Morales recordó la acción de amparo promovida por el Radicalismo contra el Estado Provincial por incumplimiento del Programa un lote para cada familia que lo necesite en el mes de noviembre del año pasado y precisó que la Justicia requirió a los organismos intervinientes un conjunto de informes acerca de la ejecución del programa y que éstos no han cumplido.

Señaló que además de la mora en la ejecución del otorgamiento lo más grave es la ejecución de servicios, “la mora más importante es que la gente vive sin luz, sin agua, sin obras de cloacas, viven sin los servicios básicos, que eran obligatorios y estaban establecidos en el decreto de creación del programa”, explicó.

“El Estado provincial no ha contestado nada, porque no ha hecho nada, no ha cumplido con el Programa un lote para cada familia” afirmó el legislador nacional y agregó que a consecuencia de la negativa a informar, la Cámara en lo Contencioso Administrativo impuso una sanción conminatoria de 100 pesos por cada día de demora a EJESA, a la Dirección General de Inmuebles, al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, en forma solidaria con los funcionarios responsables a partir del 8 de agosto.

De la conferencia de prensa participaron el diputado nacional Mario Fiad, el presidente del bloque de diputados radicales Alberto Bernis, los diputados provinciales Pablo Baca y Alejandra Martínez y la apoderada legal Fernanda Yapur.

A su turno, el diputado nacional Mario Fiad sostuvo que “a casi dos años del lanzamiento del plan, es notable la inacción del Estado Provincial” y denunció que el plan un lote para cada familia tuvo solo un fin electoral.

Por su parte el diputado Alberto Bernis manifestó que queda demostrado el poco interés del Gobierno Provincial de brindar una solución a la crisis habitacional, recordó que en su momento la UCR planteo la entrega de los lotes con todos los servicios básicos y la escritura de los mismos.

El diputado Pablo Baca dijo, en tanto, que es repudiable que el Estado no brinde información ante un requerimiento judicial y agregó que la falta de servicios esenciales como el agua, genera una situación de “crisis humanitaria”.

Finalmente anunciaron que todavía no hay sentencia, sino que la Justicia, como consecuencia directa del amparo promovido por la UCR, determinó una multa diaria a los funcionarios que no han acercado información.