El diario económico Cronista.com informó hoy que fuentes del alto tribunal dijeron que la audiencia tendría lugar a mediados de setiembre y de su resultado dependerá el destino del 15% de la masa de recursos coparticipables, destinados desde agosto de 1992 al financiamiento de la ANSES, y que en el año en curso superarían los $40.000 millones, de los que 23.600 millones corresponden a aportes de las provincias.

La decisión de la Corte se dio a conocer poco después de que uno de sus integrantes, Eugenio Zaffaroni, planteara que los reclamos por los fondos de coparticipación hechos por Córdoba y Santa Fe son de “raíz política” y por ende debían dirimirse en una mesa de negociación. “El Estado nacional sabe cuál es el estado del Tesoro, nosotros con una sentencia no podemos resolverlo”, alegó el magistrado.

Hoy, los diputados provinciales del Frepam junto al senador Juan Carlos Marino anunciaron la presentación de un proyecto en la legislatura pampeana para seguir los pasos de Córdoba, es decir, pedirle al gobernador Oscar Jorge que abandone el Pacto Fiscal de 1992 y reclame el dinero que le corresponde a la provincia de La Pampa.

El Pacto Fiscal

El Pacto Fiscal del 12 de agosto de 1992 estableció que se destinara un 15% de la masa coparticipable al sostenimiento del sistema previsional, en atención a que por entonces se planeaba transformar el régimen de reparto en uno de capitalización, algo que ocurrió en julio de 1994.

De ese 15%, las provincias aportan 8,499 puntos y la Nación los 6,501 restantes, pero en este último caso representa una transferencia dentro del mismo Estado Nacional.

Desde que el sistema previsional volvió a ser íntegramente estatal a partir de noviembre de 2008, existen dos posiciones acerca de cuál debe ser el destino de ese 15%.

Una postura entiende que los recursos deben volver a las provincias porque ya no está vigente la razón del aporte, que era la financiación de la transición de un sistema previsional a otro.

Pero desde la Nación se advierte que en el Pacto Fiscal se hace referencia al “sostenimiento del sistema previsional” sin especificaciones y además se hace mención a “otros gastos operativos”.