La disputa entre los farmacéuticos y el Gobierno porteño por el veto a la ley que regula los medicamentos de venta libre vuelve hoy a ponerse en el centro del debate y suma una nueva instancia judicial. La Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) presentó este miércoles un pedido de declaración de inconstitucionalidad ante el Tribunal Superior de Justicia, al considerar que al texto del decreto del veto (670/2011) le falta la firma del ministro de Salud porteño, Jorge Lemus, tal como lo estipula la Constitución de la Ciudad.

Ricardo Aizcorbe, presidente de COFA, señaló que el veto lleva la firma del Jefe de Gobierno, Mauricio Macri, y del jefe de gabinete Horacio Rodriguez Larreta, pero no la del Ministro de Salud, Jorge Daniel Lemus. “El artículo 101 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece que cada Ministro tiene a su cargo el despacho de los asuntos de su competencia y refrenda y legaliza los actos del Jefe de Gobierno con su firma, sin lo cual carecen de validez”.

“Macri pasó de vetador serial a violador constitucional. Pretendió engañarnos a todos y vetar una ley sin el respaldo explícito del ministro Lemus, como le exige la Constitución de la Ciudad. Macri no pudo convencer a la Legislatura, ni pudo convencer a su Ministro, entonces intentó el engaño de vetar sin las formas que requiere la Constitución. Venimos a plantearle al Tribunal que declare la inconstitucionalidad y, como lógica consecuencia, que la ley de adhesión quede promulgada de hecho”, agregó el farmacéutico.

La ley en cuestión fue sancionada por la legislatura porteña el 17 de noviembre. Es una ley de un solo artículo que adhiere a otra norma nacional que establece que la preparación de recetas, la dispensa de drogas, medicamentos, incluidos los denominados de venta libre y de especialidades farmacéuticas, cualquiera sea su condición de expendio, sólo podrán ser efectuadas en todo el territorio de la Nación, en farmacias habilitadas.

En el texto de la presentación judicial, se argumenta que el veto viola los artículos 100 y 101 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y de los artículos 5º, 7º apartado b inciso 3º y 19 de la Ley de Ministerios, y por ende debe ser declarado inválido.