La escena, que no fue la única con cierta hilaridad según testigos, se registró el jueves 11 en Neuquén, durante un evento de la industria energética donde se anunciaron medidas para aumentar la producción de gas y petróleo.

Ese mismo día, en Buenos Aires, el Indec difundía la inflación mensual nacional más alta desde el derrumbe de la convertibilidad. El 7,4% de julio ya deja un piso de 6 puntos para este mes de agosto y acelera el alza anual hacia los tres dígitos.

Se llega a semejante velocidad pese al enorme retraso de algunos precios claves de nuestra economía, como la energía (electricidad, gas y combustibles), que tendrán próxima y obligadamente algún tipo de actualización vía recorte de subsidios y alzas de tarifas.

Los ingresos en blanco y en negro de quienes viven en nuestro país los ven deteriorarse día a día. Ni hablar de los sectores más vulnerables, que cobran jubilaciones o ayudas sociales. Esta licuación no es accidental: le facilita al Estado el ajuste que se necesita para llegar al déficit de 2,5 comprometido con el FMI y que Massa (como antes Martín Guzmán y la efímera Silvina Batakis) juró cumplir.

En otro intento de dar señales de tranquilidad –y de que no quedó relegado a una función protocolar–, Alberto Fernández sostuvo en un acto en Chaco, con tono exaltado: “No quiero que digan ‘¿pero este tipo no ve lo que pasa con los precios?’. Sí que lo veo y sí que me preocupa”. Fue ese mismo jueves 11. El nuevo secretario de Comercio, Matías Tombolini, no agregó más calma: “No me explico el aumento de la ropa. Estoy recaliente”, confesó.

Las preocupaciones y calenturas orales de los funcionarios no parecen activarse demasiado en los hechos, ante la ausencia de medidas concretas y claras para frenar la espiral inflacionaria. Tal vez por eso no se le ocurrió otra cosa al Presidente que convocar vagamente a un enésimo acuerdo de precios y salarios a dirigentes empresariales y gremiales. Ni la UIA ni la CGT recibieron invitación al respecto y en el Ministerio de Economía nadie sabe de qué se trata ese supuesto convite albertista.

La central sindical que dice representar a quienes tienen empleo formal no parece tan alterada por la crisis. Prefiere ocuparse de la rosca por la marcha light del miércoles 17 y, sobre todo, de que el Gobierno asuma desde sus arcas unos $ 60 mil millones al año que las obras sociales gremiales gastan en prestaciones no médicas por discapacidad. No sería la única millonada que espera el movimiento obrero organizado y que depende de una firma.

Así, como con los grupos piqueteros, las protestas callejeras pueden controlarse abriendo la canilla de fondos públicos.

Igual, convendría que entendieran que la paciencia social no se compra siempre ni es infinita. Parece, pero no lo es.