Así fue la movida para endultar el impuesto a las bebidas azucaradas

Así fue la movida para endultar el impuesto a las bebidas azucaradas

Apuerta cerrada se acordaron los umbrales que, para el 2023, dejarían por fuera a varias bebidas de Postobón como la Manzana, y a la Sprite de Coca-Cola del impuesto a las bebidas azucaradas.

Por: María Camila González Olarte ySantiago Amaya Barrantes.

Una semana antes de que el Congreso radicara la ponencia positiva para el primer debate de la reforma tributaria, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, cedió en dos reuniones ante las peticiones de congresistas para suavizar el impuesto a las bebidas.

Las dos reuniones que definieron el nuevo rumbo del impuesto fueron en el antiguo edificio del ministerio de Hacienda, que queda justo al frente de la Casa de Nariño. En ambos encuentros estaban el minHacienda, el viceministro técnico de Hacienda, Gonzalo Hernández, el director de la Dian, Luis Carlos Reyes, y los ponentes de la tributaria y sus respectivos equipos.

La primera reunión fue el 27 de septiembre y se citó desde las 9 de la mañana, duró varias horas y se terminó hacia el medio día. Unos congresistas pidieron que el umbral con el que se calcula el impuesto a las bebidas azucaradas no sea de 4 gramos de azúcar por cada 100 mililitros, como habían planteado en el proyecto de ley radicado el 8 de agosto, sino de 8 gramos. Y otros pidieron que fuera al menos de 6 gramos.

Con esos cambios planteados en el gramaje, menos bebidas azucaradas entrarían al combo de pagar más impuestos el próximo año y dejarían entonces a las que tienen más azúcar entre las que empezarían a cobrar.

En medio de una discusión ruidosa y desordenada de ese día, que también se repitió el 5 de octubre, se acordó inicialmente que “las tablas para 2023 y 2024 iban a tener unos umbrales de 6 y 10 gramos, superiores a los que se plantearon inicialmente”, le dijo a La Silla una persona que estuvo en el encuentro y que pidió no ser citada para poder dar detalles.

Estaban los coordinadores y ponentes de la tributaria. Hubo algunos congresistas que sobresalieron por las discusiones alrededor de las bebidas azucaradas como Efraín Cepeda, del partido Conservador, y Álvaro Henry Monedero, del partido Liberal, quienes insistieron particularmente en subir los umbrales a partir de los cuales se cobraba el impuesto.

Al salir de esa reunión, Ocampo le dijo a los medios de comunicación que “esos fueron cambios pequeños, realmente. El gramaje va a ser gradual y también el impuesto, en ese caso. El de alimentos quedó aprobado como quedó presentado y en ambos casos no se afecta a los pequeños de alimentos y bebidas, dado que ellos no quedarán sujetos al gravamen”.

Pero el camino se empezó a allanar para que tampoco se vieran afectados gigantes de las bebidas azucaradas, como Postobón o Coca Cola.

En la otra reunión, un día antes del primer debate de la reforma tributaria y que también se hizo en el edificio del ministerio de Hacienda, se volvió a tocar el tema y se suavizaron aún más los impuestos. Esta vez, los congresistas pidieron que subiera más el gramaje desde el 2025 y Ocampo finalmente cedió.

Con esos ajustes a última hora en el edificio blanco del ministerio de Hacienda, si una bebida azucarada tiene menos de 6 gramos de azúcar por cada 100 mililitros no tendrá que pagar ningún impuesto en 2023 y en 2024. Los que tengan entre 6 y 10 gramos pagarán 18 pesos y los que tengan 10 gramos o más pagarán 35 pesos. Y los pesos que pagarían por la cantidad de azúcar subirían de manera gradual en los próximos tres años.

Desde 2024 el impuesto subirá y las bebidas que tengan entre 6 y 8 gramos pagará 28 pesos y más de 10 gramos paga 55 pesos.

Desde 2025, esos umbrales de nivel de azúcar bajan y más bebidas pagarían el impuesto. Según como quedó el articulado aprobado en el primer debate, desde ese año las bebidas que tengan menos de 5 gramos no pagarán, las que tengan entre 5 y 9 gramos pagan 38 pesos y las que tengan igual o más de 9 gramos pagan 65 pesos. 

Un quiebre al muro de los lobistas y de los conflictos de interés

Desde el 2016, por el Congreso han intentado pasar al menos cinco iniciativas legislativas para ponerle impuestos a las bebidas azucaradas con el fin de desincentivar su consumo y así prevenir enfermedades crónicas, como la obesidad o la diabetes, que le sale caro al sistema de salud colombiano.

Con el avance de los artículos que crea los impuestos en la tributaria de Ocampo, esta es la primera vez que una iniciativa como esas tienen unas mayores probabilidades de pasar, gracias a la aplanadora que tiene el Gobierno de Petro en el Congreso y a una decisión política que comparten el presidente y el ministro.

Pero el lobby de la industria que se mueve alrededor de esas bebidas no ha parado y logró mover al Gobierno. Para presentar la ponencia para el primer debate, el Gobierno, el Congreso y los gremios tuvieron al menos dos meses de reuniones. En ese tiempo llegaron al menos 900 proposiciones. Estas son solicitudes de modificación que hacen los congresistas, y que por tratarse de un proyecto que pone impuestos, necesitan el aval del Gobierno para incluirse en el articulado.

