La polémica por la reforma del Código Penal obligó al Gobierno a enfriar los cambios que tiene previsto implementar en la ley orgánica del Servicio Penitenciario Federal (SPF), de 1973. Las modificaciones al sistema carcelario, una de las 100 metas del jefe de Gabinete Jorge Capitanich, se vienen discutiendo, en silencio, en la órbita del Ministerio de Justicia. Según pudo saber Clarín, hay una puja interna entre dos sectores del oficialismo. De un lado quedó el ex jefe del SPF, Alejandro Marambio, apoyado por sectores del SPF. Su proyecto está en manos del secretario de Justicia Julián Alvárez. Del otro lado están el CELS y La Cámpora, que impulsan reformas más profundas como la desmilitarización total de la fuerza y el desarme de todos los efectivos dentro las cárceles, incluso en las más peligrosas.

La reforma carcelaria fue el eje de la primera jornada del Congreso Federal sobre Reformas Legislativas que se realizó en Mar del Plata hace dos semanas, con la presencia de Alvarez y del ministro Julio Alak. La jueza de la Cámara de Casación Ana María Figueroa, una de las oradoras en Mar del Plata, se mostró a favor de las transformaciones. “Hay que incorporar los estándares internacionales al sistema penitenciario, educar a los efectivos y aplicar un control judicial sobre las sanciones disciplinarias a los presos”, le dijo a Clarín esta semana. En el mismo Congreso, donde expusieron expertos internacionales y estuvo presente Marambio (quien vive actualmente en España), la representante del CELS, Paula Litvachky, habló de “desmilitarización”. “Hay que acompañar con políticas que apuesten a generar una mayor inclusión de quienes están privados de su libertad”, aseguró la directora del área de Justicia de esa ONG. Esa postura fue rubricada por Horacio Verbitsky en su columna dominical del pasado fin de semana, donde pidió “abrir la cárcel, hacer ingresar al Estado y a la comunidad, con todas sus expresiones sociales”.

Detrás de la necesidad de reducir la violencia en las cárceles federales, donde un 60 por ciento de los detenidos no tiene condena, otra vez se mezcla un debate ideológico. “El proyecto de La Cámpora y el CELS tiene un tinte abolicionista. Quieren que todos los efectivos sean civiles y no tengan armas”, se quejó una alta fuente del SPF.

El debate sobre la posibilidad de desarmar a los efectivos no es nuevo, pero ahora se da en medio de la polémica por el anteproyecto de Código Penal, acusado por un amplio sector de la oposición de ser “garantista” y alejado de la realidad del país. “El CELS ya había propuesto hace un año que los guardias no tengan armas. Yo creo que hay un sector administrativo que podría estar desarmado, pero no puede aplicarse a toda la fuerza”, dijo ayer la diputada Victoria Donda, que tiene presentado un proyecto en el Congreso hace más de un año junto a otros legisladores. Ni siquiera se trató en comisión. Esa iniciativa, de la que también participó la Procuración Penitenciaria, propone además que el personal no tenga uniforme militar y que se modifique la estructura interna del SPF, que pasaría a denominarse “Sistema público de cuidado y resguardo de derechos en el cumplimiento de la pena privativa de libertad”.

Mañana habrá una reunión clave en el Ministerio de Justicia para debatir los futuros cambios y la situación en el penal de Rawson. Estarán presentes Alak, tres jueces de Casación, el CELS, la Defensoría General, y la Procuración Penitenciaria, entre otros.