Un informe del CEPA aseguró que la moratoria jubilatoria aprobada en Diputados es es una medida urgente para atender las necesidades de más de 1,5 millones de personas en edad de jubilarse pero que no cuentan con los 30 años de aportes que exige la Ley. El documento menciona que el esquema actual para acceder a la moratoria -con vigencia desde 2014- concluyó el 23 de julio pasado, y que el presidente Alberto Fernández anunció una prórroga “extendiendo su plazo hasta que el Congreso sancione una nueva ley”.

Describe que “más de 1,5 millones de personas en edad jubilatoria no cuentan con los 30 años de aportes que exige la Ley. De ese número, 906.876 tiene aportes, pero no los suficientes, y 680.724 directamente no cuenta con aporte alguno”. Se agrega además que “sólo 1 de cada 10 mujeres y 3 de cada 10 varones en edad jubilatoria están actualmente en condiciones de hacerlo, por lo que el resto requerirá de una moratoria que les permita comprar aportes para acceder a este derecho”.

Entre otros datos relevantes se menciona que solo el 6,6 por ciento de las mujeres de entre 55 a 59 años tiene entre 25 a 27 años de aportes, mientras que el 46,1 por ciento no cuenta con ningún aporte al sistema jubilatorio. 

En el caso de los hombres de entre 60 a 64 años, sólo 16 por ciento tiene entre 25 a 27 años de aportes, al tiempo que 17,6 por ciento no tiene ningún aporte. El sector privado, el sector público y los autónomos son los ámbitos con mayor cantidad de personas en condiciones de jubilarse (aportes de entre 25 y 27 años). Pero sólo alcanzan 18, 36 y 20 por ciento, respectivamente.

En el caso de los monotributistas, monotributistas sociales y trabajadoras/es de casas particulares se percibe una situación compleja, indica el informe. Aclara que sólo superan los 25 años de aportes 5,7 por ciento (11.922 casos), 0,06 por ciento (36 casos) y 0,1 por ciento (103 casos), respectivamente.

“Los datos históricos del mercado de trabajo para personas cercanas a jubilarse dan cuenta de un derrotero difícil de sortear a los efectos de poder jubilarse. Desde 1990 en adelante se observa un nivel promedio elevado de desocupación (10,3 por ciento) y empleo no registrado (34,7 por ciento) y picos sensibles (21,5 por ciento en desocupación en mayo 2002 y 50 por ciento de trabajo no registrado en el tercer trimestre de 2003)”, se indicó.

El documento agregó que “la desocupación e informalidad laboral persistente implica fundamentalmente que buena porción de trabajadores y trabajadoras no logran cumplir con el extremo legal de años de aportes cuando llegan a la edad jubilatoria”.

Brechas de género

Las brechas de género se encuentran presentes. “En este escenario, las más afectadas son las mujeres, que históricamente presentan mayores tasas de desocupación e informalidad que los varones”, se precisó. 

Para agregar que “se vincula a las desigualdades estructurales existentes en el mercado laboral que repercuten directamente en el acceso a derechos de las mujeres pasivas: trabajan menos horas fuera de sus hogares y tienen menos aportes registrados en su recorrido laboral, en buena medida porque suelen estar sujetas a trabajos de mayor precarización e informales, y porque ocupan gran parte de su tiempo en el desarrollo de tareas domésticas y de cuidados no remuneradas”.

El informe plantea que es posible constatar que, para las mujeres, el escenario de evolución histórica tanto en desempleo como en trabajo no registrado fue sensiblemente peor a las de los hombres.

Mientras que para el período de mayo 1990 al tercer trimestre 2021 el promedio de desocupación de mujeres ascendió a 11,6 por ciento, en el caso de los hombres el dato alcanza 9,2 por ciento. La brecha, en promedio, ascendió a 2,4 puntos porcentuales.

En el caso del empleo no registrado, para el lapso que va del tercer trimestre de 2003 al tercer trimestre de 2021, el promedio ascendió a 40,0 por ciento para las mujeres, para los hombres sumó 33,4, es decir, un diferencial para dicho período de 6,6 puntos.

“La moratoria se vuelve una herramienta indispensable para, por un lado, no penalizar dos veces a trabajadores/as informales o desocupados/as: en su vida activa, sin derechos laborales y, en su vida pasiva, con pensiones por vejez que otorgan menores ingresos que las jubilaciones. Y por el otro, mitigar la brecha de género existente en el sistema previsional”, indicó el informe.

"La decisión del Presidente Alberto Fernández, y la eventual aprobación del proyecto de ley que ya cuenta con media sanción en el Congreso, lograrán promover el acceso al derecho a la jubilación de las personas mayores que, por haber afrontado dificultades en su vida laboral activa, no tienen la totalidad de sus aportes, impulsando para ello la regularización de su situación", concluyó el trabajo de investigación de los economistas del CEPA.