Por Carlos PagniCristina Kirchner estaba exultante anoche. Considera que del éxito de la presión ejercida sobre la Asamblea de Gualeguaychú sadrá algo más que la liberación del puente que une esa ciudad con Fray Bentos. Como la estrategia de amenazar con acciones penales a esos vecinos determinó el resultado de la reunión de anoche, intentará aplicar el método a cualquier otro corte de ruta. El Gobierno cree, entonces, haber encontrado en el conflicto entrerriano la solución a uno de sus grandes dilemas: cómo garantizar el orden sin que un policía aparezca castigando a un manifestante.
El prodigio que pretende producir la señora de Kirchner sigue teniendo algunas dificultades ostensibles y otras que no aparecen a simple vista. El pase de magia por el cual los ecologistas a quienes se les cedió, en la persona de Romina Picolotti, la Secretaría de Medio Ambiente, deben mutar en delincuentes que merecen ser expropiados por interrumpir el tránsito, demanda más de un fin de semana. Sobre todo si el grupo que lo ensaya lleva en su seno a metodólogos como Guillermo Moreno, Hugo Moyano o Luis D´Elía. Anoche comenzó a tomar cuerpo la estrategia aconsejada por algunos activistas de transformar Gualeguaychú en una especie de Fuenteovejuna mesopotámico: en la asamblea se juntaban firmas de vecinos dispuestos a autoincriminarse para que la acusación judicial del Gobierno alcanzara a tanta gente que se volviera inviable.
Otro problema es que los ambientalistas condicionaron la retirada a sus hogares a que la pastera UPM -antes llamada Botnia- sea sometida a una supervisión binacional. Debería ser fácil satisfacerlos.
El 12 de noviembre de 2004, los miembros argentinos y uruguayos de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) acordaron un protocolo de monitoreo ambiental muy minucioso, que llevarían adelante técnicos designados por la propia comisión y por el municipio de Gualeguaychú. A pesar de que aquel día se suscribió un acta, las diligencias previstas nunca se realizaron.
Las autoridades argentinas, en el máximo nivel, presumen que en el marco jurídico de la inversión de Botnia podría existir alguna cláusula que proteja a la compañía de la realización de exámenes dentro de la planta. Cuando José Mujica insinuó, en la página web de la presidencia del Uruguay, que deberían realizarse esos controles, pareció confirmar esa sospecha. Cuando afirma que "son los afectados más directamente por nuestras acciones los que más derecho tienen a estar involucrados en la protección de sus intereses", está hablando a los directivos de la empresa. Exista o no esa restricción, es previsible que los dueños de la procesadora de celulosa no quieran ser controlados por quienes están convencidos, a priori, de que ellos contaminan.
Voluntad pacificadora
Estas restricciones vuelven más meritoria la voluntad pacificadora de Mujica. Anoche él también habrá festejado el resultado de la deliberación de los entrerrianos casi como los tres goles del partido con Sudáfrica. Mujica ya se encargó de un costo cuando levantó el veto contra Néstor Kirchner en la Unasur sin que le garantizaran el libre tránsito sobre el puente.
Ahora apunta a doblegar la resistencia de los finlandeses a ser vigilados. Esta manera de absorber riesgos habla de un superávit de credibilidad que vuelve más visibles las dificultades del gobierno argentino, durante tres años y medio, para garantizar la libertad de circulación internacional.
El requerimiento de una supervisión conjunta quizás oculte una consecuencia controvertida que los Kirchner no contemplan: que Uruguay pretenda reciprocidad. ¿Puede suceder que desde Montevideo se exija el examen binacional de todas las industrias argentinas que drenan sus desperdicios sobre el río compartido?
Para imaginar una respuesta, basta consignar un episodio reciente. En febrero de este año, un centenar de bañistas del balneario Ñandubaysal registró irritaciones en la piel. Cuando se analizaron las aguas cercanas a la costa, se detectó que las ronchas podrían haber sido provocadas por las excrecencias que arroja el arroyo Gualeguaychú al desembocar sobre el Uruguay. La información agitó a los orientales de Fray Bentos.
Con estos obstáculos por delante, los asambleístas pensaban ayer el levantamiento del corte como una medida transitoria. Su fortaleza, sin embargo, está minada. La duración del conflicto es extenuante, sobre todo para vecinos que carecen en su mayoría de experiencia política.
El fallo de La Haya, además, los desalentó con su falta de prescripciones sobre la eventual polución. La sociedad entrerriana, por su lado, tiende a aislarlos. Y la dirigencia nacional más sensibilizada por las cuestiones ecológicas no se ha integrado a la escena, acaso repelida por un activismo que desconfía de la manipulación partidaria.
Banco de pruebas
Estas condiciones facilitan para los Kirchner el objetivo de convertir a Gualeguaychú en un banco de pruebas donde abordar una de las grandes amenazas que trajo la crisis del año 2001 para quienes ejercen el poder: la captura del espacio público como fórmula de reivindicación sectorial. La persistencia de este problema tiene, para empezar, efectos prácticos: en todo el país el Estado destina por día 3500 efectivos policiales a disolver piquetes. También alberga consecuencias electorales. El descontrol de las vías de comunicación está entre las causales de divorcio que plantean los sectores medios respecto del Gobierno.
Pero no sólo el oficialismo, también la oposición encuentra muy significativo lo que sucede en Entre Ríos. Una de las pesadillas que asalta a la dirigencia no peronista cuando se imagina en el poder es que los Kirchner, desplazados, utilicen las organizaciones sociales afines para convertir la calle en un infierno. Por lo tanto, en estos días se sabrá algo más: si a orillas del Uruguay el matrimonio no le estará dando, con sus actitudes y argumentos, una muerte anticipada a ese demonio.
CRONOLOGIA ABRIL DE 2005
Primeras protestas
Una multitud de 40.000 personas tomó el puente internacional General San Martín. En 2006 el corte se hizo ininterrumpido.
MAYO DE 2006
Causa nacional
Néstor Kirchner encabezó un acto masivo en Gualeguaychú, donde denominó "causa nacional" el reclamo de los asambleístas.
NOVIEMBRE DE 2007
Arranca Botnia
El gobierno uruguayo autorizó a la pastera para que comience a operar.
ENERO DE2009
No a los cortes
Kirchner rechazó los cortes y dijo que su gobierno "nunca estuvo de acuerdo con esa metodología".
ABRIL DE 2010
Llegó el fallo
La Corte de La Haya dictaminó que Uruguay incumplió obligaciones, pero no encontró motivos para desmantelar Botnia.
JUNIO DE 2010
Reunión bilateral
Cristina Kirchner se reunió en Uruguay con José Mujica y pidió a la justicia argentina que falle contra el corte.






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