Se espera para los próximos meses un amparo de parte del Gobierno pampeano, según anunció el gobernador Oscar Jorge.

Por lo pronto, el amparo de Palazzani fue sacado del cajón el 6 de septiembre, cuando comenzó a analizar el planteo el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti. El 27 de ese mes pasó a manos de Enrique Petracchi y el 30 fue derivado a la oficina de Carlos Fayt. El 2 de octubre, por su parte, llegó a Elena Higthon de Nolasco y un día después a Juan Carlos Maqueda. Faltan Raúl Zaffaroni y Carmen Argibay.

El reclamo de los abogados pampeanos consiste en que se ordene a Mendoza la cesación de las actividades generadoras de daño ambiental colectivo, y se adopte en un plazo razonable las medidas necesarias que "garanticen el uso razonable y equitativo de las aguas del Río Atuel Inferior respecto de los habitantes de la Provincia de La Pampa". También pidieron el dictado de una medida cautelar para que se ordene a la provincia de Mendoza "que adopte de forma urgente las medidas adecuadas a fin de garantizar el mínimo caudal fluvio ecológico" del río.

En 1987 la Corte Suprema ya se pronunció sobre este tema. El fallo, recordado como "La Pampa c/ provincia de Mendoza p/ acción posesoria de aguas", resolvió que el río era interjurisdiccional, y debía ser administrado por ambas provincias para su uso razonable y conjunto. Instó a ambas administraciones a elaborar trabajos conjuntos para llevar adelante el desarrollo regional basado en la cuenca del Atuel.

La solución teórica reconoció el derecho de La Pampa a sacar provecho del caudal en la misma medida que Mendoza. Pero en la práctica, la Corte reconoció a Mendoza el uso de esas aguas para riego, y dispuso que La Pampa tendría derecho sobre el excedente del caudal del Atuel, sólo una vez que Mendoza hubiera garantizado el riego sobre casi 76 mil hectáreas de tierras.