El senador nacional, Gerardo Morales, en principio recordó que la UCR a través de sus legisladores y junto a personas damnificadas por la forma de ejecución del Programa “Un lote para cada familia que lo necesite”, presentó una demanda de amparo a los efectos de que la justicia obligue al Estado a dar cumplimiento efectivo e inmediato a los Decretos Nº 9190 y 9191 que instrumentaron dicho programa. Pero además en la demanda también se ha requerido que se provean servicios esenciales para paliar la crisis humanitaria configurada por la falta de agua, energía, recolección de residuos, cloacas, desagües pluviales y seguridad.

“Estamos sorprendidos por la respuesta del Gobierno y su posición respecto de esta problemática” afirmó Morales y observó que los lineamientos dados por el Gobierno a su representante legal, “lamentablemente estuvieron orientadas únicamente a chicanear y obstaculizar el proceso con argumentos de procedimiento, eludiendo las cuestiones de fondo”.

Según MOrales la actitud del gobierno "no sólo apunta a negar la realidad que existe en los asentamientos y las deficiencias en la ejecución del programa, y por ende a obstaculizar las soluciones posibles, sino que además ante un planteo del presidente de trámite del Tribunal, el Gobierno ha negado la posibilidad de una acción de conciliación para proveer una solución al reclamo que expresa la demanda".

El senador radical indicó que en su contestación "el Estado ha subestimado el derecho a la vivienda, y ha recurrido a un fallo que indica que “se trata del derecho menos concreto y más programático de los derechos esenciales y, pese a estar garantizado en disposiciones internacionales y nacionales, no son pocos quienes opinan que está supeditado a lo económicamente posible”.

También explicó Morales que el Gobierno Provincial en su contestación ha negado que sea su obligación brindar servicios y al respecto incurre en algunas contradicciones. Precisó el senador nacional que el Gobierno aduce en principio que los decretos que crean el programa “Un lote para cada familia que lo necesite” no garantizan los derechos a los servicios y reduce la obligación estatal al lote, al que considera no un derecho sino una cuestión patrimonial”. Más adelante –agregó Morales, el estado reconoce que los decretos estipulan que deben brindar servicios de agua potable, luz, perfilado de calles y enripiado”.

Subrayó Morales, que dichos decretos señalan claramente la obligación del estado en esta materia, pero además recordó que hay leyes preexistentes que no dejan dudas respecto de esta obligación. “Una ley de fondo, la 3169 sobre el Régimen de Tierras Fiscales, en su art. 76 habla de las obras de infraestructura y la instalación servicios básicos”.

También Morales expresó su preocupación por la manifestación del Estado que ha expresado que no existe un plazo determinado para el cumplimiento del programa “Un lote para cada familia que lo necesite”. Recordó Morales que el Gobierno Provincial en el marco de la crisis habitacional en agosto del año pasado anunció que brindaría soluciones en un plazo de 15 días, lo que generó la reacción del radicalismo que denunció una actitud demagógica de corte electoralista.

Morales informó además que el Gobierno ha desconocido que haya plazos de cumplimiento del programa. “Hasta el momento de los 32 mil beneficiarios del programa, sólo 5 mil han recibido un lote. De continuar este ritmo de ejecución, se necesitarán 6 años para cumplir con un programa que es de emergencia”.

“Si la naturaleza de este programa está sostenida en la emergencia, debería resolverse en lo inmediato” enfatizó el senador radical y expresó la expectativa de los legisladores y los damnificados directos en torno a la decisión de la justicia.

“Aspiramos a que se obligue a cumplir los Decretos y las leyes vigentes y que el Gobierno establezca un plazo razonable atendiendo la necesidad impostergable de solucionar las cuestiones humanitarias en los lotes y la necesidad de una vivienda digna de los inscriptos en el programa”.