El PRO de Mauricio Macri cumplió la amenaza de seguir los pasos de la Asociación de Magistrados y presentó ayer una demanda para que se declaren "inconstitucionales" las designaciones de 16 fiscales subrogantes realizadas por la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, a partir de la aprobación del nuevo Código Procesal Penal (CPP). En medio de una escalada de un sector del Poder Judicial contra la jefa de los fiscales, el macrismo efectuó la presentación apoyada en la falta de una "ley de implementación" del flamante CPP y en "problemas de clara discrecionalidad" en el nombramiento de representantes del Ministerio Público.

La senadora Gabriela Michetti y los diputados Federico Pinedo, Pablo Tonelli y Patricia Bullrich (Unión PRO) fueron los firmantes del escrito, ingresado en la Cámara que lo derivó al juzgado de feria en lo Contencioso Administrativo Federal, a cargo de Enrique Lavié Pico, quien en menos de una semana otorgó dos medidas precautelares que frenaron el desembarco de los fiscales interinos previsto para el 2 de febrero, a la espera de un informe de la Procuración.

Por sorteo recayó en el juzgado Nº 3, a cargo de Claudia Rodríguez Vidal, quien entenderá en la causa una vez finalizada la feria judicial de enero, algo similar con lo que debería haber ocurrido con el expediente ingresado por el legislador massista Mauricio D'Alessando para el que Lavié Pico habilitó su tratamiento. El PRO en la demanda que busca apuntalar los amparos presentados, también exigió que se habilite el receso para darle curso.

"Pedimos que se declare la invalidez jurídica o inconstitucionalidad de las resoluciones" de la Procuración, "que hubiera procedido a la designación de personal destinado a cubrir los cargos creados en los términos de la ley 27.063", que corresponden al Anexo II de la norma aprobada por el Congreso, indicaron los dirigentes del PRO. Para el macrismo, las designaciones "violan el principio de división de poderes".

"Es una acción judicial que complementa los amparos que ya se presentaron. No es la misma modalidad del amparo, que se solicita sin producción de prueba, sino que es un juicio ordinario para analizar en base a las pruebas solicitadas el comportamiento de Gils Carbó", indicó Pinedo en diálogo con Tiempo. "El pedido es de una declaratoria de inconstitucionalidad a través de lo que se denomina 'Proceso de conocimiento', un proceso para producir prueba", aclaró el legislador. "Cuestionamos la politización de la designación de fiscales tanto para nombrar funcionarios en Fiscalías que recién van a existir en 2016, como de nombrar fiscales de distintas provincias para la Capital Federal", sostuvo Pinedo.

Desde el entorno de Gils Carbó declinaron pronunciarse sobre la nueva acción judicial y la enmarcaron en lo que consideran una embestida política contra la procuradora general.

"El CPP, en su Anexo II, le permitía al Ministerio Público nombrar 1734 cargos judiciales, que no tenían ley de implementación, no se sabía dónde iban a ir, qué tarea iban a cumplir y qué perfiles había que conseguir porque no se sabía en qué tipo de fiscalía iban a estar. En consecuencia, el único objetivo de ese Anexo II era hacerse de esos cargos", afirmó Bullrich, casi 24 horas después de que los principales referentes de la bancada oficialista defendieran la facultad del Poder Legislativo de haber sancionado el nuevo Código.

"Esta ley (por la de implementación) la tiene que dictar una comisión bicameral, que nunca fue convocada. El objetivo de nombramientos de estos 1734 cargos, que ya se comenzó con estos fiscales, es el adueñamiento, de la colonización y de construcción de una justicia que responda a una ideología política y no como debe ser, ciega frente al que tiene adelante", señaló Bullrich.

Ayer, el senador Miguel Ángel Pichetto (FPV) anunció la inminente convocatoria a la comisión y la publicación de la nómina de legisladores oficialistas que la integrarán. Varios diputados kirchneristas deslizaron que buscarán diseñar una ley para implementar el nuevo código en los primeros meses del año.

De todas formas, Bullrich insistió con el pedido de juicio político a Gils Carbó. "Vamos a nutrir la solicitud que ya tenemos. Lo plantamos como bandera. Mientras el oficialismo tenga mayorías va ser muy difícil que prospere", aseguró la diputada.

CAMBIO DE JUEZ. La semana que viene, habrá un cambio de turno en los juzgados de feria que deberán atender esas causas –a cargo de Esteban Furnari–, que podría optar por rechazar las cautelares u otorgarlas. Cualquier apelación a esas medidas llegarían a la Cámara al filo de la feria judicial, cuando los expedientes de primera instancia deberían retomar el curso del juzgado natural donde recayeron. «