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EUGENIA RODRÍGUEZ

Argentina se transformó en un país más desigual: mientras el 50% de la población apenas accede al 4% del patrimonio, una minoría acumula cifras millonarias. El 1% más rico ya controla una cuarta parte de toda la riqueza generada. Así, las posibilidades de mejorar el patrimonio a lo largo del tiempo parecen restringidas, cada vez más, a un reducido grupo de la sociedad mientras las políticas económicas actuales refuerzan un modelo económica y socialmente excluyente. De hecho, el 10% de los más ricos acaparan casi el 60% de la riqueza del país (superan cómodamente los 127 millones de pesos en patrimonio).

“Es tan grande la grieta económica entre ‘la gran mayoría que tiene poquísimo’ y ‘una minoría que tiene muchísimo’ que deberíamos hablar formalmente de polarización económica”, señalaron desde el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag) desde donde presentaron un informe que revela la creciente desigualdad patrimonial. Según indicaron, los números reflejan que la mayor parte de la población (83%) tiene un patrimonio inferior a 24 millones de pesos (esto incluyendo vivienda, vehículos, inversiones y otros activos).

Mientras se agudizan las desigualdades, por su parte, el 90% de la población argentina está endeudada y casi tres de cada cuatro deudas activas se originó en 2024, primer año de gestión de la Libertad Avanza. Preocupa, en ese sentido, la dependencia del crédito para sostener consumos básicos, a la vez que se dispara el embargo de sueldos y el bloqueo de cuentas bancarias por deudas impagas.

Un país más desigual: la Argentina del 1%

Un informe que analizó cómo se reparte la riqueza patrimonial en Argentina arrojó resultados que preocupan al evidenciar que la desigualdad económica alcanzó a niveles alarmantes. En concreto: el 50% de la población (la mitad del total) vive con apenas el 4% del patrimonio total del país mientras, en el otro extremo, el 1% concentra el 25% de la riqueza existente. 

Además, si se pone la lupa en el 10% más rico, se observa que ese fragmento se queda con más de la mitad (59%) del total de la riqueza generada en nuestro país. De esa manera, el reparto es cada vez más desigual, y la brecha social se ensancha.

De esta manera, se evidencia la cada vez más regresiva distribución del patrimonio nacional, según la investigación que realizó el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag) en base a datos internacionales sobre riqueza entre los países del mundo (World Inequality Database). Dentro del patrimonio se considera a todo tipo de propiedades (viviendas, campos, inmuebles comerciales) así como vehículos, dinero en cuentas y activos financieros, entre los principales.

En relación, los números reflejan que a la par que el 83% de la población tiene un patrimonio inferior a 24 millones de pesos, el 1% más rico supera los 127 millones de pesos. En otras palabras, la concentración sin límites no impacta solamente en quienes tienen los menores niveles de ingresos y sufren mayores  vulnerabilidades sufren sino que afecta a más de la mitad de la población. Así, las frecuentes crisis económicas y la mayor inestabilidad financiera no afectan a todos por igual y, aún más, hay quienes resultan ganadores. “Cuando un país padece una desigualdad extrema, la literatura académica especializada aconseja el uso del concepto de polarización para identificar con más precisión la verdadera heterogeneidad económica que vive la ciudadanía”, plantearon los investigadores y aseguraron que Argentina atraviesa una creciente "polarización económica".

Frente a este escenario el Estado, lejos de no intervenir como postula el actual gobierno nacional, implementa medidas que han favorecido directamente los intereses de ciertos segmentos de la población. Como contó El Destape en esta nota, si bien el gobierno de Javier Milei insiste en la promesa de bajar impuestos, en los hechos solo redujo lo que pagan los más ricos, sosteniendo una estructura tributaria que profundiza las desigualdades: Bienes Personales (grava la riqueza acumulada) pasó de representar el 1,3% al 0,7% de la recaudación total, una modificación que solo favorece a ese 1% más rico de la sociedad, mientras que el IVA al consumo afecta a la población de menores ingresos en la compra de bienes de la canasta básica, y se reimpuso el tributo a la Ganancias para la categoría de asalariados de ingresos medios y altos, pero en un momento de creciente deterioro salarial.  Los datos de la recaudación tributaria muestran que los recursos estatales dependen en 80% de solo tres componentes: IVA (28% del total), ingresos de la Seguridad Social (23% del total) e Impuesto a las Ganancias (30% del total), es decir, provienen casi por completo de los ingresos de la Seguridad Social, de gravar el consumo y de la imposición sobre los salarios y las jubilaciones.

Esta presión sobre el bolsillo laburante que viene sufriendo la pérdida sostenida de poder adquisitivo y las consecuentes dificultades para llegar a cubrir la canasta básica, sumado al pago de servicios esenciales y los impuestos cotidianos, llevó a que las familias tengan que endeudarse para vivir. En tal contexto económico, el endeudamiento ocupa un lugar central de las economías domésticas y no solo transitorio sino como problema estructural sostenido en el tiempo. En detalle, el 91% de los hogares del país está endeudado y, no es menor, casi 7 de cada 10 tiene entre dos o tres deudas contraídas. En comparación con 2024, aumentó el número de hogares con más de tres deudas (de 8% a 12%), lo que refleja una mayor fragmentación y recurrencia del crédito como estrategia de subsistencia, según datos difundidos por el Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas (IETSE).

Respecto de la composición de esas deudas, encabezan las tarjetas de crédito (30,5% del total), seguidas por pagos de servicios privados (10,5%), fiado en comercios (8,8%), impuestos y expensas (8,5%), familiares/amigos (8,4%), y el pago del alquiler (8%). Un factor clave tiene que ver con la situación en la que se encuentran esas deudas: las impagas (en mora simple o judicial) escalaron hasta representar el 76% del total, una suba preocupante de la crítica situación financiera de los hogares.

La deuda familiar es la otra cara del modelo de endeudamiento sostenido por la política económica actual.  “Argentina es campeón indiscutido en el mundial de países más endeudados con el FMI”, plantearon desde Celag y alertaron por las reformas que exige el Fondo (laboral, previsional, fiscal) que podrían profundizar esta estructura social ya desigual. Según los especialistas, nuestro país lidera (con una deuda de 63.986 millones de dólares) el ranking de los 10 países más endeudados con el FMI. Esto es cuatro veces más que la deuda que tiene Ucrania (país en guerra) con el Fondo, y se suman a ese listado Egipto, Ecuador, Pakistán, Kenia, Angola, Costa de Marfil, Ghana, y Bangladesh.

Otro factor sobre el que resulta relevante poner el ojo se vincula con lo que sucedió en el último año con los ingresos y el consumo masivo.  Un relevamiento privado dado a conocer esta semana exhibió las distintas realidades entre “segmentos medio bajos y bajos, que se muestran más restrictivos y con dificultades para afrontar gastos básicos del hogar, y los segmentos medio altos y altos que expanden sus consumos en dólares (atesoramiento, viajes, compras en el exterior)”.

Según la consultora Moiguer tal situación grafica un país donde mientras los indicadores de ventas del consumo masivo permanecen estancados las ventas de bienes de consumo importado, bienes durables y el turismo emisivo “se expanden fuertemente”.

Por último, siguiendo la misma fuente, otro dato evidenció la difícil situación de la mayoría de los hogares y la creciente fragmentación del consumo: el 50% de las personas encuestadas aseguró que no llega a fin de mes y un 30% resignó gastos para pagar servicios en tanto que, por otro lado, el 23% dijo que compra dólares y apenas un 11% afirmó hacer compras en el exterior.