En diálogo con La Nacion, representantes de distintas fuerzas políticas opositoras apuntaron a una "intencionalidad política" por parte del Gobierno, que al no nombrar jueces titulares delega en magistrados subrogantes la definición de casos que comprometen a funcionarios aún en actividad o ex miembros del Poder Ejecutivo.

"Si el Senado no presta acuerdo a más jueces es porque el paso del trámite por el Ejecutivo se ha tornado excesivamente prolongado", afirmó la senadora Sonia Escudero (PJ-Salta), titular de la Comisión de Justicia de la Cámara alta. La senadora detalló: "Sólo hay cuatro pedidos de acuerdos de [nombramiento de] jueces pendientes en el Senado, el trámite aquí es, podemos decir, rápido", e insistió en que el cuello de botella judicial se origina en la Casa Rosada.

"O hay ineficiencia o se trata de una clara intencionalidad política", coincidió en diálogo con este diario la diputada Laura Alonso (Pro-Capital), y recordó casos de mora emblemáticos, como el del concurso para completar vacantes en cuatro juzgados federales en lo penal económico, abierto desde hace cinco años "con causas sensibles que subrogan amigos del poder", como Skanska y Thales Spectrum, entre otras. "Es grave la conducta del Gobierno, que sigue sin nombrar jueces mientras colapsa el sistema judicial por las vacantes, las inhibiciones y los pedidos de licencia. Es un viejo reclamo de la justicia que no se ha querido solucionar en siete años", coincidió su compañera de bloque, Paula Bertol (Pro-Capital).

Estrategia

"Se trata de una clara estrategia del Gobierno, que conspira contra el correcto funcionamiento del Poder Judicial. Gran parte de la responsabilidad es del Poder Ejecutivo, si bien en su momento el Consejo de la Magistratura estuvo demorado", agregó Adrián Pérez (CC-Buenos Aires), diputado y compañero de fórmula presidencial de Elisa Carrió.

Desde el denarvaísmo, el diputado Gustavo Ferrari (Unión Celeste y Blanco-Buenos Aires) afirma que parte de los inconvenientes provienen de la falta de apoyo a la nueva ley del Consejo de la Magistratura. "Por eso proponemos modificar un artículo de la ley vigente, a fin de acelerar los nombramientos."

Según el proyecto que Ferrari piensa presentar en los próximos días con la firma de otros diputados opositores, "la duración total del procedimiento de selección de postulantes, desde su inicio hasta la decisión del Plenario del Consejo, no podrá exceder de noventa días". Si transcurrido ese plazo el Poder Ejecutivo no tomara ninguna decisión -como viene ocurriendo-, "el parlamento podrá designar al mejor puntuado de la terna y los demás quedarán disponibles para otras vacantes", dijo.

Desde el radicalismo, el senador Luis Petcoff Naidenof (UCR-Formosa) fue igualmente lapidario. "El retardo en la designación de los jueces es la mordaza encubierta del poder político para silenciar o someter a la Justicia." Para el senador formoseño, "en los juzgados federales en los que hay subrogantes, lo más usual es que éstos miren para un costado. Cubrir las vacantes daría certidumbre y terminaría con la mordaza que se da no sólo en las causas renombradas, sino también en muchos casos de corrupción en las provincias", sentenció.

DEMORAS EN LAS SUBROGANCIAS

En materia de subrogancias, la Casa Rosada también está en deuda. En 2007, la Corte advirtió que los subrogantes que nombraba el Consejo eran inconstitucionales y que en un año debía establecerse por ley un nuevo sistema para nombrar suplentes. El Congreso sancionó una norma que estableció que los nuevos interinos iban a ser o bien un juez vecino o bien quien eligiera el Senado de una lista que debía enviarle el Gobierno. Pasaron dos años y medio, y Cristina Kirchner nunca mandó su lista