El gobierno de Guillermo Montenegro está decidido a avanzar con una importante modificación del Código de Ordenamiento Territorial (COT), que cambiará radicalmente la fisonomía del sur de General Pueyrredon. La habilitación de la radicación de complejos de cabañas conjuntamente con la radicación de una nueva zona comercial en Chapadmalal forman parte de dos anteproyectos de ordenanzas que ya son cuestionados por vecinos.

Pese a que ambas iniciativas ya cuentan con un borrador avanzando, que fue avalado por empresarios y cuestionado por asambleas vecinales, hasta el momento no han sido elevadas al Concejo Deliberante para su discusión, a diferencia de la autorización para habilitar la construcción del country Big Sur en Ruta 11 y calle 515.

Según supo La Tecla Mar del Plata, el Ejecutivo tiene avanzado un plan para realizar un censo sobre la situación en los barrios del sur del distrito respecto a la existencia de complejos de cabañas. Una parte de ellas, se supone que la minoría, fueron habilitadas por medio de diferentes excepciones tramitadas formalmente, pero el inconveniente sería la mayoría de ellas, construidas clandestinamente. Con el mapeo en mano, se terminarían de afinar los proyectos de ordenanzas, que podrían llegar al Ejecutivo en los próximos meses.

El proyecto central apunta a la regularización de la actividad de cabañas, modificando el FOl y el COT, normando que el actual índice demográfico que fija un tope de 130 habitantes por hectárea pueda ascender a más de 400 personas por hectárea. Para los vecinos organizados, se busca “transformar el territorio de toda Chapadmalal en un emprendimiento monstruoso de cabañas”, en el que podrían construirse hasta 50 por manzana, además de lavaderos, servicios de desayuno, oficinas, piletas de natación, etc.

De avanzar la propuesta, “modificaría disvaliosamente las condiciones de vida y parsimonia que forman parte de la idiosincrasia cultural de la comunidad de Chapadmalal, zona de familias cuya caracterización está dada por contar con grandes espacios verdes, baja densidad poblacional y tranquilidad en su calles y plazas”.

En segundo término, se busca modificar la categoría R7 a C4 de la “colectora” de la Ruta 11 comprendida entre los arroyos Lobería y Seco, para que así se posibilite la transformación de la zona residencial en comercial. “Todo ello no responde a intereses de la comunidad, sino que usan el Estado para gestionar negocios privados”, sostuvieron desde el Observatorio en la misiva a la que accedió este medio.