El Gobierno nacional puso toda la carne en el asador para defender el acuerdo al que llegó con Repsol por la expropiación del 51% de las acciones de YPF. Mandó al Senado -donde en una larga jornada comenzó a debatirse el proyecto de ley enviado por la Presidencia para solicitar el aval del Congreso- al poderoso secretario legal y técnico, Carlos Zannini, quien luego de casi 11 años en la función por primera vez dio cuentas de sus acciones en el Parlamento.

También estuvieron el ministro de Economía, Axel Kicillof, y el CEO de YPF, Miguel Galluccio, quienes junto a Zannini fueron los artífices del acuerdo que se alcanzó con la compañía española y por el cual la Nación se compromete a pagar a través de la emisión de bonos -el último vencimiento operará en 2033- U$S 5.000 millones en calidad de compensación. También expuso el ingeniero Daniel Marín, presidente de la sala “ad hoc” del Tribunal de Tasación que fijó el precio de dicha compensación.

La principal novedad se produjo sobre el final de la reunión plenaria de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda cuando el senador mendocino Ernesto Sanz (UCR) le preguntó a Zannini si una vez que se efectivice el acuerdo con Repsol (falta el visto bueno de los accionistas españoles y el aval del Congreso) las provincias petroleras que tienen el 49% del 51% expropiado deberán pagar su parte o no, tema que no estaba claro ni en la Ley 26.741 que declaró la utilidad pública del bien expropiado, aprobada en mayo de 2012, ni en el Acuerdo Federal para la implementación de dicha norma firmado por los gobernadores -entre ellos Francisco Pérez- con la Nación en agosto del mismo año.

Zannini reconoció ante la mirada de los senadores que las provincias que integran la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi) pasarán a ser deudoras de la Nación ya que será el Tesoro nacional el que pagará la totalidad de la indemnización a Repsol a través de la emisión de títulos públicos. De modo que para poder hacerse del 49% del 51% expropiado, los estados sub-nacionales deberán saldar esa acreencia con la Nación.

Sanz quiso saber de qué forma las provincias petroleras pagarán a la Nación la nueva deuda. Zannini dijo que eso no estaba estudiado pero barajó dos opciones. La primera es que las provincias cumplan con las mismas condiciones a las que se sujeta la Nación con Repsol, lo que fue entendido por una emisión de deuda de cada distrito que pasaría a engordar la cartera de acreencias con el Tesoro nacional. El poderoso funcionario también sugirió la posibilidad de que las provincias, que son los dueños de los recursos naturales, prorroguen concesiones a YPF o concedan la explotación de nuevas áreas.

El senador de La Pampa Carlos Verna (PJ no K) le aportó al debate un dato que preocupó a Sanz: Mendoza deberá pagarla e la Nación, ya sea en “especies” o con bonos, unos U$S 500 millones (U$S 490 millones para ser exactos) ya que esa cifra es equivalente al 5% de las acciones que le corresponden a la Provincia según el Acuerdo Federal que suscribió Pérez con el resto de los gobernadores y la Nación. En rigor, el Anexo 1 de ese convenio establece que Mendoza tendrá el 20,6% del 49% de las acciones que son de las 8 provincias productoras, que en conjunto pasarán a deber al Tesoro unos 2.450 millones de dólares.

En dicho Anexo 1 del acuerdo Nación-Provincias petroleras se fija que Neuquén tendrá la mayor participación, con el 41,8% dentro del 49% que va a los estados productores, seguida por Santa Cruz con el 20,9% y Mendoza con el 20,6%. Después vienen Chubut con el 8,4%, Río Negro con el 3,2%, Tierra del Fuego con el 2,5%, Salta con el 2%, La Pampa con el 0,5% y Formosa con el 0,2%.

“Zannini nos dejó en claro algo que veníamos preguntando hace dos años: que la transferencia de acciones a las provincias petroleras será onerosa. Es decir, ‘poniendo estaba la gansa’”, dijo Sanz al finalizar la reunión. El senador se preguntó de dónde sacarán plata las provincias para pagarle a la Nación. “Esto será complicado, la mayoría de los distritos están asfixiados financieramente. Si ceden regalías o extienden sin cobrar un peso las concesiones implica dejar de percibir recursos ahora o más adelante. Con un agravante: también quedó en claro que las utilidades que tenga la empresa deben ser reinvertidas para aumentar la producción y que además equivalen a las cifra de intereses que pagarán los bonos que se le entregarán a Repsol, es decir que de ahí no sobra plata”.

En tanto, el representante de Mendoza en el directorio de YPF, Omar Félix, señaló al igual que Zannini que la discusión Nación-Provincias petroleras para perfeccionar la transferencia de acciones aún no se ha dado. Sin embargo, consideró que no debe tomarse la nueva acreencia que Mendoza tendrá con el Estado nacional como un gasto.

“Esto es una gran inversión porque YPF es una empresa que seguirá creciendo y dará dividendos a sus dueños, entre ellos las provincias productoras”. Félix conjeturó que una de las posibles formas de pago a la Nación de las acciones que tendrá Mendoza son las mismas regalías. “Se puede buscar un mecanismo que le vaya descontando dinero a la Provincia pero sin que represente un fuerte impacto”. Hasta 2033 hay tiempo, especuló Félix.