Sin pedir permiso al Congreso Mariano Bergés había ordenado escuchas en las líneas del entonces senador y presidente de Chacarita por los incidentes entre barrabravas de su club y de Boca Juniors. El ex juez está acusado por "abuso de autoridad".
Más allá de la pinchadura, está en juego una cuestión de fondo: en su defensa, Bergés solicitó acceder al beneficio de la probation, un instrumento vedado a los funcionarios públicos. Por eso, pidió que se declare inconstitucional el anteúltimo párrafo del artículo 76 bis del Código Penal, que contempla esa prohibición. De concretarse, sentaría un precedente que favorecería a jueces, ministros, secretarios y demás agentes del Estado.
El juez federal Julián Ercolini, a cargo del expediente, resolvería la situación en los próximos días, ya que la causa prescribe este sábado. De hecho, Barrionuevo le pedirá una audiencia para hoy mismo. A favor del sindicalista, la semana pasada el fiscal Federico Delgado emitió un fallo, al que accedió este diario, que rechaza el beneficio solicitado por Bergés y considera que "el Ministerio Público no habrá de inmiscuirse en el espinoso tema de la inconstitucionalidad".
En un escrito de 14 páginas, Bergés había propuesto al denunciante reparar el perjuicio provocado a cambio de "la suspensión a prueba de juicio", instrumento legal más conocido como probation. De esta forma, a través de tareas comunitarias y resarcimiento económico, el imputado deja sin efecto el proceso y, consecuentemente, se extingue la acción penal.
"Ofrezco hacerme cargo de la reparación del daño en la medida de mis posibilidades, a tal fin pongo a disposición de la parte querellante la suma de 5.000 pesos", sostuvo Bergés, una cifra que ni por asomo conformó al sindicalista. Agregó otros dos puntos para compensar a Barrionuevo. Por un lado, planteó que podría aportar, en forma gratuita, su servicio de abogado en la Villa 31, "para evacuar consultas de habitantes de dicho sitio". Y, por otro, postuló su propia inhabilitación para ejercer cargos públicos.
"No acepto nada de eso, quiero la condena", disparó, duro, el gastronómico ante la consulta de Crítica de la Argentina. "Pinchó los teléfonos de mi casa. Averiguamos en la SIDE y el juez sólo había presentado un papel manuscrito. Después nos enteramos de que no tenía la autorización del Congreso", relató Barrionuevo. Por ese entonces, en 2003, él y su esposa Graciela Camaño eran senador y diputada, respectivamente. Según la normativa, para intervenir las líneas de legisladores se necesita el consentimiento expreso del Parlamento y, como se constató, no había ningún aval de Daniel Scioli, al frente del Senado, ni de Eduardo Camaño, titular de la Cámara baja.
Bergés, que renunció a la Justicia en 2004, está imputado por abuso de autoridad, un delito penado con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial. Su reclamo para declarar la inconstitucionalidad del artículo 76 bis se basa en que "al excluir a los funcionarios públicos, no se está protegiendo el ejercicio de la función pública frente a la sociedad, sino que se está discriminando una calidad personal del agente, en flagrante violación al principio constitucional de igualdad".
El ex magistrado se hizo conocido por impulsar causas de alto impacto mediático: metió presos a la falsa médica Giselle Rímolo y su entonces pareja, el locutor Silvio Soldán; allanó nada menos que la SIDE y procesó al ex presidente Fernando de la Rúa por las supuestas irregularidades en la concesión de la autopista Illia. Ganó notoriedad cuando condujo una megainvestigación sobre violencia en el fútbol: ordenó suspender ese deporte por 15 días, apresó a casi 200 hinchas, acorraló a jefes policiales y envió a la cárcel a Armando Capriotti, por entonces segundo de Barrionuevo en Chacarita. Luego a ambos les dictaron falta de mérito en ese caso.
"Quería ponerme las esposas para hacer show. Siendo senador, me hizo pintar cinco veces los dedos", recordó ante este diario el polémico jefe de los gastronómicos, a la espera de una buena noticia desde Tribunales.
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