Por: Julián Blejmar.

Una semana. Ese fue el lapso que medió entre la reunión que el gobierno organizó con empresas formadoras de precios para buscar acuerdos de contención de la inflación, y la posterior imposición de imputaciones a once de estas grandes empresas por no respetar el abastecimiento de mercadería con precios máximos.

Fue, en rigor, una nueva demostración histórica de la negativa de los grandes grupos económicos a un acuerdo social que armonice el capital y el trabajo, o que en otras palabras, incluya a la gran burguesía como un actor político clave para el desarrollo, antes que como un núcleo orientado solo a su búsqueda de rentabilidad. La historia, por reciente, es conocida: ante la suba de precios en general y de alimentos en particular, que no bajó del 4 por ciento durante los últimos tres meses, Alberto Fernández reactivó por tercera vez la idea de un Pacto Social, pero muchas de las principales empresas argentinas y multinacionales, que enviaron a allí a sus segundas líneas, continuaron aumentando sus precios, tal como lo reveló Cristian Carrillo en este portal.

Sucede que, en rigor, ninguna de las empresas de la gran burguesía creyó nunca en otro modelo que no sea el del libre mercado, o dicho en otros términos, de la subordinación de todas las variables socioeconómicas al capital que ellas representan. Fue por eso que el único antecedente de un Pacto Social exitoso, el que recordó Cristina Kirchner en la presentación de su libro Sinceramente, fue llevado adelante pero por otro sector del capital nacional, el de los pequeños y medianos empresarios, representantes hoy, como en esos tiempos, de más del 90 por ciento de las unidades productivas.

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Si bien el acuerdo por precios y salarios de 1973 entre estos empresarios, representados por la CGE, y los trabajadores representados por la CGT, tuvo inicialmente una alta efectividad, su declive comenzó no solo por el fallecimiento de su principal respaldo político, Juan Perón, sino por el embate que contra el mismo realizó la gran burguesía, es decir las principales cámaras de la UIA, la SRA, o la Bolsa de Comercio, entre otras, agrupada para 1975 en Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias (APEGE).

Entonces su discurso planteaba un elemento nodal, como era el hecho de que estas entidades “objetan seriamente el mecanismo de concertación puesto en práctica por el Gobierno a partir de mayo de 1973, a través del denominado Pacto Social, suscripto por autoridades gubernamentales, de la CGT y la CGE”, y planteaban paralelamente la necesidad de “estabilidad monetaria”; “suprimir todo impuesto al patrimonio y a utilidades que no sean líquidas y realizadas”; “eliminar la retroactividad en materia impositiva”; “derogar las leyes que reimplantan el impuesto a las actividades lucrativas”; suprimir “instrumentos legales inadecuados, como la ley de contrato de trabajo”; y “terminar con sistema de cargar sobre las actividades productivas los desmesurados gastos del estado nacional, provincial, y municipal”. Un compendio no muy diferente al que estableció décadas después, en 2014, la nueva agrupación que representa a estas mismas entidades, el Foro de Convergencia, con un capítulo económico que se puede leer aquí , y desde el cual se apoyaron fuertemente todas las políticas de la Alianza Cambiemos, incluyendo el acuerdo con el FMI.

Con que sector del capital acordar

Podría haber resultado llamativo que, siendo todavía candidato a presidente, Alberto Fernández haya convocado en un lejano septiembre de 2019 a la UIA, una de las principales integrantes del Foro, como contraparte de la CGT. Pero lo cierto es que los pequeños y medianos empresarios, aquellos que respaldaron desde el capital el Pacto Social de 1973, ya no son un actor político. Tanto su conducción, la CGE, como sus bases, las pymes, fueron devastadas por las políticas neoliberales de la dictadura, el menemismo, y las dos Alianzas (UCR-Frepaso y PRO-UCR). Y actualmente, su atomizada dirigencia, dispersa en cerca de siete entidades de tercer y cuarto grado, que cuentan además con un reducido número de socios sobre las bases de las cerca de 550.000 pymes nacionales, no tiene capacidad de convertirse en la pata capitalista de un proyecto peronista que busca armonizar loa intereses de empresarios nacionales y trabajadores.

De hecho, en un encuentro celebrado en julio del año pasado con estas empresas nacionales, luego de que el mediano empresario autopartista (ver entrevista) Mario Gil le dijese al presidente “Estamos con Alberto y con nuestro país, estamos profundamente comprometidos y somos la columna vertebral de este país”, Fernández respondió que “la Argentina que se viene nos necesita a todos y las pequeñas y medianas empresas son los principales aliados”. Pero la realidad es que dicha alianza no tiene peso frente a la gran burguesía, muy empoderada durante los gobiernos neoliberales que se enumeraron anteriormente, y responsables en gran medida del salto inflacionario de los alimentos.

Las sanciones dispuestas por el ejecutivo a este sector, no necesariamente significa el final del intento de hacer un acuerdo social con empresarios tradicionalmente reacios a estos mecanismos. Pero sí de exhibir una fortaleza gubernamental clave para que, en nuevas rondas de negociación, observen un Estado férreamente comprometido con el desarrollo de todas las partes. Fue lo que ocurrió en aquel lejano 1973, cuando la SRA adhirió al Pacto Social, mientras que la UIA fue más allá y decidió disolver su entidad para subordinarla a la CGE.  La autoridad de Perón, era motivo suficiente para que acepten el programa económico votado por las mayorías.