Por: Daniela Mozetic.

Desde hace algunas semanas, el Gobierno comenzó a tejer en silencio una estrategia para condicionar el accionar de las empresas de telecomunicaciones, con el Grupo Clarín como principal objetivo. Distintos actores del oficialismo le dieron vueltas al asunto pero no terminaban de encontrar la vía legal para no sumar problemas en el futuro, hasta que surgió la idea de declarar como “servicios públicos” a la telefonía celular y fija, las prestaciones de internet y la TV paga.

Así lo anunció por redes sociales el viernes por la noche el presidente Alberto Fernández, como un anticipo del DNU que se conoció horas más tarde y que fue justificado como una manera de “recuperar herramientas regulatorias que el gobierno anterior quitó al Estado”. La explicación sobre este punto la dio el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quien recordó que “en diciembre de 2014 la Ley Argentina Digital ya había reconocido el carácter de servicio público esencial y estratégico de TIC” y marcó que “apenas a 20 días de asumir, Macri derogó por DNU este artículo y modificó unilateralmente leyes debatidas y votadas democráticamente por el Congreso nacional a pedido del lobby”, fustigó. 

Telefonía fija y móvil, internet y televisión paga fueron declarados servicios públicos esenciales y sus precios permanecerán congelados hasta el 31 de diciembre.#ArgentinaUnida #CuidarteEsCuidarnos pic.twitter.com/v16g0TBdkz

— Casa Rosada (@CasaRosada) August 22, 2020

La decisión presidencial implica que las tarifas permanecerán congeladas hasta el 31 de diciembre, bajo el paraguas de la emergencia por la pandemia de coronavirus. 

Según supo PERFIL, primero hubo un llamado telefónico de la vicepresidenta Cristina Kirchner al número dos del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), Gustavo López, para saber si se podía trabajar en un marco regulatorio similar al de las empresas de medicina prepaga para controlar los recurrentes aumentos de tarifas. 

Vilma Ibarra y Gustavo López se ocuparon de trabajar el texto que se pulió el viernes en Olivos

Por cuestiones técnicas y legales, López le dijo que no era viable esa alternativa, pero el tema quedó flotando en el aire kirchnerista. Semanas más tarde fue la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, quien hizo un planteo similar a López y recibió igual respuesta, pero allí se activó un mecanismo para intentar encontrarle una variante al tema que culminó con el decreto presidencial.

Ibarra y López fueron quienes se pusieron a trabajar codo a codo en el texto del decreto que terminaron de pulir el mismo viernes en Olivos, durante una larga jornada de trabajo que finalizó con el visto bueno del Presidente. 

Con la firma del decreto, Fernández dejó en claro la ruptura del pacto tácito que había sellado con Clarín al inicio de su gestión y sumó así un nuevo capítulo a los vaivenes que viene teniendo el kirchnerismo con el conglomerado mediático desde la gestión de Néstor Kirchner. La medida significa un duro golpe contra un mercado que tiene como principal jugador al holding que nuclea a Cablevisión, Fibertel, Telecom y Personal y, de acuerdo a fuentes del oficialismo, fue originada por varios disparadores.

Dura polémica en torno a telefonía, internet y TV como "servicios públicos esenciales"

Pacto. Nunca fue un secreto el buen vínculo que mantenía Fernández con la cúpula del Grupo Clarín y, una vez que estuvo cerca de la Casa Rosada, logró negociar un acuerdo de no agresión, del cual quedaba afuera la vicepresidenta Cristina Kirchner. Pasados los primeros meses de su gestión, Clarín comenzó a dar las primeras señales de rebeldía que se fueron incrementando con el paso del tiempo. 

Las reiteradas embestidas contra el Presidente, en su mayoría basadas en la supuesta “cristinización” de su estilo, hicieron subir la temperatura de Fernández, que hace alrededor de dos meses comenzó a destejer ese acuerdo por conveniencia. De acuerdo a lo que suele hablar en privado, el Presidente rechaza el denominado “periodismo de guerra” y entre sus primeros objetivos figuró el de suavizar la grieta de los medios, pero a nueve meses de su llegada a la Casa Rosada, resulta evidente el fracaso. 

Las reiteradas embestidas basadas en la supuesta “cristinización” fueron claves

En medio del entramado político en el que se comenzó a gestar el golpe contra Clarín, llegó la novedad de que las empresas de internet y telefonía móvil ya estaban notificando a sus clientes sobre aumentos de alrededor del 11% a partir de septiembre, ya que a fines de agosto vence el congelamiento de tarifas que habían acordado con el Enacom. La noticia terminó de recalentar el escenario y aceleró los tiempos para poner un freno a las empresas, que se reconocieron sorprendidas por la maniobra. 

La iniciativa del oficialismo para tener control sobre las comunicaciones, sumado al avance a paso firme de la reforma judicial, que también incorporó al dictamen la denominada Cláusula Parrilli para impedir cualquier presión mediática sobre los magistrados, revela el sentido de la oportunidad que maneja el Gobierno para llevar adelante sus prioridades. 

Mientras la oposición debate cuáles deberían ser los ejes centrales de la discusión política, centrados en las consecuencias económicas, sociales y sanitarias de la pandemia del coronavirus, el kirchnerismo deja ver que no está dispuesto a bajar sus banderas por más que algún virus interfiera en el camino. 

Decreto

- El Gobierno declaró la telefonía celular y fija, internet y la televisión paga “servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia” mediante un decreto. 

- Al tiempo, suspendió “cualquier aumento de precios o modificación de los mismos” hasta el 31 de diciembre, cuando algunas empresas ya los anunciaban.

- Entre sus argumentos, el Gobierno cita la situación de emergencia sanitaria que se atraviesa en el marco de la pandemia de Covid-19 y la necesidad de garantizar estos derechos ante las restricciones.

- Remarca que Cambiemos “derogó gran parte del andamiaje establecido en servicios de comunicación audiovisual y de las TIC”.

- Por último, subraya que el carácter de derecho humano de esto servicios  que no pueden librarse a la ley de la oferta y demanda.