Martín Dinatale

En un nuevo gesto de cooptación de votos de la clase media y otra embestida del Gobierno contra las prepagas, el presidente Javier Milei decidió avanzar con la firma de un decreto que apunta a flexibilizar el sistema de ingreso de afiliados a la medicina privada con el fin de facilitar el acceso de los sectores medios o jubilados.

 

Según confiaron a El Cronista fuentes calificadas de la Casa Rosada, la nueva medida de Milei contra las prepagas se dará a conocer en los próximos días y se elaboró en el Ministerio de Salud que conduce Mario Russo en coordinación con la Superintendencia de Salud. La medida iniciativa cuenta con el aval del ministro de Economía, Luis 'Toto' Caputo.

 

La medida se enmarca en una segunda etapa del decreto 70/2023 que definió la desregulación del sistema de prepagas y obras sociales. Ahora la intención de la Casa Rosada es que las personas que quieran tener una cobertura privada o permanecer en ellas tengan un "acceso más flexible" a la medicina prepaga, según consta en el borrador de la norma por publicarse en el Boletín Oficial.

 

De esta manera, la idea del Gobierno es establecer menos requisitos y facilidades para acceder a las prepagas para aquellas personas que quieran permanecer en un sistema o que se les exija determinados parámetros de cumplimiento imposible en términos económicos.

Se trata también en términos políticos de retener a la clase media y los jubilados que son los que en algún momento apoyaron a Milei y con las medidas de ajuste se desencantaron. 

No es la primera vez que el Presidente lanza gestos hacia la clase media. Ya avanzó con los vouchers escolares, leyes para dar alivio a los monotributistas, la baja en las cuotas de las prepagas, la decisión de dar marcha atrás en el aumento de aranceles en el Registro Automotor, las excepciones del pago de IVA para las pymes y un acuerdo con los empresarios del turismo para reducir tarifas.

 

Cambios propuestos

En la actualidad la decisión de ingresar a una obra social o prepaga para personas mayores de 50 años o jubilados se torna cada vez más complicada y onerosa. Es que las empresas de medicina privada tratan de evitar la incorporación de estos sectores ya que son proclives a tener tratamientos que en el futuro inmediato resultan costosos. 

Por ello, el Gobierno buscará con esta nueva medida imponer un esquema más rápido, flexible y económico para que no haya demasiadas trabas a la hora de ingresar a una prepaga.

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En la Argentina existen actualmente unas 300 obras sociales y prepagas nacionales que brindan atención de salud a más de 25 millones de personas. Pero en los casos en que una persona pasa de estar en relación de dependencia a estar jubilada; los monotributistas o aquellas personas que se quedan sin empleo se les dificulta acceder o mantener una prepaga por los requisitos que imponen. Lo mismo ocurre con aquellas personas de más de 50 años que quieren pasarse de una empresa a otra.

 

"Hay que desterrar este mecanismo actual. Es importante facilitar el acceso de ingreso a la medicina privada para evitar problemas en sectores que están golpeados por la situación económica", admitió ante El Cronista un funcionario que trabaja en la redacción del decreto en cuestión.

De esta forma, en el Gobierno admiten el doble efecto de esta medida: por un lado, beneficiará a sectores de clase media o jubilados que están castigados por la economía pero que pueden avalar un gobierno de Milei y, por otra parte, le servirá al presidente de sustento para mantener la embestida del gobierno contra las prepagas.

 

La flexibilización en los requisitos de exigencia de las obras sociales y prepagas forma parte de una nueva batalla del Gobierno contra las prepagas. Es que hace menos de un mes Milei resolvió que las empresas de medicina prepaga retrotraigan las cuotas a los montos de diciembre y que recalculen su valor ajustándolo por inflación.

Además, el Gobierno había presentado una medida cautelar en la Justicia para que las compañías devuelvan lo que hayan cobrado por encima del IPC medido por el INDEC desde que se desreguló el sistema.

En su momento, el vocero presidencial Manuel Adorni dijo que por esta medida de aplicación inmediata los afiliados deberían recibir sus facturas con el monto actualizado a partir del mayo. Esa medida tendrá una vigencia de 6 meses. El reclamo de que se restituya el dinero que se cobró por encima de la inflación dependerá de lo que resuelva la Justicia por la denuncia de presunta cartelización.