La Justicia porteña volvió a fallar en contra del Gobierno de la Ciudad en su intento de realizar un "parque lineal" en la avenida Honorio Pueyrredón en el barrio de Caballito. Tras los dos fallos que mantienen frenada la obra, ahora la Justicia rechazó un recurso de inconstitucionalidad que el Gobierno había interpuesto contra esas sentencias. "Es un nuevo triunfo de los vecinos y vecinas", aseguraron a Página 12 referentes de las agrupaciones barriales que se oponen a la obra y convocaron a participar de la audiencia pública que ya fue citada y se realizará a fines de junio, a la que definieron como un "manotazo de ahogado" del Gobierno porteño.

 

Los jueces Horacio Corti, Gabriela Seijas y Hugo Zuleta, integrantes de la Sala N° III de la Cámara en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad, resolvieron rechazar el recurso que el Ejecutivo de Horacio Rodríguez Larreta presentó tras conocerse el fallo de Cámara que ratificó la medida cautelar de febrero pasado y por la cual la obra está frenada desde entonces. Entre otros puntos, el GCBA había planteado que el fallo incurrió en "arbitrariedad", y lesionó "el principio de división de poderes". Además, aseguró que la sentencia "ocasionaba una lesión irreparable frente a los costos que implica la paralización" y en especial tratándose de lo que el Ejecutivo porteño considera "la realización de obras públicas en beneficio de toda la comunidad".

                                                                                                                  

Por el contrario, los jueces consideraron que esos argumentos no son suficientes para "la configuración de un caso constitucional" y que el Gobierno solamente se limitó a "manifestar de una manera genérica que el fallo incurrió en arbitrariedad, sin poner en discusión el criterio sentado respecto de las normas constitucionales". Además, sostuvieron que "no se advierte un perjuicio que por su magnitud pueda ser considerado irreparable al momento en que se dicte la sentencia de fondo".

 

En el fallo que confirmó el freno a la obra, la Justicia de Cámara había señalado que el oficialismo debió haber aprobado una ley para poder llevar adelante el proyecto, ya que constituye lo que el Código de Tránsito y Transporte cataloga como "calle de convivencia". Según el Código, establecer esa definición no es competencia del Ejecutivo sino de la Legislatura. Es el cuerpo de legisladoras y legisladores el responsable de crear ese tipo de calles, a las que define como tramos viales "destinados preferentemente al tránsito peatonal, en las que se admite la circulación restringida de vehículos". Es eso, en efecto, lo que el GCBA planea realizar en una parte de Honorio Pueyrredón, tras quitar una mano entera a ocho de sus cuadras.

 

"Sin lugar a dudas el nuevo fallo es un triunfo para los vecinos y vecinas. Cada vez que apelan, cada vez que van a la Justicia les sale mal", dijo a Página 12 Gustavo Torchinsky, integrante de S.O.S Caballito, agrupación que presentó la acción judicial que derivó en el freno a las obras. El tercer fallo en contra le cierra al GCBA una nueva puerta en el camino judicial para intentar continuar con la obra. Tal como lo estableció el fallo de Cámara, solo parece quedarle la vía de la Legislatura. En ese camino es que la presidencia de la Comuna 6 finalmente convocó para fines de junio a una audiencia pública para debatir el proyecto, seis meses después del anuncio de la obra.

 

En un comunicado, los vecinos y las vecinas aseguraron que esa convocatoria "es un manotazo de ahogado por parte del Gobierno para fundamentar la presentación de un proyecto de ley en la Legislatura que le permita avanzar de todas formas con esta iniciativa fuertemente resistida en el barrio". En ese documento también denunciaron que la convocatoria "no fue discutida por toda la Junta Comunal, compuesta por siete comuneros y comuneras".

 

"También rechazamos su limitación exclusiva a residentes de la Comuna 6 ya que los 397 millones que costaría la obra provienen de los impuestos que pagan todos los habitantes de la Ciudad", indicaron los vecinos y vecinas, que agregaron que la convocatoria en esos términos "es una manera de limitar la participación ciudadana y negar el impacto regional que tendrá la eliminación de una mano de la avenida". "Las consecuencias que generará en el tránsito afectarán a miles de personas que circulan por Caballito pero no viven en él, mientras que el deterioro de la calidad de vida también afectará a quienes viven en Villa Crespo", añadieron.

 

"A pesar de todas estas irregularidades, entendemos que es una oportunidad más para expresar nuestros argumentos. Por eso, participaremos y convocamos a todos los vecinos y vecinas de Caballito a inscribirse en la audiencia", sostuvieron vecinas y vecinos. Para ello, lanzaron una campaña para sumar inscriptos para la jornada del 30 de junio, cuando se realizará la audiencia en la confitería El Greco. La inscripción está abierta hasta el próximo 24 de junio.