La causa que la Casa Rosada promovió contra Martín Redrado por supuesto encubrimiento parecía terminada. El fiscal del caso, Patricio Evers, había sostenido que no existía delito y se había negado a impulsarla. Pero el juez federal Norberto Oyarbide no tenía intenciones de asistir indolente a su cierre y tomó medidas: ayer pidió que desplazaran al fiscal y lo reemplazaran por otro que promoviera la acción.

Así lo confirmaron fuentes judiciales, que relataron que la decisión quedó ahora en manos de Germán Moldes, el fiscal de Cámara.

En este expediente Redrado está acusado de haber revelado la existencia de una "lista de los amigos del poder" que compraron dólares, en la que está incluido el ex presidente Néstor Kirchner, que en octubre de 2008 adquirió dos millones.

La causa se inició con una denuncia realizada por la Procuración General de la Nación a instancias del secretario legal y técnico de la Presidencia, Carlos Zannini, que informó que seguía "expresas instrucciones" de la jefa del Estado.

La suerte del caso dependerá ahora de la decisión de Moldes, que deberá optar entre respaldar a Evers o hacer lugar al pedido del juez y correrlo del expediente.

"El criterio suele ser acompañar lo sostenido por el fiscal de primera instancia, pero si Moldes está convencido de que el caso requiere otra solución, la ley del Ministerio Público le permite desplazarlo", explicó ayer un alto funcionario de Tribunales.

Evers había manifestado en su presentación de anteayer que no le correspondía a la Justicia involucrarse en este capítulo de la pelea entre el Gobierno y Redrado. "Los hechos traídos a estudio no son más que formulaciones de carácter político, que, por su naturaleza, deben permanecer en el ámbito correspondiente y lejos del análisis judicial penal", sostuvo.

De acuerdo con el dictamen de Evers, "el evento puesto a consideración no reviste la entidad suficiente como para impulsar la acción penal [porque] la compra de divisas, si bien está regulada normativamente por disposiciones propias del Banco Central, se enmarca en una conducta absolutamente lícita que realizan a diario no sólo particulares, empresarios, funcionarios, entidades bancarias y crediticias, sino también el propio Banco Central".

Con ese fundamento, el fiscal pidió desestimar la denuncia, algo que, tal como había adelantado LA NACION, Oyarbide no estaba dispuesto a aceptar tan fácilmente.