción penal.