El gobierno porteño metió presión al juez Pablo Mántaras para que haga caer la precautelar que frenó el aumento del subte de $ 2,50 a $ 3,50. La vicejefa comunal, María Eugenia Vidal, dejó entrever que sin el incremento no pueden financiar el servicio y se quejó del “abuso de recursos de amparo” de la oposición, en alusión a la medida que presentó el legislador del Movimiento Socialista de los Trabajadores, Alejandro Bodart, que obstruyó el aumento del boleto en el servicio.

Tanto el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, como la presidenta Cristina Kirchner cargaron contra las cautelares este año. Ayer se plegó Vidal quien criticó que “hay una suerte de abuso de este tipo de recursos”.

Luego, la Vicejefa dijo que el juez Mántaras cuando “vea toda la información se va a dar cuenta de que el aumento técnicamente está más que justificado” y volvió a advertir que incluso el precio debería rondar $ 6,10. También se sumó el jefe de Gabinete local, Horacio Rodríguez Larreta, al señalar que sin el aumento no pueden financiar el servicio.

En su primer fallo al frente del juzgado N´ 3 en lo Contencioso Administrativo, Mántaras sostuvo que la resolución del gobierno porteño que aumentó el subte “no permite siquiera identificar” las razones de la medida. Por eso estableció una “precautelar” para que la Ciudad le entregue esa información en 48 horas para tomar una determinación. La medida descolocó a los funcionarios porteños que desconfían de la intencionalidad política del juez. “Una precautelar es una medida hiperexcepcional, me llama la atención”, sospechó el legislador PRO, Daniel Lipovetzky.

A pesar de que la Vicejefa había dicho que la Ciudad llevaría a “primera hora” la información al juzgado, se tomó tiempo hasta el mediodía para entregarle expedientes como el registro de la Audiencia Pública que debatió el aumento. En esos documentos justifican la suba por la inflación nacional. El argumento principal que repiten los funcionarios porteños no vino de Juan Pablo Piccardo, titular de Subterráneos de Buenos Aires (Sbase), la empresa estatal a cargo del control del servicio. Sino que la presentó el gerente de planeamiento, Mariano Cermesoni, al indicar que “si se toma la tarifa inicial en el año 1994, la tarifa para 2013 debería ser de $ 3,50”.

La oposición porteña siempre se quejó de la falta de argumentos de Macri para aplicar la suba.

El legislador opositor Bodart, quien presentó la cautelar, sostuvo que en la Ciudad “están dibujando los datos a todo vapor, porque si los tenían ya los hubieran mostrado en la audiencia pública”.

El juez ya tiene la información y esperan que falle esta semana. Si la resolución en contra de la Ciudad, Macri apelará.

Por su parte, el Gobierno Nacional, que se opone a la medida porteña, aprovechó ayer para remarcar que mantiene el precio de los trenes.