De esas 900 proposiciones, 69 estaban dirigidas a cambiar los impuestos a las bebidas azucaradas o incluso a eliminarlos.

La Silla revisó los posibles conflictos de interés que reportaron los congresistas para debatir la tributaria y encontró que cuatro congresistas recibieron financiación de empresas de bebidas azucaradas, como Postobón, y de esos uno de ellos hizo proposiciones para hacerle ajustes a esos impuestos.

Se trata de Armando Antonio Zabaraín, del partido Conservador, quien presentó 6 proposiciones para ajustar los impuestos a las bebidas y que además recibió una donación de 90 millones de pesos a su campaña por parte de Postobón y declaró su conflicto de interés.

De otro lado, se movieron también los lobbistas y cabezas de las empresas grandes. Juan Carlos Mira, vicepresidente de relaciones corporativas de la Organización Ardila Lülle, que son los dueños de Postobón y miembros de la firma que contrató Coca-Cola Femsa para ser su interlocutor en el Congreso.

Ellos buscaron encontrarse con varios congresistas para buscar un espacio para suavizar las tarifas del impuesto a las bebidas azucaradas. “Yo me reuní con los de Postobón, los de Coca-Cola, los de Big Cola para discutir del impuesto y ellos decían que tenemos que buscar la forma de no asfixiar la industria”, le dijo a La Silla Katherine Miranda, presidenta de la comisión tercera de la Cámara de Representantes.

De cara al público, según se lee en la ponencia que fue aprobada en comisiones conjuntas la semana pasada, los argumentos de los parlamentarios interesados en el tema era que los impuestos “generaran un impacto en la inflación y que sus efectos afectaran en mayor medida a la población más vulnerable”.

Por otro lado, gremios como la Andi o Fenalco, pidieron ajustes porque estos podrían afectar a las industrias involucradas con ese negocio, como los ingenios azucareros, los distribuidores, los productores y los tenderos.

La pelea entre Coca - Cola, Postobón y los chiquitos

Las empresas que tienen el 83,6% del mercado (en volumen) de las gaseosas en Colombia son Postobón y Coca - Cola. Ambas libraron a puerta cerrada una discusión por la carga tributaria que estarían dispuestos a pagar por el nuevo impuesto.

“Ellos al principio se aliaron para hacer lobby en conjunto para hacerle el quite a ese impuesto, pero Postobón al final hizo gestión por su lado y quedó el gramaje en 6 y no en 8, que podría perjudicar sobre todo a Coca-Cola porque ellos tienen menos margen de maniobra para cambiar la fórmula. Ahora ellos están peleados”, le dijo a La Silla un directivo de una organización cercana al proceso y que prefirió no revelar su identidad.

El centro del problema es que Coca- Cola tiene más limitaciones para bajar la cantidad de azúcar en sus bebidas porque la fórmula con la que hacen su gaseosa insignia depende de decisiones de la multinacional, mientras que Postobón puede jugar con la fórmula para tener menos azúcar en sus bebidas y no pagar tanto del impuesto, o caer en un rango menor.

“Postobón en pocos días puede bajar la cantidad de azúcar combinándolo con edulcorante y así no tener que pagar impuesto, mientras que Coca - Cola depende de ajustar la fórmula en Atlanta”, le dijo a La Silla el directivo.

En esa discusión también entran los pequeños productores de bebidas azucaradas que tienen un margen más pequeño para operar que los gigantes y si aumentan el impuesto le tendrían que subir el precio a los consumidores finales, mientras que Coca - Cola o Postobón tendrían más margen de maniobra para que la empresa asuma el costo del impuesto para no dejar de ser atractivos.

Eso se explica porque el impuesto no le cobra el impuesto en un porcentaje sobre el precio final de la bebida, sino un costo fijo en pesos por volumen. Eso quiere decir que si una gaseosa vale 1.200 pesos y tiene 10 gramos de azúcar por cada 100 mililitros y tiene 400 mililitros, tendrá que pagar 140 pesos más de impuesto, sin importar su costo base.

Por ejemplo, una Coca Cola original de 400 mililitros que vale 2.500 pesos y tiene 10,2 gramos de azúcar por cada 100 mililitros puede asumir los 140 pesos que tendría pagar por el impuesto en su valor total, mientras que una gaseosa como Klip, que se vende entre 700 y 1.000 pesos por una botella del mismo tamaño tendría que subir mucho más su valor total.

Y como los márgenes de ganancia son tan bajitos frente a los gigantes que tienen la mayoría del mercado, a los más pequeños les tocaría cobrarle ese incremento al consumidor y haría más difícil competir en precios con las otras dos grandes marcas. Si eso sucede, eso podría afectar al 16 por ciento de esa torta, marcas como Big Cola y la gaseosa Sol de Girardot.

Las reuniones y el lobby no han parado. La tributaria entra ahora a plenarias, al campo de más de 270 congresistas de dos cámaras. Por los cambios que se hicieron en la primera ponencia, el país dejaría de recibir al menos 300.000 millones de pesos al año, según cálculos del Ministerio de Hacienda.

Y aunque representaría menos ingresos para el país, la posición del presidente Gustavo Petro, como le confirmó a La Silla Katherine Miranda, es que “lo importante es el mensaje, no tanto el recaudo”. Al final, ese mensaje podría llegar aún más aguado. 

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