En el inicio de un año electoral, Mauricio Macri busca que su Gobierno mantenga como prioridad en su agenda el combate de la inseguridad. Luego de respaldar públicamente su intención de bajar la edad de imputabilidad y de endurecer la política migratoria como parte de un paquete de medidas que considera fundamentales para luchar contra el delito, el Presidente firmará en las próximas horas el decreto con el que, tal como adelantó Clarín días atrás, creará la “Comisión para la Reforma del Código Penal”, que se encargará de elaborar un proyecto para cambiar el vigente.

Una vez que el decreto salga publicado en el Boletín Oficial -se estima esta semana- y la Comisión entre en funcionamiento, contará con el plazo de “un año” para confeccionar el proyecto.

¿Por qué un año? El Gobierno no quiere que el proyecto quede sujeto a los tironeos de la campaña. Poner una fecha límite tiene que ver con eso, dicen: la oposición no podrá objetar que el macrismo no quiere avanzar con la iniciativa y tendrá menos margen para acelerar su tratamiento, como ya ocurrió -por ejemplo- con el Régimen Penal Juvenil. Asimismo, el plazo resulta razonable, añaden los funcionarios, para depurar el vigente: el nuevo Código Penal deberá contemplar en un solo texto los más de 900 parches que tiene el actual, sancionado hace casi un siglo. Esto es: modificaciones a través de leyes y decretos-ley. “Queremos devolverle al proyecto el sentido 'educativo'”, explicaron en el Gobierno.

“Se han hecho un millar de reformas. Semejante cantidad de modificaciones a lo largo de casi un siglo han hecho mella en la coherencia original interna del Código”, argumenta el texto del decreto -al que accedió Clarín- que prepararon entre el ministro de Justicia Germán Garavano y el secretario Legal y Técnico Pablo Clusellas.

Además de ajustar las escalas penales, para evitar que un delito pueda prever penas muy diversas -el homicidio simple, por ejemplo, de 8 a 25 años de prisión-, el Gobierno quiere que se haga foco en “la persecución del terrorismo y del narcotráfico”, acorde al contexto nacional e internacional. Y también endurecer las penas para los casos de corrupción. "Tienen penas muy bajas: enriquecimiento ilicito, cohecho, negociaciones incompatibles (1 a 6 años), malversación de caudales públicos (1 mes a 3 años). Y también hay que ajustar las escalas de trata de personas y lavado de activos”, justifican en Justicia. En tiempos en que ex funcionarios desfilan por Comodoro Py, seguramente este va a ser un elemento más de polémica.

Para evitar que el Frente Renovador saque “ventaja”, el Gobierno instruirá a la comisión a “tener en cuenta” otros proyectos de reforma del Código, incluido “el elaborado por el diputado nacional Sergio Tomás Massa”. La idea es que esto quede explicitado en el decreto.

¿Quién conformarán la comisión?

En otro guiño a la Justicia, el Gobierno decidió que la comisión sea presidida por el juez de la Cámara de Casación Penal Mariano Borinsky. Y si no surgen cambios de último momento estará integrada por otros doce juristas y especialistas: el ex ministro de Justicia bonaerense Carlos Mahiques, el juez de la Corte Suprema de Santa Fe Daniel Erbetta; el juez de la Cámara del Crimen de Córdoba Víctor Vélez; Patricia Llerena, jueza del Tribunal Oral en lo Criminal de la Capital Federal, el procurador salteño Pablo López Viñals, el fiscal Pablo Turano, el camarista Guillermo Yacobucci, Fernando Córdoba (cercano al ex procurador Esteban Righi); Patricia Ziffer, secretaria letrada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; y Carlos González Guerra, director de Política Criminal del Ministerio de Justicia.

Este último no será el único representante del Gobierno ya que también se sumarán un emisario de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y otro del Ministerio de Desarrollo Social que conduce Carolina Stanley.

Como anticipó este diario, no tendrá lugar el ex ministro de la Corte Eugenio Raúl Zaffaroni, aunque la comisión “podrá citar a especialistas” para exponer cuando se reúna.